En el plano internacional, la gobernanza ambiental ha emergido desde distintos ámbitos, por ejemplo, en la resolución 66/288 de la ONU de fecha 11 de Septiembre de 2011 denominada “el futuro que queremos” se ha dispuesto en el principio 10 que la democracia, la buena gobernanza y el estado de derecho, son esenciales para el desarrollo sostenible, incluido el crecimiento económico sostenido e inclusivo, el desarrollo social, la protección del medio ambiente y la erradicación de la pobreza y el hambre, por lo que se reafirma que para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, se requiere de instituciones de todos los niveles que sean eficaces, transparentes, responsables y democráticas. De igual forma, el principio 76 de la citada resolución, establece que para garantizar el avance del desarrollo sostenible es fundamental que la gobernanza local, subnacional, nacional, regional y mundial, sea eficaz y represente las opiniones y los intereses de todos, por lo que el fortalecimiento y la reforma del marco institucional para el desarrollo sostenible no deben ser un fin sino un medio para lograrlo. En este sentido, la palabra gobernanza fue acuñada en la década de 1990 en el mundo anglosajón para identificar la manera o proceso bajo la cual, los gobiernos habrían de tomar decisiones o ejercer su autoridad en la esfera pública. Opuesta a la noción de gobierno —la acción o el efecto de gobernar— desde un inicio, la gobernanza puso el énfasis en el cómo gobernar. De acuerdo con Jorge Laguna Celis, el concepto gobernanza ambiental es utilizado por el Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente desde el año 2000, con este término, se pretende facilitar la comprensión de las diversas y complejas aristas que se esconden detrás del marco institucional, incluyendo formas de organización, reglas y procedimientos entre otros. Trasladado a la esfera de la política ambiental internacional, el concepto ha sido utilizado de manera recurrente como un término esencialmente operativo para definir el proceso por el cual es deseable administrar con mayor eficiencia las estructuras existentes para el manejo de los asuntos ambientales, de tal suerte, Laguna Celis afirma que la gobernanza aplicada a los temas ambientales se explica por la interdependencia de los desafíos medioambientales; la arquitectura institucional del régimen de gestión ambiental mundial marcada por la coexistencia de diversas instituciones con mandatos equivalentes y, la multiplicidad de actores estatales y no estatales involucrados en la toma de decisiones. Para Judith Domínguez Serrano, los cambios ambientales experimentados a nivel global requieren de formas de participación ciudadana más amplias, y un replanteamiento de las formas tradicionales de pensar los conceptos de soberanía, democracia y Estado. Refiriéndose a los países de Europa, Domínguez afirma que éstos han hecho eco a la expresión de gobernanza ambiental, en la que no se plantean nuevas instituciones internacionales, sino una nueva forma de abordar los problemas ambientales, inclusiva, con nociones de justicia ambiental, intra e intergeneracional, en donde el Estado modifica sus roles de intervención pública para pasar a ser promotor y rector de las acciones para proteger el medio ambiente y revertir los procesos de degradación. En este contexto, defino a la gobernanza ambiental como el alto nivel de gestión emprendida por el gobierno, con el propósito de superar los retos ambientales más emergentes, partiendo de la incidencia ciudadana efectiva, traducida en la construcción de políticas públicas acordes a lograr la sostenibilidad del desarrollo y el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos inherentes con al ambiente, por lo que partiendo de esta premisa, el gobierno de Alejandro Tello, debería estar trabajando a través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, en la edificación del Programa de Gobernanza Ambiental para Zacatecas, instrumento que aglutine un diagnóstico general de los retos ambientales emergentes para priorizar de manera efectiva, las estrategias y acciones estructuradas con el respaldo de la ciudadanía y que contribuyan a elaborar la gran táctica gubernamental orientada a: 1. La generación del Programa Estatal de Protección al Ambiente. 2. La elaboración del Programa Estatal Hídrico. 3. La formulación de la Estrategia Zacatecas contra el Cambio Climático. 4. La presentación del Programa Regional contra la Sequía. 5. La consolidación del Programa Estatal de Derechos Humanos y Justicia Ambiental. Para lograr lo anterior, el sector ambiental debería ser convocado tanto en la esfera local como federal, además de formar un colectivo de expertos integrados en un Consejo Consultivo de Especialistas Ambientales que brinden asesoría y complementen desde lo científico y técnico, las políticas públicas emanadas desde el gobierno. En estos parámetros, estaríamos ante la presencia de una genuina gobernanza ambiental y, Zacatecas sería un buen ejemplo a nivel nacional, de lo que puede hacerse tomando en cuenta a la población ante los bajos perfiles que han surgido para ocupar cargos importantes en el sector ambiental. Ojalá. ■
*Integrante del Consejo Mundial para la
Defensa de los Derechos Humanos
