15.3 C
Zacatecas
jueves, 28 marzo, 2024
spot_img

Corrupción: la impunidad judicial y el castigo social

Más Leídas

- Publicidad -

Por: LUCÍA MEDINA SUÁREZ DEL REAL •

En México –frecuentemente gracias al buen periodismo- hemos visto una y mil veces escándalos de corrupción que debilitan en lo político, pero que rara vez llegan a encarcelaciones y en muchas ocasiones no ameritan siquiera una investigación judicial seria.

- Publicidad -

Tan acostumbrados a la impunidad, que damos por hecho que esto es así en todo el mundo. Sin embargo, en Guatemala por ejemplo, su ex presidente Otto Pérez Molina enfrenta procesos judiciales por corrupción; en España se ha sentado en el banquillo de los acusados hasta a la infanta Cristina, hermana del Rey Felipe, y aunque salió exonerada, perdió algunos privilegios y tendrá a su marido en prisión durante seis años. En Brasil lo mismo se ha investigado a Dilma Roussef, que a Eduardo Cunha, responsable de la caída de la llamada “Juana de Arco de la guerrilla”.

En México mientras tanto nos conformamos con que se investigue a los colaboradores de quienes encabezan las ignominiosas listas de corrupción, quienes habitualmente pagan por ser prestanombres y abajo firmantes de los que se llevan la mayor tajada a cambio de las migajas suficientes que hagan sentir que los corruptos “roban pero comparten”.

Si bien nos va y el tablero político lo permite, los corruptos son perseguidos una vez que termina el periodo para el que fueron electos. Pese a las muchas denuncias, a los señalamientos por corrupción, por desapariciones y homicidios, es hasta ahora que Javier Duarte se ha convertido en el villano favorito, y los mismos que antes lo arropaban hoy pretenden endilgarlo a los adversarios.

César Duarte, quien hace unos meses era el respetable gobernador de Chihuahua, hoy es un fugitivo de la Interpol que ya emitió la ficha roja en su búsqueda.

Ciertamente hemos tenido relevantes figuras de la política tras la tejas, pero independientemente de su inocencia o culpabilidad, han caído ahí debido a razones políticas.

Es innegable que la permanencia de Raúl Salinas de Gortari en la cárcel acusado de haber asesinado a su cuñado, obedecía más a la necesidad de tener un chivo expiatorio de la situación de desastre en la que dejó su hermano Carlos el país, más que a la evidencia de corrupción y enriquecimiento ilícito que había en su contra, misma que fue descartada en un proceso legal.

Como él, cayó en desgracia la líder sindical Elba Esther Gordillo, a quien la prisión alcanzó justo cuando Enrique Peña Nieto llegó al poder con una fuerte necesidad de dar un quinazo que lo legitimara, y en vísperas de establecer la Reforma Educativa que tanto enojo provocó en el magisterio.

En ocasiones, los procesos judiciales que ponen tras las rejas a los corruptos se originan en otros países. A Tomas Yarrington ex gobernador de Tamaulipas le llegaron las acusaciones de narcotráfico desde Estados Unidos; de igual forma le sucedió a Edgar Veytia Camber, fiscal de Nayarit que fue detenido en el país vecino mientras aquí tenía acceso a reuniones estratégicas de seguridad.

Pero para muchos de ellos no hay sitio más seguro que casa, por eso Humberto Moreira padeció en España el temor de ser encarcelado, pero de regreso en México tiene la posibilidad de ser diputado a través de las urnas.

A veces ni siquiera se necesita mucho poder, basta tener mucho dinero, como Diego Cruz, el Porky a quien se procesa por la violación tumultuaria de una menor de edad, y que recibió un amparo de un juez mexicano luego que fuera extraditado desde España.

La noticia sorprendió a la sociedad mexicana y a los medios internacionales, pues no resulta inaudito que se le conceda ese beneficio a quien confesó a cámara y frente a sus padres, haber agredido a una menor de edad.

En contraparte, la “justicia” se ensaña con gente como Jacinta, mujer indígena que fue acusada de secuestrar a seis agentes federales. También con el doctor Mireles, preso por haber iniciado un grupo de autodefensa que hizo frente a los grupos delictivos de Michoacán, pero más que por eso, por negarse a abandonar las armas y sujetarse al gobierno federal, que fue “benevolente” con quienes habían pertenecido a los grupos de narcotraficantes que Mireles buscó combatir.

En todo este escenario plagado de complicidad e impunidad, en el que hemos carecido de un sistema real que castigue a quienes delinquen, las organizaciones sociales, los activistas y el periodismo crítico han sido un contrapeso importantísimo para desnudar a los que aparentemente son intocables.

Han sido estos esfuerzos los sistemas anticorrupción ciudadano que más efectivos han tenido hasta ahora, y muy probablemente lo seguirán siendo pese a la expectativa de que los sistemas de corrupción puedan abonar en algo a combatir la impunidad que hasta ahora reina.

Son por ahora, y mientras estos sistemas no demuestren su eficacia, una de las más certeras apuestas para quienes pretenden castigar a los corruptos. Habrá que convertirlas en una palanca para que esto se convierta en algo más que exhibiciones que caen al olvido en este país de desmemoriados en el que unos años de fuera de la foto bastan para volver a los cargos públicos desde donde se había saqueado antes al erario. ■

 

- Publicidad -
Artículo anterior
Artículo siguiente

Noticias Recomendadas

Últimas Noticias

- Publicidad -
- Publicidad -