■ Los dictámenes finales los emitirán órganos de control externos y serán imparciales, dice
■ La Universidad está en proceso de conformar una Contraloría Social, explica
La Universidad Autónoma de Zacatecas está en proceso de conformar una contraloría social que podría concretarse tras el periodo vacacional, dijo el Rector Antonio Guzmán Fernández.
“Mi postura es que abramos la UAZ, mi planteamiento es que todos los recursos públicos que ingresan a la Universidad sean auditables, que se verifique en qué se están gastando”, agregó sobre la próxima reunión que tendrá la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana (Anuies).
El tema de la citada reunión serán las auditorías a las casas de estudios de nivel superior en el país y fue anunciado por la presidenta de la comisión legislativa la diputada Hortensia Aragón Castillo en su reciente vista a Zacatecas.
Guzmán Fernández aseveró que en este momento la Máxima Casa de Estudios en el estado se encuentra en un proceso de permanentes auditorías.
“Yo creo que somos la institución más auditada en el estado”, cuyos dictámenes finales los emitirán órganos de control externos a la UAZ, por lo que dijo, serán imparciales.
“Es la única forma en que te puedes ganar la confianza de la misma sociedad. Nosotros lo que estamos trabajando, y de hecho nos hemos metido en ese proceso, es armar una contraloría social. Necesitamos darle vista a todos los sectores de la sociedad para que vean cómo se está ejerciendo el recurso público en la UAZ”.
Comentó que no hay problema en trasparentar el ejercicio de los recursos que administra la institución, “no nos alcanza”, y puede por tanto exhibir cuánto se destina a nómina, gastos de operación, seguridad social y prestaciones.
Guzmán Fernández puntualizó sobre el caso de Edmundo Sifuentes, secretario de Administración de la UAZ con licencia, quien se encuentra solventando ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una serie de observaciones hechas por el órgano de control a convenios celebrados entre la casa de estudios y dependencias federales, que está por presentar el último informe al respecto “y vendría el dictamen final” por parte de la ASF.
El tiempo para comprobar y solventar las observaciones dado por el órgano de control fue de 120 días contados a partir de la notificación que tuvo verificativo el pasado mes de febrero, precisó.
Dijo que lo que corresponde a la administración central es ir solventando “todos procesos” también y licitar vía Compranet las compras y obras en que la UAZ ejerce recursos.
“Ustedes se pueden meter a la página del Diario Oficial de la Federación (DOF), de los recursos que corresponden a la UAZ se están ejerciendo en licitaciones públicas nacionales. Hay proyectos muy específicos, bolsas muy específicas que te determinan en qué te tienes que gastar el recurso y que lo tienes que ir ejerciendo de acuerdo a esas reglas”, expuso.
Observó que frente a la escasez de recursos, las universidades “viven mucho” de los convenios que celebran con diferentes sectores públicos y empresas privadas, por lo que “sí tienen que revisarlos para que no se nos vayan de las manos (…) Lo que sí tenemos que cuidar efectivamente es que todo lo que viene programado se concluya y sea en beneficio para la comunidad”.
Respecto de la instalación de una contraloría social en la UAZ manifestó que ya se trabaja en ello. “Estamos trabajando equivalentes de diferentes sectores, municipio, gobierno, cómo se puede conformar y esperamos que regresando de vacaciones ya tengamos una estructura armada”.
Y sobre los procedimientos en la Contraloría de la institución, observó que se está haciendo el esfuerzo “de que se apeguen a lo establecido en las reglas de operación”.
Antonio Guzmán Fernández respondió a los comentarios de la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en que la legisladora señaló que se habrían incumplido los compromisos acordados el año 2000 por la administración central y los sindicatos, respecto de modificar los contratos colectivos de trabajo para aminorar los gastos de la casa de estudios, “a los contratos colectivos sí se les ha metido mano (…) ya reformaste la jubilación; una serie de prestaciones ya se fan finiquitando para las nuevas generaciones, entonces el margen de modificación a los contratos es mínimo, ya es mínimo”.
Mencionó que lo que viene es un proceso de recuperación de subsidios. “Es decir, en un periodo de cuatro años si tienes un incremento de subsidio de 100 o 150 millones -de pesos-, terminas la administración con 2 mil millones de pesos, pero ya no meterle más carga a la Universidad sino que con el personal que tienes ir atendiendo las necesidades” y abrir opciones pero solo a proyectos específicos muy focalizados.
