El Ejecutivo federal pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar los cuatro impuestos ecológicos creados por el gobierno priísta de Zacatecas, encabezado por Alejandro Tello Cristerna, mismos que han provocado una rebelión de grupos industriales en esa entidad, según dio a conocer el diario Reforma.
Reforma apuntó que «Humberto Castillejos, consejero jurídico del Ejecutivo, presentó el 14 de febrero una controversia constitucional ante la Corte para pedir la invalidez de los Artículos 6 al 36 de la Ley de Hacienda de Zacatecas, así como otras normas relacionadas con los nuevos impuestos».
Agregó que hasta el jueves pasado, la SCJN no había notificado la admisión a trámite de la controversia, cuyo desahogo tomará varios meses.
«Para invalidar cualquiera de los impuestos, será necesario el voto de al menos 8 de los 11 ministros de la Corte», señaló el diario.
La controversia impugna -continúa Reforma– el impuesto «de remediación ambiental por extracción de materiales», que grava con diversas tarifas cada metro cúbico de piedras extraídas durante los procesos mineros, así como otro tributo que aplica 250 pesos por cada tonelada de bióxido de carbono emitido a la atmósfera.
«También se cuestiona el cobro de 25 pesos por cada 100 metros cuadrados ‘afectados por sustancias contaminantes’, y el de 100 pesos por tonelada de residuos almacenados en vertederos públicos o privados.
Zacatecas espera recaudar mil 230 millones de pesos por estos impuestos durante 2017, suscribe el diario.
«Al elegir la controversia como vía de impugnación, el Ejecutivo está alegando que Zacatecas invadió atribuciones exclusivas de la Federación, por crear impuestos que gravan bienes nacionales, y que parecen estar claramente dirigidos a la industria minera.
Zacatecas sostiene que no está gravando la extracción de minerales, que ya está sujeta a múltiples impuestos federales, sino que creó estos tributos con base en facultades que le otorgan las leyes generales de Equilibrio Ecológico y la de Cambio Climático».
Reforma indicó que en dichas leyes, el Congreso federal habilitó a los estados para crear impuestos que incentiven acciones favorables al medio ambiente.
Añadió que varias empresas mineras, el sindicato de ese sector y otras firmas como Grupo Modelo ya promovieron amparos para impugnar estos impuestos, que, afirman, son contrarios a veinte artículos de la Constitución federal.
Empero, «los amparos, en caso de ser concedidos, sólo beneficiarían a quienes los promovieron, mientras que el fallo de la Corte en la controversia tendría efectos generales».
Finalizó sosteniendo que las empresas que soliciten una suspensión para no pagar los impuestos mientras litigan, de todos modos, tendrán que presentar a la Secretaría de Finanzas de Zacatecas una garantía por el monto que les correspondería tributar.
