■ La demanda colectiva se erigirá contra EPN, secretarías y las Cámaras Alta y Baja
■ La SCJN tiene la gran responsabilidad de responderle al pueblo de México: Zamora
Un grupo de abogados encabezado por Miguel Agustín Zamora Barrón, quien desde 1994 se ha involucrado en movimientos sociales y la representación legal de defraudados de la banca, entre ellos los de la Unicrer y cajas de ahorro, abrió las puertas de su bufete para “aportarle a la sociedad lo que podemos hacer”, ofreciendo a la ciudadanía sumarse al amparo colectivo contra el gasolinazo que este miércoles a las 13 horas será presentado en los juzgados de Distrito.
Para ello puso a disposición su oficina ubicada en avenida Rayón #312 en el Centro Histórico de Zacatecas en horario de las 10 a las 18 horas.
El también docente en la Unidad Académica de Derecho de la UAZ observó sobre el tema del gasolinazo y sus efectos de escalada de precios, que “se está menospreciando al pueblo de México, pues no se dan cuenta que día con día -su inconformidad- seguirá creciendo si no se da marcha atrás a la Reforma Energética y otras impulsadas por el señor Enrique Peña Nieto”, a quien dijo, no le puede llamar Presidente de México, pues no representa los intereses nacionales sino los extranjeros.
La demanda de amparo colectiva se erigirá contra el propio Presidente de la República, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, las cámaras de Diputados y Senadores y la Comisión Reguladora de Precios Energéticos.
Comentó que durante días previos los abogados involucrados, entre ellos, Greicy Sandoval Hernández, estuvieron trabajando en la redacción del amparo utilizando también los documentos que al respecto han sido difundidos en redes sociales, para a partir de ayer, recibir firmas de la ciudadanía que quisiera suscribirlo.
“No es un amparo más, aquí va de por medio la estabilidad económica, individual y familiar de los mexicanos, y qué bueno que en cada lugar se estén presentando no uno, cien, cientos o miles”, dijo Zamora Barrón.
El abogado sostiene que a los mexicanos afectados por el gasolinazo les asiste la razón jurídica y de justicia social; refirió que hay principios en el derecho que señalan ante la contraposición de las normas jurídicas y la justicia, que los jueces deben optar por esta última.
“En ese sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene esa gran responsabilidad ahorita, de responderle al pueblo de México”.
El amparo va contra la desregularización de precios de los combustibles que derivó de la reforma a la Ley de Ingresos aprobada el 15 de noviembre de 2016, misma que entró en vigor el primero de enero del año en curso.
Con ella dijo, “se parte al país” y se divide a los mexicanos aún más en categorías, pues solo en el territorio de Zacatecas se proponen distintas zonas con precios diferenciados de la gasolina sin justificación técnica respecto de la proporcionalidad a que deben atender los principios fiscales, hecho que contraviene al artículo 18 y otras disposiciones constitucionales, atentando contra los derechos humanos.
Observó sobre aquélla que refiere que el salario debe satisfacer las necesidades personales y familiares, que actualmente se expresa como “una gran mentira”, pues en México hemos tenido “muy malos gobernantes” que no han sido nacionalistas sino entreguistas de las riquezas del país al capital extranjero.
“No es posible que en el vecino país del norte la hora laboral se pague a nueve dólares, cantidad con la que se cubren dos jornadas de salario mínimo en México. No es creíble, y no lo es tampoco que nos vendan el argumento de que la gasolina elevó su precio a nivel internacional y por tanto debe de aplicarse aquí el incremento. La pregunta es, si los salarios internacionales también están por arriba del nuestro ¿por qué ese incremento no nos lo aplican?”.
Miguel Agustín Zamora consideró que las medidas que se han decidido desde el gobierno y que encarecen ya los alimentos de la población pueden sustentar asimismo una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “porque esto puede ser equiparable a un genocidio”, al observar que se encuentran en condición de pobreza extrema más de 60 millones de mexicanos que verán deteriorado su nivel de vida aún más, cada día que transcurra.
Propuso esta coyuntura como una oportunidad para la ciudadanía “de despertar, de salir a las calles y que tomemos las acciones que tengamos qué hacer porque legalmente y humanamente nuestra propia Constitución así nos lo autoriza al señalar que el poder reside originariamente en pueblo y que éste tiene la facultad de cambiarlo cuando así le convenga”, hecho que se actualiza “porque no nos han dado resultados”.
Zamora Barrón precisó que el plazo fatal para interponer amparos ante la justicia federal por el tema de los gasolinazos se cumple luego que transcurran 30 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la Ley de Ingresos del 2017, esto es, a partir del pasado primero de enero.
Anunció que el miércoles de la próxima semana el mismo bufete abrirá nuevamente sus puertas a partir de las 10 y hasta las 18 horas, para recibir firmas que sustenten otro amparo colectivo contra la citada ley, procedimiento que como el que se desarrolló ayer, no tendrá ningún costo para los ciudadanos interesados en hacerlo.
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