■ Ahí se asienta Frisco, desarrollo minero de Carlos Slim, que pretende la extracción a tajo abierto
■ Dos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado acudieron al lugar
■ Los trabajadores no corren riesgo aún con la existencia de una falla geológica: STPS
Juan José Ibarra Rocha perdió hace cuatro meses la pierna y brazo derechos cuando trabajaba en la mina Tayahua SA de CV, propiedad de Carlos Slim. La zona donde se le ordenó trabajar había sido acordonada como aviso de su inseguridad, sin apercibírsele, se adentró al lugar donde fue víctima de un derrumbe, relató.
Este 23 de diciembre tenía cita en el IMSS de Saltillo, Coahuila a la que no llegó porque temía abandonar su casa, luego que irrumpieron en Salaverna, comunidad de Mazapil, Zacatecas donde vive con su familia, efectivos policiacos que amenazaban con desalojar a los habitantes y derribar sus casas, presuntamente, para resguardar su seguridad por la existencia de una falla geológica.
Como preámbulos y con ayuda de maquinaria pesada, los primeros inmuebles en caer fueron la escuela y la iglesia del lugar, ya en ruinas amén de resistir las detonaciones que realiza diariamente la empresa extractiva, la casa de Ibarra Rocha no resultó afectada, pues su esposa logró cerrar la cancelería.
Ante las amenazas el hijo menor de ambos manifestó su enojo señalando los actos como producto de la corrupción, recibió en respuesta una cachetada de un efectivo policiaco.
Poco después de las 20 horas la Policía Estatal permitió el acceso a la comunidad de Salaverna. Con el hecho parecía terminar una jornada de tensión que dejó relatos de puertas vencidas a patadas por la policía, y órdenes de sacar las pertenencias que obedecieron las mujeres de la comunidad, quienes quedaron aisladas junto con niños y viejos durante alrededor de 12 horas.
El bloqueo a Salaverna sólo fue flexibilizado para permitir el ingreso, luego de mucha insistencia, y alrededor de las 16:30 horas, de un fotoperiodista, Miguel Ángel Núñez de La Jornada Zacatecas, representantes legales de una parte de los afectados y dos integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ), así como una familia que fue víctima de despojo.
Abajo en el entronque de la carretera que es el principal acceso, desde temprano empezaron a concentrarse los hombres reclamando saber qué sucedía, familiares y personas que bajaron de Salaverna para hacer alguna diligencia por la mañana, pero a las que ya no se les dejó volver.
Las noticias, que llegaban a cuentagotas por la mala señal que hay en la zona para la comunicación con celulares, informaban del derrumbe de viviendas con las pertenencias de los propietarios dentro, a lo que se sumaba la incertidumbre de saber si la propia ya había sido demolida con bulldozers.
Alrededor de las 15:30 horas bajó un camión tipo plataforma con enseres domésticos, colchones, sillas, sillones y herramienta, de una familia.
A Leticia Mendoza Cárdenas y a su madre Teresa, les derrumbaron las viviendas y su hija fue agredida a empujones por la policía; su mudanza forzada habría de quedarse todo el día sin poder salir o volver, pues también lo informó un comandante policiaco, este Ministerial adscrito a Concepción del Oro, las órdenes de ellos eran no permitir que las pertenencias fueran devueltas a Salaverna, mientras que los habitantes apostados en el entronque impidieron su salida, en reclamo de que se les mostrara una orden judicial que sustentara el acto.
El documento legal nunca fue mostrado por ninguno de quienes argumentaban recibir órdenes para realizar el desalojo, sólo fue presentado un texto firmado por el director de Protección Civil, Juan Antonio Caldera Alaníz, cuyo último párrafo señalaba que las personas a las que presuntamente se quería proteger de los efectos de una falla geológica sobre la que se asientan sus casas, podían permanecer en las mismas bajo su propio riesgo, condición a la que manifestaron adherirse plenamente los afectados.
A la indignación fue sumándose el reclamo de saber quién dio las órdenes para realizar los desalojos y derrumbes de viviendas sin la orden de un juez o un agente del Ministerio Publico con las que coadyuvaron elementos de las policías Estatal y Ministerial, alguien ofreció el nombre de Raquel Ortiz, a quien se identificó como coordinadora de asesores de la secretaria de Gobierno.
La funcionaria anunció a un subalterno vía telefónica, que bajaría a hablar con la gente de Salaverna y la prensa, pero no sucedió; tras la espera, fue que se hizo presión para que subiera la comitiva integrada por Leticia Mendoza, sus abogados, la prensa y la CDHEZ, que regresó con la noticia de que Raquel Ortiz había eludido hablar con ellos.
Ante las noticias de que la funcionaria pretendía salir de la comunidad sin dialogar con las personas afectadas, la gente se organizó para bloquear las tres posibles salidas con vehículos.
Ya alrededor de las 19 horas cundió la información de que había sido dada la orden a las policías para su retiro del lugar.
Poco después de las 20 horas, el comandante Tormenta, quien encabezaba a los efectivos de la Policía Estatal, informó haber recibido la orden de permitir el acceso libre a Salaverna y anunció que sus elementos permanecerían en el entronque carretero, presuntamente para resguardar los muebles y enseres de esa mudanza que quedó en vilo en el camino.
La presunta existencia de una falla geológica en Salaverna ha sido denunciada por sus habitantes como un pretexto para despojarlos de tierras que han habitado por generaciones y en las que se asienta de forma subterránea el desarrollo minero de Carlos Slim, Frisco, SA de CV.
La empresa pretende modificar la modalidad de la extracción de subterránea a tajo abierto, por ello denuncian los habitantes de Salaverna, ha emprendido acciones en su contra que califican de “terroristas”, entre otras las detonaciones que han afectado sus viviendas y que se realizan diariamente.
Al respecto, el delegado en la entidad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Adolfo Yáñez Rodríguez, informó a este medio que las actividades de la minera se realizan con normalidad y aseveró que los trabajadores no corren riesgo aún con la existencia de la citada falla geológica, cuyo estudio técnico no obstante, dijo desconocer.
Ayer las personas afectadas denunciaban el contubernio que aseguran existe entre Gobierno del Estado y la empresa extractiva, pues denuncian que actos como los ocurridos, exhiben que Tello optó por defender los intereses del negocio de Slim y no a los habitantes del lugar, quienes tampoco recibieron la visita del presidente municipal de Mazapil, quien soló envió a su encargado de minas, César Nava.
