El formato de las cuentas públicas ha pasado a ser una vacilada. Cero efectos y total control del Poder Ejecutivo sobre la Legislatura. Evidente la negociación entre fracciones partidarias para que aprueben las cuentas de los unos y los otros. Todos salen librados y nada pasa. Algunas observaciones de la Auditoria Superior del Estado (ASE) al gobierno son superadas por la voluntad política de la fracciones parlamentarias. Y en el caso de las más recientes cuentas, donde entran las de municipios de diferentes colores partidarios, ocurre lo esperado: las aprueban por absoluto consenso. Todos de acuerdo. La revisión de los resultados y mecanismos del gasto público está sujeta a la negociación política. Es decir, no es objetiva.
El diseño de la separación de poderes supone la exigencia de que el Poder Legislativo revisa al Ejecutivo, bajo el supuesto de que son diferentes poderes y, por ello, habrá objetividad en el escrutinio y la observación. Pues no es así. Y lo que impide que así sea, es la común pertenencia al mismo partido político de los agentes del Poder Ejecutivo y del Legislativo y su sometimiento a la disciplina partidista. Y dicha pertenencia partidaria es el dispositivo mediante el cual se derrumba la separación de poderes. Las lealtades son extra-parlamentarias y obedecen a formas políticas no previstas por la ley. Para que exista verdadera y objetiva revisión de cuentas no debe haber relaciones de lealtad entre el poder revisado y el que revisa. Pero la lealtad existe por vía político partidaria indirecta, no por medios institucionales directos. Mientras esto no se modifique, la aprobación de las cuentas públicas será un teatro en el Legislativo. Y como es poco probable que se pueda hacer la separación partidaria entre los poderes, es decir, que no haya la común militancia entre legisladores y gobernantes, entonces deberemos optar por otras vías. Como es el caso de órganos ciudadanos no-partidarios que hagan la revisión bajo criterios e indicadores lo más objetivos posible. Y aun así es dudosa la efectividad, por la experiencia de órganos ciudadanos (como el INE) que sufrieron una partidización fáctica. Así, que la solución no es sencilla.
Lo cierto es que por ahora, todas las irregularidades que pudieron cometerse han quedado salvadas. La impunidad ya es masiva, en paquete y democratizada (para todos los partidos). En años pasados se pudieron proteger los malos manejos administrativos por la inexistencia de la Ley de Responsabilidades gracias a una argucia legal que argumentaba la falta de la firma de Hiriartt Estrada. Ahora fue la estricta negociación política. ¿Y así será en los próximos años? ¿El saqueo seguirá al infinito? Ahora mismo había razonable presunción de responsabilidades por inflar artificialmente precios y costos de terrenos y servicios adquiridos, y ya quedaron borrados. No es gratuito que 100 por ciento de los casos de corrupción hayan sido sacados a la luz por medios de comunicación, y ninguno por los órganos oficiales de vigilancia. Estamos ante el fracaso institucional de rendición de cuentas. Y con pocas expectativas reales de que esto pueda cambiar en los próximos años. A menos que irrumpa una presencia ciudadana activa en el tema.
