El pasado 18 de julio, después de un complejo proceso legislativo, fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas y leyes secundarias que integran el Sistema Nacional Anticorrupción. Si bien la atención pública se centró principalmente en las nuevas normas relacionadas con la obligación de los servidores públicos para realizar sus declaraciones, la llamada Ley 3 de 3, y en las discrepancias que sobre el tema tuvieron los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión, la realidad es que el nuevo marco jurídico de combate a la corrupción es mucho más robusto y completo. El Poder Legislativo logró integrar y aprobar una reforma con especial énfasis en la manera de perseguir y sancionar conductas constitutivas de actos de corrupción.
Pieza medular del Sistema Nacional Anticorrupción lo constituye el nuevo marco jurídico para combatir y sancionar en los tres niveles de gobierno el fenómeno de la corrupción. Con esta premisa es que desde la reforma constitucional se mandató la creación de una fiscalía específica que investigue, prevenga y conozca de delitos en materia de corrupción.
La propuesta de crear una fiscalía especializada con atribuciones específicas, resulta relevante ante la evidencia existente en diversos estudios como el realizado por el Instituto Mexicano de la Competitividad en el que se destaca, por ejemplo, que sólo el 2% de los delitos cometidos por servidores públicos derivaron en penas privativas de la libertad y que entre 2000 y 2013, pese a existir diversos procesos judiciales en contra de 63 gobernadores, sólo 16 fueron investigados y 4 procesados. Lo anterior, sin duda, da muestra de la deficiencia institucional y legal que ha existido para perseguir y sancionar la corrupción en nuestro país.
De acuerdo a las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la nueva Fiscalía Especializada en delitos relacionados con hechos de corrupción tendrá autonomía técnica y operativa para el ejercicio de sus funciones, contará con unidades regionales en todo el país y con Agentes del Ministerio Público especializados.
Para ser titular de la Fiscalía se deberá ser mexicano por nacimiento, tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designación, contar con título profesional de licenciado en derecho con una antigüedad de diez años, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. El fiscal será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a convocatoria abierta, la cual deberá realizarse atendiendo a la máxima publicidad y transparencia.
Algunas de las atribuciones de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción son:
• Participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción.
• Diseñar e implementar estrategias y líneas de acción para combatir los delitos en materia de corrupción.
• Diseñar, elaborar e implementar programas de prevención de delitos en materia de corrupción.
• Instrumentar mecanismos de coordinación con otras autoridades para la elaboración de estrategias y programas tendientes a prevenir y combatir la comisión de delitos en materia de corrupción.
• Presentar anualmente ante el Senado de la República un Informe de las actividades realizadas y compartirlo con los integrantes del Comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.
• Fortalecer e implementar mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades de los tres niveles de gobierno para la investigación de delitos en materia de corrupción.
• Diseñar e implementar proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de delitos en materia de corrupción.
• Coadyuvar con otras áreas competentes de la Procuraduría en el desarrollo de herramientas de inteligencia para conocer la evolución de las actividades relacionadas con los delitos de corrupción y medir su riesgo regional y sectorial.
• Conducir la investigación para la obtención de indicios o pruebas vinculadas a hechos de corrupción.
• Ordenar el aseguramiento, decomiso o promover la extinción de dominio, según corresponda, de bienes propiedad del o de los imputados o sentenciados, así como de aquellos respecto de los cuales se conduzcan como dueños, cuyo valor equivalga a dicho producto en caso de que este se vincule con los hechos de corrupción, en los términos de la legislación aplicable.
Con estas nuevas reformas aprobadas por el Congreso es claro que el tema de combate a la corrupción es de la más alta importancia, y pese a sus críticos, nadie puede negar que se ha dado un salto importante en cuanto al marco jurídico para combatir estas prácticas tan dañinas para nuestro país. Sin duda aún falta ver la implementación y puesta en marcha de este nuevo marco legal, pero considero que debemos ser optimistas y dar un voto de confianza.
El reto para las entidades no es menor, ya que tendrán que alinear sus marcos jurídicos a las leyes nacionales. En el caso de Zacatecas, el gobernador electo, Alejandro Tello Cristerna, ha expresado en distintos medios de comunicación que una de sus primeras acciones después de su toma de protesta será presentar al Congreso del Estado su propia reforma anticorrupción alineada con la reforma federal.
Esto sin duda son buenas noticias. Durante su campaña a la gubernatura de Zacatecas, Alejandro Tello presentó un bosquejo de lo que será el Sistema Estatal Anticorrupción, el cual está alineado a los objetivos de la reforma federal. El gobernador electo conoce perfectamente de qué trata esta materia, pues recordemos que como senador de la República le tocó aprobar la reforma constitucional en esta materia.
En la armonización de las leyes locales no debe ni puede haber inventos u ocurrencias, ni desvirtuar el sentido de la reforma federal en aras de lograr un modelo original o por intereses personales, ello resulta peligroso, ahí están los casos de Veracruz, Quintana Roo o Sonora, en este último para el caso de la fiscalía se optó por crear una sola que conozca de delitos electorales y anticorrupción, lo cual a todas luces es inadecuado y contrario al espíritu del mandato federal.
Si los gobernantes quieren recuperar la confianza ciudadana y la legitimidad de sus gobiernos, es necesario que sin regateos y con todo el respaldo institucional promuevan una adecuada y clara legislación y política contra la corrupción en sus Estados, Alejandro Tello está convencido de ello y más aún ha sido un promotor de este tema desde siempre, no olvidemos que fue de los primeros senadores en presentar su 3 de 3 aun cuando esto no era obligatorio ni se había legislado.
CASAR, María Amparo. México: Anatomía de la Corrupción. Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Mexicano de la Competitividad A.C (IMCO), México, 2015 pág. 57-58
