■ Paramilitares, responsables de los actos de violencia: González
Los elementos de la Policía Estatal y Metropol que resguardaron el Congreso Extraordinario de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el pasado jueves, incurrieron en el delito de omisión (equiparable al abuso de autoridad) al no intervenir en la agresión que protagonizaron paramilitares en contra de maestros.
Así lo afirmó Aquiles González Navarro, ex procurador de Justicia del estado, quien confirmó que los individuos responsables de los actos de violencia contra la disidencia magisterial fueron paramilitares, es decir, personas con adiestramiento militar que pueden ser parte o no de un organismo de seguridad pública.
Explicó que la función de la Policía Estatal es impedir cualquier conato o riña, motivo por el cual estuvieron obligados a intervenir pero no lo hicieron: “cuando hay una riña y no intervienen teniendo la obligación de hacerlo, es un delito de omisión previsto en el Código Penal”.
“Puede ser un baile, unos quince años, un evento sindical, un evento de elecciones o un evento político. Cualquier tipo de evento donde adentro hay una agresión o una riña, la policía debe intervenir y esa es una obligación legal de las policías”, declaró.
Cuestionó que hasta el momento la Procuraduría General de Justicia del Estado no haya comenzado una investigación de oficio sobre lo ocurrido en el Congreso de la sección 34 del SNTE, pues es necesario esclarecer quiénes son las personas que atacaron a los maestros y quién los contrató.
“Debe abrirse una averiguación de oficio porque hubo lesionados e investigar quienes son esos tipos, quién los contrató, y castigar al autor intelectual, los que prepararon el delito y a quienes los ejecutaron”, expresó González Navarro.
Precisó que en los hechos de violencia ocurridos el jueves se observan varios delitos: lesiones y coautoría (entre quienes contrataron, quienes prepararon la agresión y quienes ejecutaron el delito).
Desde su punto de vista, es evidente que el responsable de ejecutar ese acto de violencia fue un grupo de choque de corte paramilitar, pero también hay un autor intelectual que debe investigarse, lo cual no es difícil indagar.
Manifestó que la investigación del caso le corresponde a la procuradora Leticia Soto, porque los paramilitares pueden ser integrantes de algún organismo de seguridad a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública o de alguna otra dependencia de Gobierno del Estado. Es decir, “es la procuradora la que debe informar eso. Una vez cometido el delito a la procuraduría es a la que le corresponde investigar y dar la explicación a la sociedad”.
Sobre el rumor de que fueron los propios policías estatales quienes resguardaron a los agresores cuando estos escaparon del lugar, dijo que, en efecto, es probable “que sean gente de ellos mismos”, por lo que el caso debe investigarse y esclarecerse, así como sancionar a los responsables. En caso de haber sido policías estatales, Jesús Pinto, secretario de Seguridad Pública, “entra en el proceder penal”.
“Sin lugar a dudas fue un grupo paramilitar. Por la forma en que actuaron, fue un grupo paramilitar con el distintivo de la vestimenta. Está claro que fue un grupo de choque preparado para agredir con instrucción paramilitar y esa solamente la tienen los militares o ciudadanos que tienen adiestramiento militar”, concluyó González Navarro.
