En la entrevista concedida por Enrique Peña Nieto a Rosa Elvira Vargas del diario La Jornada (23.05.16) se plantea una duda de imposible comprensión.
Dice el presidente: “No he logrado entender cuándo pasó el gobierno a ser culpable” por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal y, habría que agregar, por el homicidio de seis personas aquella trágica noche en Iguala.
Lo que no se puede entender es la duda, sencillamente porque no tendría que existir, carece de motivo. El Gobierno Federal es autoridad en todo el país, es deber suyo dar garantías a las personas para que éstas ejerzan sus derechos y, por tanto, evitar que otras autoridades o individuos las lesionen o les impidan algo en forma indebida.
En Iguala existe una estación de la Policía Federal y todo un batallón del Ejército Mexicano. ¿Qué más fuerza se necesitaría para evitar un tiroteo de más de una hora y un levantón de las dimensiones de las de Iguala durante la noche del 26 de septiembre de 2015?
Nadie ha dicho que el Gobierno Federal es el único responsable. También lo fueron los gobiernos de Guerrero, de Iguala y de Cocula, por lo menos. Pero esos tres han encarado de alguna manera su responsabilidad.
El gobernador renunció a su cargo por presión política. Los presidentes municipales de Iguala (PRD) y de Cocula (PRI) –éste último cuando ya había terminado su gestión– fueron acusados de varios delitos y encarcelados.
Un debate se produjo dentro del PRD y no sólo en los medios de comunicación cuando se señaló que Ángel Aguirre tenía responsabilidad política en la tragedia por el sólo hecho de que ésta no había sido un acontecimiento precisamente espontáneo sino que se inició con la salida de los estudiantes de Tixtla, su llegada a Iguala y el intento de abandono de esa ciudad, todo lo cual fue monitoreado por la autoridad de Guerrero o, si no lo fue, es peor, debió haberlo sido. No hay duda respecto de que Aguirre merece ser sometido a juicio político en su Estado.
Fuerzas federales monitorearon el viaje de los normalistas y estaban al tanto de lo que ocurría. Cuando empezaron los disparos por parte de la policía municipal contra los estudiantes de Ayotzinapa y se inició la hasta ahora inexplicada persecución de los autobuses en los que viajaban, las autoridades federales, tanto como las estatales y municipales, se encontraban al corriente de lo que estaba sucediendo.
Hay una zona gris justamente en aquellos momentos en que unos estudiantes fueron aprehendidos mientras otros lograron escapar. Sobre esto nada se nos dice en forma precisa ni en la verdad histórica ni en la verdad declarada. La primera es la de Murillo Káram como procurador, la segunda es la creada con los testimonios de los policías de Iguala. Existe la increíble versión, implícita por lo demás, de que el omnipresente poder federal no asomaba en ese momento por ninguna parte.
Si los estudiantes que pudieron escapar de la cacería de la policía municipal fueron localizados por efectivos del Ejército antes de la medianoche –“¿ustedes son ayotzinapos?” les inquirieron los soldados–, ¿cómo es posible que éstos no supieran nada sobre el paradero de los estudiantes detenidos por la policía municipal?
Los jóvenes que se dieron a la fuga han declarado que los militares recibieron reporte radial de un incidente en la carretera: era la agresión contra el equipo de futbol de los Avispones de Chilpancingo. Lo que se puede ver es que a los militares se les transmitía por radio lo que estaba ocurriendo en Iguala aquella noche. Pero, ¿dónde estaban en ese momento los estudiantes de Ayotzinapa detenidos? Al parecer desaparecieron de las comunicaciones policiales y del Ejército.
Pero hay algo más. Una parte de los presuntos victimarios son también presuntos delincuentes organizados, es decir, “perseguidos” por las autoridades federales desde tiempo atrás. Si la policía municipal estaba bajo el control de los narcos como todo indica, en Iguala existe un fuerte destacamento militar que, por lo visto, nunca ha intentado poner orden.
Esto tiene que ser explicado, como también la ocultada resolución de la PGR de fecha 31 de diciembre de 2010 de no ejercicio de la acción penal en favor de José Luis Abarca luego de una averiguación por denuncia anónima que duró seis meses.
La búsqueda de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa quedó a cargo de las autoridades federales luego de que la PGR atrajo a regañadientes el caso Iguala. Habría que recordar que el jefe de la seguridad pública federal, Osorio Chong, secretario de Gobernación, declaró que era en Guerrero donde debía arreglarse todo ese lío.
Pues bien, las cosas resultaron tan duras y afrentosas que Peña Nieto tuvo que aceptar lo que era lógico, legal y necesario: hacerse cargo de la búsqueda de los estudiantes a quienes oficialmente había dejado de vigilar durante la noche del 26 de septiembre a pesar de que transitaban por carreteras federales.
Así, el gobierno de Peña es, ha sido y seguirá siendo, mientras no se aclare todo, el responsable de decirnos qué ocurrió exactamente y por qué. Pero entonces nos tendrá que aclarar también su propio grado de responsabilidad en la tragedia de Iguala. Eso es lo que se busca eludir por supremos motivos políticos y acaso de defensa personal. ■
