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viernes, 29 marzo, 2024
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Se incrementará la comisión de delitos electorales tres días antes de votaciones

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Por: ALMA ALEJANDRA TAPIA •

■ Rosalinda Álvarez: la ley contempla como hipótesis el hecho

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La titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) en Zacatecas, Rosalinda Álvarez, auguró que tres días antes de la contienda electoral del 5 de junio se incrementará la comisión de delitos electorales, pues dijo, la ley contempla como hipótesis ese hecho.

En entrevista refirió no tener una estadística sobre jornadas comiciales anteriores puesto que justificó, la Fepade dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJE) es de reciente creación,  sin embargo, “por cuestión del desarrollo de la jornada” se prevé que se incrementen los delitos y por ende las quejas.

Comentó que conforme ha avanzado la elección de Zacatecas de se han aumentado los delitos y es así que la ley tiene como hipótesis en mención. Motivo por el cual días antes del 5 de junio y ese propio domingo habrá un despliegue ministerial en coordinación con la Fepade federal para que haya policía ministerial investigadora.

Es así que se instalará un ministerio público en el Instituto Nacional Electoral (INE) y otro en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) a fin de dar una pronta atención, sin contar que ya hay presencia de la Fepade en todos los distritos judiciales de la capital. En total son 15 agentes del Ministerio Público los que están adscritos a las unidades de investigación mixta.

Rosalinda Álvarez refirió que hasta la semana pasada la Fepade tenía seis carpetas de investigación por presupuestos delitos electorales, las cuales se iniciaron de oficio por notas periodísticas relacionadas por la posible compra de voto a favor de un candidato; las otras por destrucción de propaganda electoral, así como difamación o calumnias.

Por otro lado la funcionaria informó que la Fepade tiene la posibilidad de sancionar a los funcionarios públicos por el mal uso de redes sociales o incluso pueden ser un motivo de prueba de actos ilícitos, cuyas consecuencias van desde multas hasta la privación de la libertad. A la fecha no hay denuncias en ese sentido.

 

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