■ Exigen cumplimiento a ley que señala la facultad de Gobierno para reprimir acciones perjudiciales de empresa
■ Autoridades informan se entabló comunicación con ambas partes para iniciar mesa de negociación
Más de 100 años de posesión pacífica de la tierra que permitió a los habitantes de La Colorada, Chalchihuites, vivir de la agricultura y la ganadería, terminaron hace un año, cuando representantes de Pan American Silver Corp-Plata Panamericana SA de CV obtuvieron la concesión para ampliar un desarrollo minero en el lugar. Vinieron después acciones de despojo que incluyeron el uso de maquinaria pesada para derrumbar sus casas aún con muebles, ropa y documentos dentro.
A cambio, los empresarios ofrecieron a estas personas, casas tipo Infonavit otorgadas en comodato –préstamo- en el fraccionamiento La Nueva Colorada, donde imposibilitadas para desarrollar su formas de sustento ancestrales por sus condiciones de hacinamiento, han tenido que contratarse con la misma minera, tener la obligación de comprar sus víveres en la tienda de la empresa y aun atender a la prohibición de escuchar música pasadas las ocho de la noche.
“Y volvemos a las antiguas haciendas. Es el extranjero que viene con un capital y obliga a la gente a dejar su comunidad, salir de sus casas, perder su cultura y tradiciones. Y cuando la minera ya no ocupe el lugar, les regresarán lo que quedó”, refirió Francisco Torres, uno de los representantes legales de los habitantes de La Colorada.
Lo reseñado ocurre con la complicidad de la Secretaría de Economía (SE) y el Gobierno del Estado, o peor aún, con la ignorancia de la ley, según refiere Lizandro Carrillo Félix, también representante legal en este asunto.
“Hay un grave desconocimiento de la ley, tanto de la ciudadanía como de la propia autoridad”, dice, y en sustento de esta lectura comentó que luego de haber interpuesto una denuncia contra la Secretaría de Economía por su incumplimiento en la aplicación del artículo 43 de la Ley Minera, donde se señala que los derechos para la explotación se suspenderán en caso de que se ponga en peligro a los trabajadores, habitantes o se dañe la propiedad pública o privada, los funcionarios de la SE “se quedaron ¡achis!, ¿a poco nosotros podemos hacer eso?”.
La exigencia de la comunidad es el cumplimiento de la citada ley, “pedimos que la Secretaría de Economía tome su responsabilidad y ejerza sus facultades, haga la visita provisional que plantea el mismo artículo y suspenda los trabajos de la minera”.
El recurso legal fue interpuesto el pasado 28 de abril, por lo que se espera la contestación correspondiente de la SE, y en caso de omisión, se recurrirá al amparo, dijo Carrillo Félix.
Si las autoridades mexicanas no conocen la ley, las empresas extranjeras sí, y usan este entendimiento para violarla.
El capital que permite extraer oro, zinc y plata de La Colorada es norteamericano. La Ley Minera prevé que “solamente las personas con nacionalidad mexicana pueden acceder a las concesiones mineras”, pero es práctica de todas las trasnacionales generar empresas mediante el outsourcing, en este caso la Pan American Silver Corp para evadir la ley en México estableció la Plata Panamericana SA de CV, dijo.
La forma de trabajar de empresas extractivas en México tiene además otras particularidades, “se ponen de acuerdo con el gobierno y realizan un despojo total sobre las comunidades, obviamente a la gente no la toman en cuenta, y les ofrecen lo menos”.
“Entonces está la gente maltratada, en hacinamiento, casi casi tratada como esclavos al servicio de la minera. Es una situación muy delicada ante la que la Secretaría de Economía tiene que responder”, dijo ahora Francisco Torres.
Añade Carrillo Félix añadió como responsables al Gobierno del Estado y el federal, respecto de la violación a los derechos humanos de los otrora 140 habitantes de La Colorada, 57 que aún permanecen en el lugar y que se han negado a abandonarlo aun luego de represalias y hostigamiento.
“Es un caso muy delicado donde ahora toda la riqueza del estado se va a otro país, pero lo más cruel es que le roban a la gente su identidad, destruyen su terruño para extraer la riqueza que hay en él”, refirió nuevamente Torres.
Los habitantes de La Colorada tienen posesión del predio desde hace más de 100 años, en 1983 solicitaron a la Secretaria de la Reforma Agraria una dotación provisional. La minera Pan American Silver Corp, o su rostro en México, Plata Panamericana SA de CV, “se aprovecha de que no tienen un documento que acredite su propiedad”.
El caso de La Colorada en Chalchihuites, dijeron, “tiene exactamente la misma tesitura, los mismos abusos y formas de conducirse que ha habido por parte de la minera Frisco-Tayahua en Salaverna, Mazapil, “es el mismo actuar, que requiere que la Secretaría de Economía tome cartas en el asunto y empiece a aplicar la ley”.
Pan American Silver Corp tiene desarrollos mineros en Estados Unidos, Canadá y Perú. En el país se ubican en Durango y Zacatecas, y concretamente en la entidad, se distribuyen en Fresnillo, Pánuco, Vetagrande, Sombrerete y Chalchihuites. De La Colorada según sus proyecciones para 2017 pretende extraer mil 700 onzas de oro, informó Lizandro Carrillo Félix.
El secretario general de Gobierno, Jaime Santoyo Castro, aseguró que ya entablaron comunicación con las dos partes del conflicto para iniciar una mesa de negociación a fin de ver quién tiene la razón; “recordemos que el artículo 14 y 16 constitucional consagra una protección en favor de quién tiene el derecho y eso es lo que vamos a ver”.
Aun así, señaló que “me suena un poco extraño porque La Colorada es una mina que tiene muchísimos años en explotación y que ahora esté surgiendo esté problema lo vamos a revisar”.
