■ Presenta su libro Verdugos, en el marco de los Foros de Libertad de La Jornada Zacatecas
■ En las fuerzas armadas hay una “descomposición” que tiene que ver con el estilo de vida militar
Mientras el Ejército Mexicano no sea transparente y la sociedad no se haga responsable de exigir a las fuerzas armadas una verdadera rendición de cuentas, se seguirán padeciendo los abusos por parte de elementos castrenses hacia los ciudadanos, aseguró la periodista Ana Lilia Pérez.
Esto, durante la presentación de su libro Verdugos en el marco de los Foros de Libertad, organizados por el décimo aniversario de La Jornada Zacatecas, y en el que estuvieron presentes como moderador el director de este periódico, Raymundo Cárdenas Vargas, y Alma Ríos, reportera de esta casa editorial.
Ana Lilia Pérez señaló que en estos momentos se debe exigir transparencia al Ejército Mexicano, así como se está haciendo con la clase política, para que no crean que son “intocables” y eso conlleve impunidad en sus actos.
La exigencia, puntualizó, debe basarse en el hecho de que esta institución maneja recursos públicos que “aportamos todos los ciudadanos”, y en que se han sucedido casos que se convirtieron en escándalos nacionales, más otros que no se conocen por el temor de las víctimas de denunciar, que llevan a plantearse, “¿qué pasa cuando quienes debían cuidar a los ciudadanos se convierten en sus verdugos?”.
Consideró que precisamente se tendría que aprovechar la coyuntura electoral del estado para hacer la exigencia a los candidatos de que aclaren cuáles son las atribuciones de los militares en las tareas de seguridad pública.
Aunque este pueda ser un tema propio del ámbito nacional, precisó, existe sin duda una vinculación directa entre los gobernadores de los estados y las autoridades militares, pues en muchos casos son los mandatarios los que solicitan la presencia de más elementos castrenses en su territorio y tienen comunicación directa con los jefes de las zonas militares.
Por ello concluyó que a los aspirantes a algún puesto de elección popular, principalmente al de gobernador, se les tendría que exigir una propuesta para saber cómo van a evitar casos como el de Calera, en el que cuatro militares están siendo procesados por su probable participación en la desaparición forzada y ejecución de siete jóvenes en ese municipio.
Este tema, agregó Ana Lilia Pérez, que no solamente se ciñe al ámbito de la inseguridad sino que es un tema de justicia. En este sentido, apuntó que la opacidad del Ejército se da tanto a la hora de proporcionar información como en sus procesos judiciales, llevados a cabo bajo las instituciones de justicia militar.
Comentó que “uno de los problemas que ha habido es que, escudándose en el fuero militar, han sido juzgados en sus propios tribunales” de manera discrecional y cuyas resoluciones se han contrapuesto a la justicia civil.
Por ejemplo, en el caso de Tlatlaya recordó que mientras la autoridad civil anunció que iba a aportar más pruebas en contra de los militares involucrados en las ejecuciones, la justicia militar está exonerando a algunos de ellos y “el principal problema es la falta de transparencia en estos procesos”.
La discrecionalidad con la que se ha aplicado la justicia castrense gracias a la no rendición de cuentas ha afectado principalmente a los militares de base, quienes terminan siendo los “sacrificados como carne de cañón”, por lo que consideró que sería “sano” que las fuerzas armadas transparentaran sus procesos judiciales para que la justicia sea imparcial, “sin importar que sea de alto rango o de tropa”.
En cuanto al nivel de responsabilidad en los casos de delitos y violaciones a los derechos humanos por parte de militares, señaló que siempre está el mayor nivel en los altos mandos y finalmente son los presidentes de la República los jefes supremos de esta institución.
El caso que desencadenó la investigación del libro Verdugos, explicó Ana Lilia Pérez, fue el de un militar zacatecano, originario de Concepción del Oro, que estaba asignado a la zona militar de Saltillo.
De buen estudiante, alfabetizador de la Conafe y con expectativas de hacer una carrera profesional, ingresó al Ejército como única opción de desarrollo después de que su novia adolescente quedó embarazada.
En estas circunstancias de ingreso al ámbito castrense, la periodista precisó que ésta es la realidad de muchos sectores marginados del país, en el que los jóvenes ven al Ejército como una fuente de trabajo, con salario fijo y seguridad social.
Una madrugada, narró la autora del texto, el joven escuchó la orden, que debía cumplir “porque los militares no cuestionan”, de que saliera a matar a su familia. Como estaba encargado de la armería pudo acceder a armamento y equipo, y salió a cumplir su misión.
En el camino se encontró con un grupo de migrantes de 16 años a quienes asesinó a sangre fría, pero puntualizó que en ese momento él no veía a los jóvenes sino las caras de sus propios compañeros de batallón, así como a sus jefes, que lo habían acosado, maltratado y torturado.
En ese punto de la investigación, indicó Pérez, empezó a centrar algunos de los datos en las afectaciones mentales que se derivan del propio modo de vida y formación castrense. En este sentido y tras una solicitud de datos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que anualmente son un promedio de 400 militares los que son atendidos en las áreas psiquiátricas de sus hospitales.
Es decir, concluyó, “no era el único caso” y eso demostró que al interior de las fuerzas armadas hay una “descomposición” que tiene que ver con el estilo de vida militar, con abusos en la estructura de mando, maltrato hacia los soldados e incapacidad de cuestionar las órdenes.
Esto, apuntó, tiene consecuencias directas en la sociedad cuando estos militares salen a las calles armados y con atribución de detener, instalar retenes o hacer cateos, por ejemplo; teniendo como resultado “mujeres violadas en Guerrero, casas saqueadas en Chihuahua, jóvenes levantados en Calera, asesinados en Tlatlaya y casos en todo el país”.
Ante esto, señaló que “no nos sorprenda que exista la tortura como una de las principales prácticas que usan las fuerzas armadas”. Aun así, insistió en que a pesar de las disculpas del titular de Sedena, Salvador Cienfuegos, que fueron algo “inédito”, y de que haya militares encarcelados por algún hecho de este tipo, la sociedad debe seguir reprobando estas prácticas porque “México es un país de leyes y se deben aplicar parejas para todos”.
