Entre junio y julio de 2015, en estas mismas páginas, utilizamos la expresión del Doctor Guillermo Cejudo, para calificar el momento de convergencia social, política, incluso intelectual e institucional contra la corrupción, estábamos, decíamos entonces, en una coyuntura histórica contra la corrupción.
Es posible decir que los acontecimientos dados en el año que ha transcurrido de entonces hasta el momento confirman la atinada expresión de Cejudo.
Entonces recién se había aprobado y publicado Reforma Anticorrupción, ahora hemos acudido al debate del Sistema Nacional Anticorrupción, su instrumento más acabado, en dinámicas totalmente novedosas para nuestra joven democracia constitucional. Por citar una, el interesante ejercicio de Parlamento Abierto, que se dio en el Senado de la República para atender las exposiciones de las organizaciones civiles, que representaron a los más de 630 mil ciudadanos que firmaron la iniciativa conocida como #Ley3de3.
Los partidos políticos, los actores públicos, las instituciones educativas, gubernamentales, civiles y sociales, los medios de comunicación y las redes sociales, se involucraron en un debate incluyente, que facilitó a su vez la indignación proactiva y la participación ciudadana.
En 2016, en el contexto de la promoción, presentación y discusión de la multicitada iniciativa #Ley3de3, así como de las controversias a las que han convocado diferentes descubrimientos y hechos en México y en el mundo, la corrupción se ha mantenido, situada como el centro de la discusión pública.
En la coyuntura se han logrado avances inimaginables hace apenas algunos años: la movilización independiente y libre de ciudadanos contra distintos actos que identifican con la corrupción, la irrupción de la sociedad civil organizada para confrontar a la clase política y evitar que mantengan el modus vivendi calificado por María Amparo Casar como tapaos los unos a los otros, así como la exigencia a quiénes se postulan para algún cargo y para quienes ya lo ocupan de un mecanismo que nos permite saber, cuánto tienen ahora, con quién tienen tratos o relaciones que en algún momento podría significarles la pérdida de objetividad en el ejercicio de sus encargos y su relación fiscal con el Estado.
Las elecciones son un momento idóneo para identificar, con quiénes podemos continuar la lista de logros en este contexto general de combate a la corrupción, o sí en determinadas regiones y entidades, se hará uso del federalismo mexicano, en su versión más perversa, la del feudalismo imperfecto (como lo calificaría la revista Nexos en octubre de 2011), para detener este fenómeno, cuyos resultados bien podemos calificar objetivamente, como avances sustanciales.
De vital importancia resultan las elecciones locales, pues se ha identificado con toda claridad desde hace tiempo que es aquí donde los esfuerzos por transparentar las cuentas gubernamentales y el uso del recurso público, se topan con legislaciones a modo, conductas opacas y francos paraísos para la corrupción y la impunidad. De esta lógica parte el esfuerzo por lograr Leyes Generales para reglamentar el derecho de acceso a la información pública y la transparencia, el combate a la corrupción, el régimen de sanciones a los servidores públicos, el modelo de autonomía constitucional de las instituciones encargadas de auditar el ejercicio del presupuesto y la propia fiscalización de éste.
Por ello, aunque es claro que la ofensiva contra la corrupción está en el centro de todas las plataformas, discursos y posiciones electorales de los candidatos, es necesario saber qué es lo que proponen, más allá de las frases hechas, la indignación sonora en sus participaciones públicas y la simplificación de este fenómeno dañino complejo.
Entender que a la corrupción como un fenómeno, complejo, sistémico y cuya principal área de oportunidad se encuentra en el diseño institucional y no en la calidad moral de las personas que ejercerán la función pública, es el mejor diagnóstico para arrancar el diseño de las reformas e implementación de políticas públicas que deberán impactar sobre dicha realidad, hoy vigente y descubierta.
El Sistema Estatal Anticorrupción –que podemos empezar a identificar como #SEA-, tiene evidentes ventajas frente a otras estrategias de combate a la corrupción. La primera de ellas es la pluralidad de su propia conformación, no confiando a un solo órgano del Estado, y no exclusivamente a éste las políticas públicas que harán frente a dicho fenómeno. Entre sus características primordiales se encuentra la participación efectiva de la sociedad civil y la interacción institucional de varios organismos, de los distintos Poderes del Estado, así como Órganos Constitucionales Autónomos, lo que permite una amalgama positiva de gobernanza, transparencia, institucionalidad y legalidad. ■
@CarlosETorres_
*Miembro de Impacto Legislativo
