■ Cambio legal haría posible que la sociedad se organice y someta a referéndum a sus gobernantes
■ Ambas propuestas se enviaron para su discusión a la Comisión de Puntos Constitucionales
Se presentaron ayer en el Congreso de Zacatecas dos iniciativas de reforma para que exista en la entidad la revocación de mandato del gobernador, diputados, presidentes municipales y otros funcionarios cuando la ciudadanía considere que su trabajo no responde a las necesidades colectivas.
El cambio legal haría posible que la sociedad se organice y someta a un referéndum a sus gobernantes a fin de que continúen o abandonen su cargo público.
En sesión ordinaria de la 61 Legislatura, el diputado independiente, Cuauhtémoc Calderón Galván, presentó su iniciativa con proyecto de decreto que reformaría el artículo 6 de la Constitución en materia de revocación de mandato.
Acto seguido, el petista Alfredo Femat Bañuelos leyó otra iniciativa similar a nombre del grupo parlamentario Por un Zacatecas para Tod@s conformado por PRD, PT, MC y PAN. Ambas se enviaron para su discusión a la Comisión de Puntos Constitucionales que preside la priísta Hilda Ramos.
Durante la lectura de las iniciativas se comentó que todos los aspirantes a gobernador de Zacatecas han planteado su convicción democrática de fortalecer e impulsar reformas en temas de participación ciudadana como es la revocación de mandato, por lo que se exhortó a la Cámara a atender el tema.
“Les estamos haciendo la vida fácil a los partidos, si nos ponemos de acuerdo en una semana puede salir y ver si sólo hablamos para quedar bien, o con la convicción de cambiar las cosas”, dijo Calderón.
El otrora diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y ahora simpatizante del candidato a gobernador de Morena, David Monreal, propuso en su iniciativa: que el mandato de los servidores públicos electos mediante voto universal, libre, secreto y directo, es revocable.
Es así que la solicitud de revocación del mandato deberá ser suscrita cuando menos por 5 por ciento de los ciudadanos del estado, municipio o distrito, según corresponda. Se podrá hacer una vez transcurrida una tercera parte del periodo para el cual fue electo el funcionario y quedarán comprendidos en la categoría de servidores públicos, el gobernador, los diputados locales, presidentes municipales, regidores y síndicos.
Calderón suscribió en su documento que la ley establecerá las bases y procedimientos para la revocación, así como los medios de impugnación.
Por su parte, el coordinador de la fracción del PT, Alfredo Femat, a nombre de las bancadas de oposición en el Congreso propuso que para iniciar la destitución de un funcionario se requeriría 50 por ciento más uno de firmas del número de electores que hubiera votado en el proceso comicial anterior para el caso de gobernador, diputados y presidentes municipales.
En esa iniciativa también se incluye la posibilidad de destituir servidores públicos designados, aunque para ellos se requerirá la firma de sólo 20 por ciento del número de votantes efectivos de la última elección.
Además, la propuesta de Femat refiere que para activar el proceso de revocación de mandato deberá haber pasado la mitad del encargo para el que fue electo el funcionario, a fin de darle la oportunidad de desempeñarse correctamente y evitar la desestabilización.
Uno de los riesgos de la revocación es la inestabilidad y se quiere evitar, por ello no se deberá abrir la puerta a que en cualquier mandato pueda aplicarse la revocación. En caso de que algún gobernante sea revocado, la ley establecería que al sustituto no se le podría aplicar el mismo procedimiento, sino que deberá terminar el mandato.
Entre las causales para la revocación del mandato se prevé el incumplimiento de las promesas de campaña y el notorio o parcial cumplimiento de su Plan Estatal de Desarrollo, con ello, se pretende evitar que los candidatos a puestos de elección popular hagan promesas falsas para conseguir el voto.
La iniciativa de reforma leída por Alfredo Femat refiere que en 1999 se logró una Ley de Participación Ciudadana en Zacatecas, en la cual se reglamentaron las figuras de referéndum y plebiscito, pero en ningún caso producirían efectos vinculatorios u obligatorios.
Actualmente la ley establece que para poner en marcha el referéndum, plebiscito e iniciativa popular se necesita contar con el apoyo de 21 mil 366 personas y sólo será vinculatorio si participan más de 50% de los integrantes de la lista nominal de electores; es decir, 534 mil 181 ciudadanos.
En las pasadas elecciones votó 61.22 % del padrón, de modo que los requisitos son inalcanzables y ante ese, agregó el petista, la Legislatura debe ir más allá del discurso y promover una real y asequible participación ciudadana en el quehacer público. Se propone que en el presupuesto electoral se considere dinero para una votación extraordinaria que en su caso sería la de la revocación.
Por otro lado, ayer en el Congreso los diputados aprobaron por mayoría un exhorto al ayuntamiento de Zacatecas para que se cancele el proyecto de concesión del Mercado González Ortega con la empresa transnacional Grupo Modelo, ya que si bien hay un pronunciamiento público de las autoridades en ese sentido, se quiere un documento formal y que además, se tomen en cuenta los tres proyectos alternativos generados por los locatarios y la red en defensa del patrimonio.
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