■ Avalan reformas al Código Penal de Zacatecas a fin de combatir la violencia hacia las mujeres
■ Se podrá perseguir de oficio en algunos supuestos el delito de maltrato familiar
El Congreso de Zacatecas aprobó reformas para incrementar la pena de cárcel y llegar hasta los 50 años por el crimen de feminicidio, perseguir de oficio algunos supuestos de violencia familiar, derogar el anacrónico concepto de rapto de mujeres para ahora llamarle privación ilegal de la libertad y otros cambios que a decir del sector feminista son un logro que marcará pauta en Zacatecas.
Ayer sesionaron los diputados locales y aprobaron reformas al Código Penal de Zacatecas a fin de combatir la violencia hacia las mujeres. Por unanimidad se acordó establecer penas de 20 a 50 años de prisión para quienes cometan feminicidio.
Además de derogar el “anacrónico” delito de rapto de una mujer y ahora llamarle privación ilegal de la libertad. Se podrá perseguir de oficio en algunos supuestos el delito de violencia familiar. Sanciones por violación dentro del matrimonio y además, cárcel de tres a ocho años para los funcionarios públicos que obstruyan cualquier investigación en contra de la violencia contra la mujer y la procuración de justicia.
Durante la discusión de la reforma se hicieron presentes la procuradora de Justicia, Leticia Soto y un grupo de activistas del feminismo en Zacatecas, quienes aplaudieron la decisión de los diputados.
Con dicha reforma también se derogó el delito de estupro y ahora se considerará violación, independientemente de la edad y sexo de la víctima. Se adicionó un párrafo a uno de los artículos para que no sea necesaria la violencia en caso de cópula con menores de 12 años para llamarla violación.
Se aumentan las penas a los ascendientes que tengan relaciones sexuales con sus descendientes, cuando exista la anuencia de ambos. Se incrementa la pena a aquellos padres que no cumplan con la pensión alimenticia, por mencionar algunos de los cambios.
Gobierno de Coalición
Ayer también en la sesión legislativa el diputado del PRD, Antonio Mejía Haro, presentó a nombre de las fracciones del PRD, PT, MC, PAN y Morena una iniciativa de ley para instalar en Zacatecas los gobiernos de coalición.
Se trata de un proyecto de decreto para reformar la Constitución del estado y hacer posible que en Zacatecas el gobierno de coalición no deba ser potestativo sino obligatorio, a fin de convertirse en una medida para parlamentarizar al régimen autoritario y disfuncional, ya que al elegir al gobernador bajo la regla de mayoría relativa, significa que puede contar con el apoyo preferente de sólo una minoría de los votantes y tener la oposición y el rechazo de una mayoría.
A fin de abrir el camino de la pluralidad del régimen, la iniciativa establece la figura colegiada de gabinete y de un jefe del gabinete con responsabilidad colectiva ante el Congreso. Es decir, el jefe de gabinete sería nombrado por el gobernador electo, pero debe ser ratificado por una mayoría de la Legislatura y estaría sometido a la censura de ésta, la cual implicaría su destitución.
Se arguyó en la iniciativa que la mayoría construida en un gobierno de coalición, sería el apoyo básico para la producción legislativa y para la toma de decisiones gubernamentales.
Si llegara a prosperar la iniciativa se haría una reforma a la Constitución en el artículo 65 para que la Legislatura ratifique los nombramientos de los secretarios miembros del gabinete, incluyendo al jefe de Gabinete, y además, podrá aprobar la remoción de los mismos funcionarios en los casos que la ley determine.
Con los gobiernos de coalición, creyeron los proponentes, se terminaría con situaciones donde el gobernante en turno usa con bastante discrecionalidad la administración pública puesta a su servicio.
Por el contrario, la Legislatura tendría poderes de ratificación y de censura del gabinete. Antonio Mejía refirió que la capacidad del Congreso de censurar a los miembros del gabinete existe en varios países de América del Sur, misma que se acompaña de mecanismos que no generen incentivos para que algunos congresistas desarrollen iniciativas solamente negativas contra el gabinete y generen conflictos interinstitucionales con alta inestabilidad de los gobiernos.
De aprobarse, además serían facultades y obligaciones de la Legislatura recibir, analizar y aprobar, en su caso, el Plan Estatal de Desarrollo que le envíe el gobernador del estado.
A decir de Antonio Mejía, la propuesta hecha por los grupos parlamentarios de oposición se realizó en conjunto con académicos e investigadores de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la UAZ y con estudiosos sobre la materia como Raymundo Cárdenas y Pedro de León Mojarro.
