El PRI se opone a las leyes anticorrupción. Algunos políticos en el proceso electoral local firmaron que se adherían a esa iniciativa que lanzaban organizaciones de la sociedad civil y la academia, y que sorprendió quintuplicando el número de firmas necesarias para que entrara como iniciativa ciudadana al Congreso de la Unión, logrando rebasar la formidable cantidad de 600 mil firmas de apoyo. Así que la parte de la sociedad más organizada y lo mejor de la academia nacional, se juntaron para hacer frente al mayor problema de este maltratado país: la corrupción. Y ahora el Partido Revolucionario Institucional hace uso de sofismas baratos para intentar detener esa iniciativa a partir de eliminar los dispositivos más efectivos de dicha iniciativa desde el Senado de la República.
¿Por qué el PRI no quiere eliminar la corrupción? ¿Por qué se opone a lo mejor de la iniciativa ciudadana para desterrar o, al menos, contener este cáncer público? Porque por un lado algunos de los candidatos y militantes de este partido hicieron campaña y juntaron simpatías por su oposición a la corrupción, y a la mera hora, al momento de que sus representantes y dirigentes en el Senado concretaran la aprobación de la histórica iniciativa ciudadana, se opusieron. Y de inmediato pasaron a proteger a los funcionarios y sus posibilidades de maniobrar con los recursos públicos: se oponen a que sea obligatorio para ellos presentar y publicar sus declaraciones fiscal, de intereses y patrimonial. A estas alturas debieron hacer cálculos sobre el significado de dichas medidas. Sin embargo, debemos preguntar, ¿Tello se arrepentirá de haber suscrito la iniciativa? De no hacerlo, ¿se opondrá a la jerarquía del partido en este tema? ¿Cuál será su mensaje a Gamboa Patrón sobre la Ley general de Responsabilidades Administrativas?
Ahora el país no aguanta más el costo social y económico de la corrupción. En términos económicos cuesta a la nación un equivalente al 10 por ciento del PIB, y en lo social significa eliminar la efectividad de cualquier política que tenga como objetivo erradicar la pobreza o disminuir la desigualdad. Por causa de la corrupción este país no crece y no distribuye equitativamente la riqueza. La obra pública es usada con fines privados y los puestos en los gobiernos son utilizados para agrandar fortunas de caciques políticos. Esperamos décadas completas (treinta años) para que los partidos elaborarán alguna medida de política pública para detener la corrupción. Lo prometían en las campañas, pero nunca lo llevaban a cabo en las cámaras. Hasta ahora que, a pesar de los partidos, la sociedad civil en alianza inteligente con la academia lo hace, ocurre la reacción surrealista que ahora presenciamos: el PRI y el Partido-rémora de éste (el Verde), pretenden sacar de la cancha legislativa lo mejor de dicha iniciativa.
Y nos seguimos preguntando: ¿por qué el PRI-VERDE quieren parar la lucha contra la corrupción en México? Ya somos los campeones en violación de Derechos Humanos, y somos de los países más opacos y de mayor persistencia de pobreza. Ahora seremos el país donde su élite dirigente tricolor se opone abiertamente a la lucha ciudadana contra la corrupción. Los carrancistas están en el gobierno y dominan el Congreso de la Unión.
