Es cierto que la crisis de las finanzas universitarias no se resuelve disminuyendo los ingresos de la pesada burocracia, porque porcentualmente es poco respecto al tamaño del problema: 5 por ciento. Sin embargo, los beneficios de moderar los ingresos de la burocracia no es un mecanismo directo y simple. ¿Cuáles son los argumentos para sostener los privilegios y cuáles son las razones para nivelar esos ingresos? ¿Qué beneficios traerá disminuir dichos ingresos? Veamos.
Distinguimos ente uso y abuso. Y afirmamos que no sólo hay que corregir los abusos, sino modificar los usos. Un abuso es la práctica de los funcionarios de hacer el cálculo de sus prestaciones de origen sindical sobre la base de cálculo de su ingreso como funcionario. Por ello, resultan primas de antigüedad que rebasan los 300 mil pesos y, pueden incluso rebasar los 500 mil. Que el rector le cueste a la UAZ 1.8 millones de pesos al año es claramente un abuso, amén del trabajo mediocre que el actual realizó. Los coordinadores de área cuestan un millón al año, cuando ni siquiera tienen las funciones claras dado que las áreas realmente no existen. Así podemos enumerar algunos de los abusos. Sin embargo, se deben atender los criterios de los usos inerciales.
La defensa que hacen de los niveles salariales superiores de la burocracia respecto al docente promedio contempla las siguientes tres razones: (1) la comparación de los niveles salariales de los administradores respecto a otras universidades del país: es similar o, en algunos casos, menor. Luego entonces, se justificarían las asignaciones actuales. (2) La afirmación de que el nivel de responsabilidad es mayor a los docentes, y a mayor responsabilidad mayor percepción. (3) El alegato de que el tiempo de trabajo es mayor: más allá de los periodos y los horarios normales de trabajo. Consideremos estos tres argumentos para verificar si se justifica la legitimidad de recibir percepciones mayores al docente promedio.
En la primera razón, está el argumento expreso de la responsabilidad, pero también el supuesto de una jerarquía entre docentes y funcionarios. Comento ambas partes de la argucia. ¿Qué debe tener prioridad en la Universidad, las actividades sustantivas de docencia, investigación y extensión, o las adjetivas de administración y gestión? Claramente la respuesta es “las actividades sustantivas”, entonces, si tiene mayor valoración por estas, no hay argumento axiológico para darle preponderancia salarial a las adjetivas: es más importante hacer investigación o docencia que administrar, y si eso es así, debe reflejarse en los tabuladores de ingresos. Los usos actuales tienen sus jerarquías invertidas. El tema de la responsabilidad: ¿por qué se afirma que hay más responsabilidad en los funcionarios? Eso es falso: un profesor que tiene a su cargo la educación de los estudiantes, es la mayor responsabilidad posible. También un administrador tiene responsabilidades, pero no hay equivalente posible para ponerlos en la misma categoría que los docentes y, así, poder medirlos y afirmar que una actividad tiene “mayor” responsabilidad que otra. No es ‘mayor’, sino ‘diferente’ su responsabilidad. Y no se pueden medir entre ellas. En todo caso, las actividades administrativas las llevan de perder por ser adjetivas a la misión universitaria. Luego entonces, el argumento es falso. El tercer juicio es el que refiere a los tiempos de trabajo. El trabajo docente, de investigación o vinculación, no se agota en los horarios frente a grupo o de apertura de oficinas. No es así: la gran mayoría de los profesores siguen estudiando, preparando textos o proyectos o exposiciones o miles de cosas. Y lo hacen en sus lugares de trabajo o en casa. Así que cuando un funcionario sale de la ciudad o se queda trabajando en elaboración de cargas de trabajo, los profesores también continúan actividades en sus propias áreas de responsabilidad. Así pues, el argumento no logra justificar el trato desigual a la burocracia. En suma, no hay razones legítimas para que la burocracia tenga mayores ingresos que los profesores medios. Es una razón simple: los funcionarios deciden las asignaciones y, entre ellas, las suyas propias. Y pasa lo que pasa: se asignan ingresos por encima de los demás. Un mero uso de poder. Por tanto, lo correcto es lo que de por sí está pactado: deben ganar el equivalente a un profesor tiempo completo más diez horas, del nivel titular C. Con ello también, sus prestaciones no se disparan a la luna como actualmente sucede. Es lo justo.
Los beneficios de nivelar los ingresos de funcionarios son varios e importantes: (1) se gana mucho en calidad moral que eleva el poder de negociación de la UAZ para gestionar mayores recursos para la institución; (2) se establecen los criterios y jerarquías internas dando prioridad a las actividades académicas; lo cual ayuda mucho a ordenar las prioridades internas, y con ello, a sanear la vida institucional. El mensaje a la sociedad sería contundente: en la UAZ se prioriza lo sustantivo por sobre las otras funciones. (3) Otro beneficio es la mayor eficacia y eficiencia en la propia administración, porque al quitar el móvil salarial, estarían en ella las personas que tienen verdadera vocación de servicio y móviles más sanos como el impulso de ciertos proyectos institucionales. Con personal así, la eficacia se vería fortalecida y la parasitocracia migraría a otro lado.
Ambos candidatos se han comprometido a esta medida. Estaremos atentos si cumplen o incumplen su palabra. En su palabra empeñada está la confianza futura.
Para terminar, una jaculatoria obligada:
¡Bendito sea Dios que ya terminó
esta funesta administración! ■
