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jueves, 28 marzo, 2024
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La obra pública: superar la corrupción mediante un gobierno abierto

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Por: RAYMUNDO CÁRDENAS VARGAS •

Donde se presenta el mayor problema de corrupción en los gobiernos es en la asignación de obra pública. Las prácticas oscuras o simuladas donde las autoridades hacen arreglos para que empresas de la construcción realicen la edificación de caminos, escuelas, conducción de agua, etcétera; y con ello, pasen dinero al bolsillo privado de los funcionarios son un verdadero cáncer social. Con estas prácticas los daños son múltiples y variados. El costo de las obras aumenta hasta en 300 por ciento, la calidad de las mismas es mala, porque también hay ganancias privadas en ‘los ahorros’ de material, y costos negativos estratégicos, como el caso de los ambientales. En el tema de permisos de construcción de nuevos asentamientos humanos, se hacen sin realizar el debido estudio de impacto ambiental. La consecuencia es desastrosa: el efecto ecológico es muy grave. Un ejemplo: la construcción indiscriminada de nuevas colonias en la cabecera municipal de Guadalupe trajo como consecuencia que las zonas de escurrimiento de aguas para alimentar los acuíferos quedaran tapados. Así las cosas, el tradicional acuífero de Bañuelos ha sido ya desahuciado. El costo ambiental de la corrupción de funcionarios, líderes de grupos de presión y constructores, es de enorme magnitud: está dejando sin fuentes de agua a la ciudad.

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Pues bien, solucionar este problema es complejo. Las medidas de contrapeso de poderes, la vigilancia y transparencia son esenciales para inhibir las prácticas que pudren la administración pública. Y sobre todo el sistema de sanciones efectivas. La impunidad es el mayor aliciente en la permanencia de la corrupción, al grado de que se ha convertido o petrificado en la dura estructura de intereses privados que se confabulan para adueñase de los recursos públicos. La solución de fondo no sólo está en medidas de la llamada  Nueva Gestión Administrativa, donde se pretende que exista honestidad dentro del gobierno; sino que, al contrario, se debe pensar en que la solución está justo en abrir el gobierno a la sociedad. Eliminar el ‘dentro’. Por ejemplo, que la obra pública no sea decidida e implementada únicamente por los funcionarios, sino que los ciudadanos y, sobre todo, los beneficiarios tengan capacidad de decisión e implementación de obra. La co-implementación de obra es una manera de garantizar no sólo honestidad en sus gastos, sino efectividad y calidad en su realización. Un gobierno abierto a la sociedad es la clave para eliminar de tajo la corrupción en la obra pública. Lo que debe discutirse son los mecanismos de apertura. La co-implementación es un mecanismo posible, pero sin duda hay muchos más. La cosa es pensar el gobierno abierto en el ramo de la obra pública. Los planteamientos a través de la (vieja) propuesta de Ley de Obra Pública son un pequeño camino, pero queda mucho por andar para llegar al deseado anhelo de una obra pública de verdadero interés público. Es el reto del siguiente gobierno.

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