“Cada 24 horas se consuman 7.2 feminicidios en México” señaló el coordinador de asuntos jurídicos del INMujeres, Pablo Navarrete, en el marco del Foro Nacional Violencia Feminicida y Alerta de Violencia de Género (AVG) realizado en octubre pasado. Y todos los días los medios de comunicación nos informan de un incremento alarmante de la frecuencia de casos de diversos tipos de violencia, entre ellos los ataques sexuales, haciendo evidente la pertinencia de la implementación del mecanismo AVG, entendiéndolo como parte de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), instrumento legal inaplazable que exige acciones urgentes por parte del gobierno para enfrentar dicha violencia en las distintas regiones del país.
La creación de la LGAMVLV representa un logro de las diversas demandas de mujeres activistas y académicas por dar respuesta al alarmante contexto de asesinatos de mujeres y niñas en México, así como de otras formas de violencia de género. Al introducir la perspectiva de género y la de los derechos humanos, la LGAMVLV posibilitó el desarrollo de un aparato legal que considera las diferentes modalidades de violencia y puso en el espacio público la pregunta por la situación jurídica y política de las mujeres en México. Lo que implica reconocer que la violencia contra la mujer no es un hecho privado y familiar, se trata de un tipo de violencia inherente al sistema de relaciones sociales, es decir, es estructural y sistemática.
En las últimas décadas se ha hecho explícito en una gran parte del mundo el rechazo a la violencia contra las mujeres. Movimientos feministas y de mujeres de diversos países y redes internacionales han expresado su repudio a la violencia, denunciado y exigido castigo y justicia y develado la enorme impunidad que marca los delitos violentos de género. Cambios estructurales en la organización socioeconómica de género aunados a movimientos sociales por la igualdad de género y la libertad han incidido en países desarrollados y democráticos, en diversos avances legislativos para garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin violencia y en políticas de gobierno con ese objetivo.
Aún en el entramado de la organización social patriarcal, exigidos por dichos movimientos o por compromisos internacionales, una parte importante de países se reforma y avanza en la eliminación de la violencia contra las mujeres. La Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer contiene una definición sobre la violencia que sintetiza el pensamiento feminista y ha sido base de la mayoría de las leyes vigentes en el mundo: “… por violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como amenazas a tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.
Este es un tema de la mayor importancia y debe ser abordado sin falta en esta campaña electoral.
