La testamentaría de los ex condes de la Casa Rull y otras en favor de la enseñanza pública

El impuesto derivado de la testamentaría del acaudalado Antonio María de Gordoa, dueño de las haciendas de Malpaso y el Maguey en el partido de Zacatecas durante el gobierno de Francisco García Salinas, de la que por cierto según pudimos ver en las anteriores colaboraciones en este diario, no se conoce si se pagó el porcentaje de la herencia en favor del Fondo para la Enseñanza Pública, no fue la única, debió de haber muchas más de las que dan testimonio expedientes resguardados en el AHEZ. Entre otras heredades gravadas con el porcentaje establecido por la Ley General para la Enseñanza Pública (LGEP) de las que si se tiene noticia y que resultó menos difícil su cobró, aunque no estuvo exenta de alguna dificultad en tanto se definía su situación legal, estuvo la de quien fuera el penúltimo rector  del Colegio de San Luis Gonzaga,  don José Francisco Sánchez, de cuyos bienes  había sido nombrado apoderado el padre Mauricio Urizar, quien se presentó ante el Consejo de Gobierno el 22 de mayo de 1833 para declarar su conformidad sobre el dictamen de los bienes bajo su custodia. Lo único que pedía el padre Urizar es que: “si era posible se le hiciera una rebaja de dos mil pesos en lugar de los ocho mil que se le proponía reconocer a favor de los fondos de la enseñanza pública, pero que si a pesar de todo el Consejo no tenía a bien hacer la rebaja referida él estaba pronto a otorgar la escritura de reconocimiento de los ocho mil pesos mencionados en los términos del dictamen”.1

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La solicitud del padre Urizar no tuvo una respuesta favorable. Tras ser presentada, el Consejo se puso a deliberar sobre el caso, resolviendo no acceder a la rebaja que aquél había pedido. Entre los bienes que había dejado el ex rector Francisco Sánchez se encontraban la finca que había sido su domicilio, varías casas (sin especificar cuantas) muebles y libros que entregó al convento de Guadalupe.

Una más de las testamentarías que la Junta Directiva de Enseñanza Pública (JDEP) y la Administración General de Hacienda estuvieron reclamando fue la del ex conde de Pérez Gálvez y el heredero de la misma, su hijo Juan de Dios Pérez Gálvez. Aquí es oportuno mencionar que el Pérez Gálvez conde de la Casa Rull había poseído en vida Minas y haciendas tanto en el Norte de lo que fue la provincia y posteriormente estado de Zacatecas como en la zona del Bajío (Guanajuato). Su heredera directa fue su esposa. El nombre legítimo  de la ex condesa de la Casa Rull fue el de Ignacia Obregón, esposa del Conde Pérez Gálvez. Entre las testamentarias normadas por la parte undécima del artículo de la Ley General de Enseñanza del 9 de junio de 1831, la de los ex condes Rull-Pérez Gálvez fue de las más cuantiosas. El cobro de la parte proporcional que del total de sus capitales debería de pagar a los fondos de enseñanza pública se hizo con retraso  debido a la tardanza en la realización de los inventarios por lo cuantioso de los bienes. Sumando los capitales del avalúo de las fincas rústicas y urbanas de la propiedad y dominio que comprendía la testamentaría de la ex condesa,  al finalizar 1832 alcanzaban la suma de un millón 123 mil  672 pesos. De ésta cantidad se descontaron 538 mil 933 pesos correspondientes a imposiciones piadosas y créditos pasivos, la cantidad restante del capital global, 584 mil 739 correspondió a la herencia dejada a sus dos hijos legítimos  En la aplicación de los inventarios y el pago del impuesto a través de  la Dirección de Hacienda Pública, estuvo al frente el apoderado de los ex condes, Miguel Belaunzaran.2  Otros casos parecidos al del  Lic. Gordoa debieron enfrentar las autoridades hacendarias y judiciales  en los que la negativa o morosidad en el pago de contribuciones para la enseñanza pública se hizo presente. Buscando poner  remedio, el 13 de febrero de 1833 el presidente de la Junta envió un oficio al gobernador Francisco García solicitándole su intervención para que las administraciones de rentas asumieran “la voz fiscal” en los litigios pendientes que en lo sucesivo se promovieran a favor de la enseñanza, petición a la que el gobernador accedió instruyendo sobre el caso a la Administración General.3

Además de las testamentarias que  se han mencionado,  el “Cuaderno borrador” del Consejo de Gobierno durante el año de 1834, registra las siguientes.

Otras testamentarias que se donaron a favor de la Enseñanza Pública en el Estado de Zacatecas, 1832-1834.

Don Vicente de la Rosa fue padre del destacado  liberal Luis de la Rosa Oteyza; Mariana de  la Rosa también del Real de Pinos, hermana de este último y a su vez hija de don Vicente que había sido Jefe político de ese partido. Algunas testamentarias se heredaban directamente a las escuelas del lugar en donde había residido el benefactor. El cura Crespo dejó un capital de 4 mil pesos para que la cantidad correspondiente al 5 % de los réditos  anuales que rindiera el mismo se ayudara a la escuela de Valparaiso.

Referencias de Archivo. ■

(Endnotes)

1 “Cuaderno borrador para los puntos de acuerdo del Escmo. Consejo de Gobierno”, fj. 19.

2 Para mayores detalles sobre ésta información puede verse  el “Cuaderno borrador de los puntos de acuerdos del Escmo. Consejo de Gobierno”, 1834, fjs. 28 v y 29.

3 AHEZ. Fondo Jefatura Política, Serie Instrucción Pública, Sub serie Generalidades, caja 2, marzo 4 de 1833.