Democratización y rendición de cuentas: la transición actual (Parte II)

Democratización y rendición de cuentas: la transición actual  (Parte II)

Una vez que el modelo tradicional de ejercer el poder en México se vio agotado y luego de diferentes reformas en materia política, arrancando por la de 1977, encabezada por Jesús Reyes Heroles, el Estado mexicano inició un proceso de transformación, a partir de varios fenómenos de transición, misma que comenzó con la social, partiendo a la política, la económica, culminando todas, en la institucional que generó una nueva lógica del ejercicio del poder.

Este modelo estatal, en cuya estructura existían sólo tres poderes (el Legislativo, Ejecutivo y Judicial), ha vivido una profunda reforma, desde la teoría misma, hasta la práctica cotidiana. Hoy conviven con estos tres poderes, los conocidos órganos constitucionales autónomos, que sin estar sobre ellos, se encuentran en la misma órbita del poder de aquéllos, pues al no depender de ninguno, se especializan en la regulación y garantía de asuntos específicos, derivados, la mayoría, de un debilitamiento del Poder Ejecutivo, al que se le han disminuido atribuciones, para dárselas a éstos. Ejemplo de ello es el Banco de México, el Instituto encargado de organizar las elecciones y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, por citar algunos.

Cómo bien lo ha explicado el reconocido académico Mauricio Merino (En La segunda transición democrática de México: esfuerzos, tropiezos y desafíos de México en busca de un sistema completo, articulado y coherente de rendición de cuentas) luego de la primera etapa de transición política, en la que la liberalización del Estado mexicano se generó a partir de la apertura democrática, pasando por la democratización, que habremos de llamar inicial (para distinguirla de la actual), pasamos a dotarnos como nación de un complejo sistema institucional para la organización de las elecciones. Resultado de ello son el ya mencionado Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ambos en la lógica de la autonomía constitucional. Pero también se dio una naciente conciencia, en esta etapa que abarca de 1977 a 1996, del concepto de democracia constitucional, dotando de nuevas atribuciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, creando y consolidando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como fortaleciendo la autonomía municipal y a los mismos Ayuntamientos, entendiendo que la democracia venía de la periferia hacia el centro.

Finalmente, y una vez lograda la alternancia, que se identificó, erróneamente, como el punto cumbre de nuestra transición, se dio paso a la creación de las instituciones que profundizarían nuestra vida democrática y el ejercicio político de pesos y contrapesos, posible en la nueva dinámica plural de la naciente competencia electoral. Así nació la Auditoría Superior de la Federación, luego, de un primer esfuerzo colectivo de la sociedad civil, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, hoy INAI, a este le siguieron, como bien lo señala Merino, el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval), y en el transcurso del tiempo hemos evolucionado el planteamiento inicial hasta la recién aprobada Reforma Constitucional Anticorrupción, que ha establecido un Sistema Nacional en la materia, conformado por distintos órganos del Estado ya pre-creados y nuevos, como el Tribunal Administrativo.

Esta segunda transición ha venido acompañada de ingredientes que la primera no tuvo: la pluralidad política por doquier; la diversidad de medios de comunicación y su amplio margen de maniobra; la indignación colectiva y la propuesta objetiva de la sociedad civil, y finalmente, mecanismos constitucionales de los cuales carecimos en la primera etapa de nuestro arribo a la democracia, lo que nos permite tener garantías antes apenas teóricas.

Por supuesto, aún hay mucho por hacer. Pero estamos conscientes de ello, un ejemplo de esto es la elaboración, promoción y presentación de la iniciativa ciudadana de Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conocida como Ley tres de tres. Esta misma posibilidad, la de presentar iniciativas de ley sin el aval de ningún partido político, fracción parlamentaria o legislador, es una novedad traída de esta segunda transición de la que somos testigos.

Nos hemos dado en la Constitución, una democracia. Hoy los esfuerzos de cada vez más mexicanos se encaminan a dárnosla en términos prácticos, con todo lo que ello significa: no sólo elecciones, partidos políticos y pluralidad ideológica, también respeto a los derechos humanos, consolidación de nuestro aparato de justicia, mecanismos y medios para hacer efectiva la transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, y el derecho a ejercer como agentes en la dinámica política, no sólo como sujetos pasivos de la misma. ■

 

*Miembro de Impacto Legislativo.

@CarlosETorres_

Related posts

Banner Home Videos 578 x 70
¡Suscríbete!
Suscríbete a nuestro Boletín Informativo para recibir las noticias más recientes de La Jornada Zacatecas en tu e-mail
TU EMAIL AQUÍ
¡Suscríbete!
Suscríbete a nuestro Boletín Informativo para recibir las noticias más recientes de La Jornada Zacatecas en tu e-mail
TU EMAIL AQUÍ