Como todos sabemos, a los ciudadanos del común las instituciones públicas no sólo resultan cada vez menos útiles, sino un fardo cada vez más pesado.
Trátese de obtener una licencia para vender helados o del resarcimiento de un daño, el resultado es el mismo: procedimientos interminables, plagados de abusos, y, si bien nos va, un desenlace insatisfactorio.
Empero si el comportamiento de las más de las instancias de servicio público tiende a ser desastroso, lo que sucede con las encargadas de las funciones medulares del Estado: proteger la vida y los bienes de los ciudadanos y hacer respetar las reglas mínimas de convivencia, linda con lo monstruoso.
Todos, de familiares de víctimas, o de las víctimas mismas, de crímenes atroces, hemos escuchado espeluznantes relatos en que la intervención de la autoridad no hizo sino agravar el daño.
Sabedores de lo anterior, y conscientes asimismo de que a criterio de los “servidores públicos” cuanto ocurre en el ámbito de su competencia carece de importancia a menos que aparezca en los medios, los familiares de un transportista secuestrado la semana pasada en la comunidad Francisco I. Madero, de un municipio atestado de policías, en lugar de acudir a la Procuraduría decidieron hacer pública su situación a través de las llamadas redes sociales, generando tal respuesta que desistieron los criminales de su propósito, y liberaron a su víctima sin recibir nada a cambio.
Por fin un final feliz aunque no tanto (los criminales siguen sueltos), del que no será difícil discernir si fue posible gracias, o a pesar de que la autoridad brilló, literalmente, por su ausencia. ■
