■ Perspectiva crítica
Uno de los principales arietes políticos que se diseñaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto para garantizar la implementación de sus reformas estructurales es el llamado “Pacto por México”, acuerdo al que se sumaron las principales fuerzas políticas del país (Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México), y el cual con el pasar de los años ha dejado ver su carácter verdadero, que es el de brindar apoyo al PRI en su tentativa de desmantelar los últimos pilares postrevolucionarios, tales como la educación y la salud públicas, así como la garantía por parte del Estado de dotar de trabajo o servir de garante para que la población acceda a trabajo digno y adecuadamente remunerado.
Dichos partidos políticos han sido comparsa de Peña Nieto en la vulneración de dichos pilares con la profundización del modelo de desarrollo neoliberal, cuyos ejes de liberalización, privatizaciones y desregulación han permitido la venta indiscriminada de patrimonio nacional por un lado, y por el otro la implementación de actividades como el extractivismo y la maquila, o figuras como el outsourcing.
El resultado de este escenario son más de 50 millones de personas en condición de pobreza, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); el desmantelamiento y lucro indiscriminado con la mayoría de las empresas estatales -incluido Petróleos Mexicanos-, al malbaratarlas al mejor postor; cerca de 30 millones de personas que trabajan y dependen de la informalidad para subsistir, según ha advertido el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); el saqueo sistemático de la riqueza minera, marítima, forestal, de la fauna, etc. Por si fuera poco el país está sumido en un estado de acoso permanente por parte de los grupos criminales encabezados por los grandes traficantes de la droga. En suma, asistimos a un escenario de descomposición social potenciado por nuestros propios representantes políticos.
Ante todo esto, una reacción previsible de parte de la población es la inconformidad, y en mayor escala la movilización y la expresión de dicha inconformidad mediante los movimientos, las marchas públicas, los plantones y otros brotes de descontento popular. Estas acciones representan una amenaza para el sistema político que se ha empoderado en México, en especial en el marco de la etapa de transición política que se avecina, y ante dicha amenaza el PRI ha llamado nuevamente a sus aliados políticos para establecer controles eficientes, formas de dominio sobre quienes pudieran protestar en su contra.
Como parte de estos controles la Cámara de Diputados aprobó en días pasados, y con el apoyo de todos los partidos políticos (con excepción de Morena que votó en contra, y la abstención de Movimiento Ciudadano), el dictamen de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, referido a la facultad del Ejecutivo federal para restringir o suspender garantías y derechos civiles en casos considerados como invasión, perturbación de la paz pública y otras acciones que pudieran atentar contra la paz pública.
La medida bien podría pasar a la historia como ejemplo de irresponsabilidad por parte de nuestros legisladores, pues la suspensión de las garantías individuales se realizará en un México con altos niveles de violación a los derechos humanos, situación sobre la que han advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) y múltiples asociaciones civiles; el abuso sistemático –en especial sobre grupos vulnerables y disidentes- ejercido prácticamente por todo el aparato institucional; la desaparición forzada de miles de personas que lacera a México y en muchos casos está directamente asociada al sistema político y corporaciones que apoyan sus acciones represivas, como demuestran casos como el de Tlatlaya, Atenco, Ayotzinapa.
No obstante, considero que más allá de una medida irresponsable por parte de los legisladores, se trata en realidad de una forma de contención de la inconformidad que comienza a desbordarse en múltiples partes del país, una vía para criminalizar la pobreza. Esto en realidad no es nuevo, vendría a ser una reedición del añejo autoritarismo priísta ejercido marcadamente desde la década de los cincuentas, pero también el complemento necesario de las reformas estructurales peñanietistas, pues además de que el PRI busca mantenerse en el poder, los grandes capitales internacionales demandan garantías de operación y el apoyo de agentes oriundos de los lugares donde maximizan sus ganancias, ya que requieren vender al mundo la idea de que sus operaciones son legítimas y no perjudican el entorno, tanto natural como social.
La medida de excepción es también un soporte del autoritarismo ejercido desde la figura presidencial, figura en la que durante los últimos años se ha buscado concentrar mayor poder, y un punto sensible de la modificación al artículo 29 constitucional es que los legisladores tuvieron mucho cuidado en dejar amplios segmentos de abstracción y ambigüedad en cuanto a las definiciones sobre las supuestas amenazas que pretenden acotar, es decir, hay un enorme riesgo de que las autoridades actúen de manera arbitraria y de acuerdo a intereses políticos o incluso particulares, pero a la vez se puede criminalizar de forma muy sencilla a cualquiera que decida manifestarse.
Todo apunta a que la disposición servirá como complemento del saqueo vigente en México, será parte de los mecanismos de represión que ya son sello del gobierno peñanietista, y contará con el aval de los partidos políticos que dicen representarnos. ■
