San Cristóbal de Las Casas, Chis. A 20 años de la firma de los acuerdos de San Andrés, que el gobierno no cumplió, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no sólo ha consolidado en cientos de comunidades indígenas la aplicación de la autonomía -uno de los pilares de los tratados- y el autogobierno, sino que su práctica se ha extendido a localidades, grupos y organizaciones simpatizantes dentro y fuera de Chiapas.
Según el EZLN, los zapatistas tal vez no tengan casas de cemento, televisiones digitales, ni camiones último modelo, pero “no sólo están mejor que hace 22 años, sino que su nivel de vida es superior al de quienes se han vendido a los partidos políticos de todos los colores”.
Durante un mensaje con motivo del 22 aniversario “del inicio de la guerra contra el olvido”, leído por el subcomandante Moisés en Oventic, la noche del 31 de diciembre pasado, agregó que “lo que se pone en su mesa, la ropa que las viste, la medicina que las alivia, el saber que se aprende, la vida que transcurre es suya, producto de su trabajo y de su saber. No es regalo de nadie”.
Los acuerdos fueron firmados el 16 de febrero de 1996 en la cabecera del municipio de San Andrés Larráinzar (municipio autónomo de San Andrés Sacamchén de los Pobres), situado a unos 26 kilómetros de San Cristóbal, después de muchas reuniones entre los representantes del gobierno federal encabezados por Marco Antonio Bernal y la comandancia rebelde, durante diez meses.
El 25 de abril de 2001, ya con el panista Vicente Fox en la presidencia de la República -quien en campaña había declarado que en 15 minutos solucionaba el conflicto en Chiapas-, todos los partidos políticos representados en el Senado de la República aprobaron la reforma indígena que incorporó sólo parte de los acuerdos, dejando fuera aspectos fundamentales.
Por ejemplo, en lugar de reconocer a las comunidades como «entidades de derecho público», éstas pasaron a ser de «interés público». También se cambió la frase «uso y disfrute de los recursos naturales» por la de «uso preferente»; «autonomía» y «territorio», fueron los dos conceptos clave que no aprobaron los senadores.
El 28 de abril, con 386 votos en favor de legisladores del PAN, el PRI y el Verde Ecologista, y 60 del PRD, el PT y cinco priístas de Oaxaca en contra, la Cámara de Diputados consumó la aprobación de la ley sobre derechos y cultura indígenas. Dos días después, el grupo rebelde rechazó las reformas porque «no responden en absoluto a las demandas de los pueblos indígenas de México, del Congreso Nacional Indígena, del EZLN ni de la sociedad civil nacional e internacional».
Las “contrarreformas”, como las llamó el EZLN, fueron avaladas en septiembre de 2002 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró improcedentes las más de 300 controversias constitucionales interpuestas por municipios de 10 estados con población indígena en contra del procedimiento utilizado para aprobar las modificaciones de agosto de 2001. Ante ello, el EZLN puso en práctica unilateralmente los acuerdos a partir de 2003 mediante la creación de las llamadas Juntas de Buen Gobierno, con sede en las comunidades de Oventic, San Andrés; La Garrucha, Ocosingo; La Realidad, Las Margaritas y Roberto Barrios, Palenque.
Así fue creciendo en los más de 40 municipios autónomos –algunos asentaos en tierras “recuperadas”-, el número de escuelas con su propio sistema educativo, clínicas, cooperativas con diversos productos, tiendas y la producción agrícola y de ganado, por ejemplo.
“Entendimos que era necesario construir nuestra vida nosotros mismos, nosotras mismas, con autonomía y en medio de las grandes amenazas, de los hostigamientos militares y paramilitares, y las constantes provocaciones del mal gobierno. Empezamos a formar nuestro propio sistema de gobernar, nuestra autonomía, con nuestra propia educación, nuestra propia salud, nuestra propia comunicación, nuestra forma de cuidar y trabajar a nuestra madre tierra; nuestra propia política como pueblo y nuestra propia ideología de cómo queremos vivir como pueblos, con otra cultura”, aseveró Moisés el 31 de diciembre.
Expuso que “donde otras y otros esperan que desde arriba se solucionará lo de abajo, nosotras, nosotros, zapatistas, empezamos a construir nuestra libertad como se siembra, como se construye, como se crece, es decir, desde abajo”.
Afirmó que “durante estos 22 años de lucha, de resistencia y rebeldía seguimos construyendo otra forma de vida, gobernándonos nosotros mismos como pueblos colectivos que somos, bajo los 7 principios del mandar obedeciendo; construyendo un nuevo sistema y otra forma de vida como pueblos originarios. Uno donde el pueblo manda y gobierno obedece”.
Durante la cuarta jornada de actividades de la Escuelita, en la cual se impartió el curso de La Libertad según los zapatistas, en agosto de 2013 en San Cristóbal, autoridades autónomas afirmaron que en su sistema “no se vende la justicia y quien comete un delito lo paga con trabajos colectivos y repara el daño”.
Remarcaron: “En el gobierno oficial la justicia es negocio porque el que tiene dinero anda libre aunque haya cometido delitos graves; se inventan acusaciones y por eso hay muchos inocentes en las cárceles”.
El subcomandante Moisés dijo en esa ocasión que como parte del proceso de autonomía, los zapatistas crearon también el Banco Autónomo Comunitario, que es utilizado para atender problemas de salud y para comercio”.
Explicó: “Hay varias formas de hacer fondos: Para que no sientan pesado las y los compañeros zapatistas, el acuerdo es que cada base de apoyo debe de dar un peso cada mes. Son 12 pesos al año. Otros (recursos) son donativos de compañeros solidarios, de los cuales una parte se va al fondo del Banco y otra al trabajo colectivo de las zonas”.
Como ejemplo, dijo que si algún zapatista pide prestados diez mil pesos en el Banco para que se le brinde atención médica a un familiar enfermo, paga el dos por ciento de interés en caso de que se cure, pero si muere ya no paga nada. “Ese es el acuerdo en la zona porque así como se perdió la vida, también se perdió el dinero”. Pero la autonomía no sólo se aplica en comunidades zapatistas, sino entre organizaciones, localidades y grupos que simpatizan con su lucha, se han adherido a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y han hecho suyos los tratados.
Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), afirmó que “cuando nacieron los Caracoles en 2003, el EZLN dijo que iba a hacer cumplir los acuerdos de San Andrés y en el ámbito de la Sexta, convocó no sólo a los pueblos originarios sino a todos los sectores que luchan desde abajo; es otro instrumento para fortalecer los tratados”.
Opinó que “a 20 años, podemos decir que es una ley de las más vigentes que se siguen construyendo y se está aplicando aunque no haya sido reconocida oficialmente. Han construido radios comunitarios, sus medios alternativos, libres o como se llamen; han creado sus procesos artísticos a través de telares, formas de gobierno y han fortalecido sus procesos a partir de la inspiración de los acuerdos”.
En entrevista, sostuvo que ejemplos de cómo la práctica de la autonomía se ha extendido están en la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas (a la que pertenecían los 45 indígenas asesinados en Acteal el 22 de diciembre de 1997), las comunidades de Xochicuautla (Estado de México); Santa María Ostula (Michoacán), los ejidos San Sebastián Bachajón y Tila, así como la comunidad de Las Brisas (Chiapas), entre otros.
“Todos los que componen el Congreso Nacional Indígena (CNI) tienen claramente el proyecto de autonomía que van construyendo cada cual bajo un proceso diferente. Todos estos son adherentes y allí viene su conexión, por eso es que los acuerdos de San Andrés y la Sexta son dos documentos que marcan una postura de proyecto de construcción alternativa al sistema capitalista”, indicó.
Aseguró que “aunque hay posiciones del Estado para someter a estos pueblos, van construyendo de manera legítima la estructura e instituciones que les permiten fortalecer sus proyectos de vida. Es un medio no sólo de defensa sino de sobrevivencia”.
Sebastián Pérez Vázquez, presidente mesa directiva Las Abejas comentó que ante la “burla y la traición del gobierno los zapatistas aplican la autonomía porque es su forma de vivir, y otras agrupaciones como nosotros aplicamos la autonomía porque es nuestra forma de vivir también”.
Afirmó que Las Abejas, no recibe nada del gobierno, pues está en resistencia, además de que “tenemos escuelas autónomas, juez, regidores, alcaldes y la mesa directiva”.
Lo mismo ocurre con el municipio autónomo Vicente Guerrero, adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, con sede en la comunidad de Elambó Bajo, del municipio oficial de Zinacantán.
“Nosotros no recibimos migajas del pinche gobierno” y “estamos avanzando poco a poco”, declaró el presidente del concejo autónomo, Agustín Pérez Gómez. Añadió que a cinco años de su fundación, han construido la casa de salud, las oficinas de las autoridades, la ermita, la cárcel y un baño con sus propios recursos y trabajo porque “estamos en la resistencia totalmente y no recibimos nada del gobierno”.
Sostuvo que “no tenemos nada de relación con el pinche mal gobierno, menos con (el presidente) Enrique Peña Nieto”.
El sacerdote tzotzil Marcelo Pérez Pérez, párroco del municipio de Simojovel, donde con él a la cabeza surgió hace unos años un movimiento social en contra del alcoholismo, el tráfico de la drogas, la prostitución y la imposición de autoridades, opinó que “antes de la firma de los acuerdos de San Andrés ya se venía viviendo la autonomía. Se quiso de una manera como que aceptara el gobierno ese reconocimiento pero al traicionarlos le dio más fuerza para ponerla en práctica en las comunidades”.
Originario de San Andrés, donde se firmaron los acuerdos, abundó: “La autonomía no sólo se ejerce en los municipios autónomos sino en todos aquellos lugares donde hay un espíritu de la resistencia, de decir no al gobierno, no a las migajas, no a la destrucción, no al sistema que nos está oprimiendo y destruyendo, que ha generado mucha pobreza, violencia, marginación”.
