■ Desde la instauración del neoliberalismo se redujo 22% gasto para universidades públicas, afirman
■ Destina la Federación .83% del PIB, similar al fijado en 1982 que fue de .72%, señalan economistas
El presupuesto que Gobierno Federal y estatal asigna a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) es en términos reales el mismo que se le otorgaba hace 30 años, lo que deriva en la necesidad de replantear aspectos como el de la seguridad social, afirman docentes de la Unidad Académica de Economía, quienes presentaron una propuesta en ese sentido al Sindicato de Personal Académico (Spauaz), a través de su delegación sindical.
Según exponen, la contrarreforma universitaria aplicada a partir de la instauración del Neoliberalismo en México se tradujo en un recorte del gasto destinado a las universidades públicas de 22 por ciento, ello solamente en la década de los 90 del siglo pasado, pero de igual forma en los dos sexenios panistas.
En este momento, Gobierno Federal destina a las universidades públicas .83 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), cifra similar al asignado en 1982 que fue del .72 por ciento, lo que indica que el gasto a esas instituciones, entre ellas la UAZ, registra un retroceso de 30 años.
“En el caso de la UAZ, a partir del año fiscal de 1994 no ha aumentado en términos reales en presupuesto y ahí ha crecido la oferta educativa, por lo que la brecha entre lo soportado en el subsidio y lo ejercido en cuanto a plazas, prestaciones y derivadas del régimen de seguridad social, tiende a crecer desproporcionalmente en relación a los ingresos de la institución”.
De esta situación derivó el tránsito a una Universidad reestructurada cada vez más profundamente de acuerdo a los parámetros oficiales, modelo que es viable a partir de tres condiciones: la debilidad orgánica de la UAZ por su enorme déficit financiero, aunado al crecimiento no planificado; la división en su interior que impide ofrecer un proyecto integral basado en un modelo de desarrollo consensado y la política restrictiva dirigida a la universidad pública.
De acuerdo a los profesores, también gravita negativamente sobre la UAZ la falta de respeto a la normatividad que en ella se ha dado y el peso de la grupocracia, además de la apatía y la desmovilización de los universitarios que no se involucran en el debate y solución de los problemas”.
En ese contexto de política salarial restrictiva y menor presupuesto al sector educativo, se reducen cada vez más los márgenes de negociación para el reconocimiento de prestaciones y pagos únicos, así como bonos de productividad y estímulos al desempeño docente, que tienen un carácter no salarial.
Los docentes de Economía señalan la necesidad, entonces, de discutir y repensar el tipo de seguridad social que necesitan ante la quiebra del viejo sistema asistencialista tradicional, a fin de lograr una solución integral, institucional, en la búsqueda de certidumbre en el régimen de pensiones y jubilaciones.
Proponen realizar dos o más estudios actuariales para proceder a elaborar, a través de una comisión colegiada multirepresentativa, propuestas de solución a la pensión dinámica jubilatoria que sean serias, viables y factibles desde los aspectos legal, contable, presupuestal, administrativo y operativo.
Asimismo, plantean adoptar un modelo de capitalización con cuentas individuales, siempre bajo control del Estado. Consistiría en un esquema híbrido que aglutinaría lo mejor de ambos modelos, el solidario y el de cuentas individuales vigente en el ISSSTE desde 2007.
Otro planteamiento es suspender el pago de la pensión por parte de la universidad durante el tiempo que el pensionado obtenga ingresos por un trabajo subordinado directo, en particular ante el hecho que muchos jubilados en plenitud de facultades obtienen otro trabajo similar en universidades privadas, proceso que se está generalizando con docentes jubilados de la UAZ.
“De lo que se trata es de crear un sistema de seguridad social que funcione con eficiencia y sin depender decisivamente de la situación económica del país, aunque necesitaría para ser viable del apoyo incondicional e integral del Estado”, concluyen.
