La consignación ante un juez de lo penal por presuntos delitos electorales de un otrora estratega del Partido Verde, al que en reconocimiento a sus desempeños se nombró subsecretario de gobernación para la prevención del delito, desató una oleada de especulaciones: De acuerdo con algunos es la cura en salud previa a un ajuste de cuentas al activismo televisivo de López Obrador; se trata según otros de fuego amigo desde la Procuraduría General de la República en dirección del jefe inmediato del consignado, el secretario de gobernación Miguel Angel Osorio Chong, por volar según esto muy alto en las encuestas a propósito de la candidatura presidencial priísta del 18; y es para otros más la primera de una serie de maniobras legitimadoras del gobierno de Peña Nieto, cuyas encuestas internas arrojan cifras espeluznantes, puesta la mira en las próximas elecciones a celebrar en varios estados de la república.
Algo muy gordo estará ocurriendo, coinciden casi todos, cuando un aliado a quien no sin pagar un alto precio se había generosamente recompensado, es echado a los lobos sin ningún miramiento.
Lo que ni por un momento pasó por la cabeza de nadie fue se tratase del funcionamiento normal de los mecanismos de impartición de justicia, puestos en movimiento por el cúmulo de denuncias interpuestas en contra de los operadores del verde.
Pues tan exigua resulta la credibilidad inspirada por las relacionadas con la justicia, en particular, y las instituciones en general, que ya se afirma por ahí la remoción del programa de Chabelo del canal dos implica la desaparición de la más fiable de las mismas.■
