Durante la semana pasada, las cúpulas dirigentes de los partidos políticos locales han empezado a vivir en una incertidumbre creciente, que desaparecerá cuando las dirigencias nacionales den a conocer las identidades de quienes serán sus candidatos al cargo de gobernador del estado de Zacatecas. Ello es así porque los dirigentes locales fueron informados de que por esto días diversas casas encuestadoras estarían solicitando a una muestra representativa la contestación a preguntas de un cuestionario cuyo propósito es medir la percepción ciudadana sobre las personas con posibilidades de ser designadas para desempeñar esa función. Se repetirá una vez más un ritual autoritario que excluye toda posibilidad de que las personas que integran un partido puedan participar directamente en la elección de sus candidatos, y que asegura la disciplina de la militancia cuando las cúpulas nacionales den a conocer el contenido de los reportes de las empresas contratadas, que han dado sobradas muestras de que elaboran dichos reportes según las instrucciones de quienes pagarán sus honorarios. De ese modo, una decisión autoritaria es disfrazada con una máscara de consulta democrática y la democracia partidista se mantendrá en el tobogán de la descomposición.
El ritual ya se cumplió en el caso de Morena, y todo indica que en los próximos días conoceremos las decisiones de quienes mandan en el PRD y aliados, así como del PRI y los suyos; en el caso del PRD veremos los resultados del reparto de candidaturas entre las distintas facciones, mientras que en el del PRI estaremos frente al resultado de la interacción entre los intereses representados por su presidente nacional, Manlio Fabio Beltrones, y la percepción subjetiva del presidente Enrique Peña Nieto que, como siempre, reserva para sí la última palabra. En ambos casos, como ocurrió en el caso de Morena, nada importan las voluntades del conjunto de militantes locales, lo que augura que sus interese tampoco estarán presentes en la mente de quien a la postre resulte gobernador. Esa es la terrible consecuencia de la corrupción de la democracia partidista en México: los gobernantes no se consideran obligados a servir a la población sino a quienes hicieron posible su candidatura y a los padrinos que financiaron su campaña.
De acuerdo con el artículo 41 de nuestra constitución, “los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.” Pero el ritual está diseñado para lo contrario, para que la población ni siquiera intente hacer valer sus derechos y acepte sin chistar la decisión de sus cúpulas dirigentes, lo que indudablemente han logrado con creces. Basta constatar la pasividad con que se espera la decisión y la enfermiza tempestad de rumores sobre el accionar de los factores nacionales que real o imaginariamente pretenden influir en las decisiones. Son muy pocas las voces que se levantan exigiendo la participación de las bases partidistas.
Si aceptamos como cierta la afirmación de que no existe democracia alguna sin la presencia de partidos políticos y la consideración de que los candidatos independientes son solo la excepción que confirma la regla, entenderemos la importancia de luchar para poner sobre sus pies a la democracia partidista que hoy está de cabeza. Desde mi punto de vista se requiere conquistar dos cosas: que se castigue ejemplarmente la compra venta de votos y el trasiego ilegal de dinero para acceder a los medios masivos de comunicación, y que las candidaturas se designen mediante el voto directo y secreto de las militancias partidistas. La primera cuestión no se logrará sin una autoridad independiente comprometida con el combate a la impunidad, mientras que la segunda implica una gran movilización de opinión pública que obligue a los legisladores a reformar el artículo constitucional citado líneas arriba, para que ningún estatuto partidista impida la participación directa de las militancias en la elección de sus candidatos, sea que compitan individualmente o lo hagan en coalición.
Por lo pronto, de no ocurrir nada extraordinario, a la decisión de las candidaturas a gobernador seguirán las correspondientes a diputados y ayuntamientos, lo que augura, ahí sí, una gran movilización en virtud de que experiencias anteriores indican que los ciudadanos consideran que en el ámbito municipal sí pueden imponer su voluntad y ejercer la soberanía popular, lo que de extenderse podría contaminar el propio proceso de lucha por la gubernatura. Será en esa etapa del proceso cuando puedan emerger las movilizaciones populares capaces de detener y revertir la corrupción de la democracia partidista.
