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jueves, 28 marzo, 2024
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Villamil: concesiones de tv de uso social otorgadas a empresarios violan la ley

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Por: ALMA RÍOS •

■ Tendrían que serles retiradas; se buscan “contenidos distintos a los de grupos comerciales”, señala

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■ “Creo que eso es lo grave, que al final de cuentas se legalice una simulación”, advierte

Las concesiones de uso social de televisión radiodifundida digital, otorgadas por el Ifetel a empresarios de comunicaciones violan “el espíritu y la letra” de la Ley Federal de Telecomunicaciones, y por lo tanto, tendrían que serles retiradas. Así se refirió el periodista Jenaro Villamil respecto de los casos que según la revista Proceso en su reciente número, involucran a Arnoldo Rodríguez Zermeño, José Bonilla Robles y José Aguirre, respectivamente, propietarios de Grupo Radiofónico Zer, Grupo B15 y Tvzac.

Precisó que el objetivo de las concesiones de uso social, es impulsar “contenidos distintos a los de los grupos comerciales”.

Contra “los informerciales permanentes, el puro espectáculo, los deportes, el show bussiness y los reality shows, se busca que no todo sea una televisión para jodidos como siempre han pensado los concesionarios –privados-, sino hacer una televisión que forme y comunique un punto de vista distinto, que difunda cultura y divulgue ciencia y que muestre la agenda de los derechos sociales, ya sea ambientales, humanos, etcétera, “yo creo que eso es lo grave, que al final de cuentas se legalice una simulación”, dijo.

La figura legal de “la concesión de uso social, es para abrir espacios a las asociaciones, a la sociedad civil, a los medios comunitarios y no a los medios privados, “yo creo que no solamente en Zacatecas ha sucedido esto, habría que revisar muy bien las concesiones que recientemente aprobó el Ifetel”, expuso.

Alertó también que este doble juego, podría servir como un mecanismo de lavado de dinero, triangulación de fondos o de exención de impuestos.

Además, el que se involucren en estas concesiones personajes que tienen un pie en la representación pública y otro en la iniciativa privada de los medios de comunicación, como es el caso de Arnoldo Rodríguez Reyes y Adolfo Bonilla Gómez, el primero ex presidente municipal de Zacatecas y actual delegado en Zacatecas de la Procuraduría del Consumidor, el otro, ex senador por el Partido Revolucionario Institucional y actual secretario de Economía del gobierno de Zacatecas, “te habla de que son al final de cuentas la misma élite de poder y que utilizan los cargos de representación para hacer juego de intereses y no juego de derechos”.

El periodista de Proceso, especialista en el tema de comunicaciones, y quien cubrió la fuente del Senado de la República, refirió el actuar del heredero del Grupo B15, Adolfo Bonilla Gómez, en ese espacio de representación pública en los temas de la reforma de medios.

“Siempre ha ido en contra de una democratización de los medios de comunicación masiva. Me acuerdo muy bien de él en el debate de la Ley Televisa”, donde dijo, defendió los intereses de los concesionarios privados.

Siendo a la par representante de elección popular y concesionario de medios de comunicación, en Bonilla Robles se tiene no solamente un caso que involucra conflicto de intereses sino tráfico de influencias, “que habla de porqué algunos empresarios y políticos utilizan los medios, no precisamente para comunicar, sino para hacer este tipo de mecanismos”.

El semanario Proceso registra en nota Florence Toussaint, que otro de los beneficiarios con una concesión de uso social de televisión digital radiodifundida es José Aguirre, propietario de la empresa de televisión por cable Tvzac, al respecto de todo esto, agregó Villamil, “el Ifetel tiene que estar muy pendiente porque además si no se corrige va a sentar un precedente”.

Dijo que se ha adelantado que para el 2016, que el organismo licitará más de 180 frecuencias de radio en la frecuencia modulada para medios privados, “entonces qué chiste tiene que también ellos acaparen el espectro que debe estar destinado a uso social”.

El acaparamiento por los grupos de empresarios de este tipo de concesiones habla “de la violación al espíritu de la ley, a la letra de la ley”.

Su intento ha sido siempre, observó Jenaro Villamil, “bloquear cualquier otro medio” que difiera del privado, de tal manera que siempre se han expresado “una especie de guerra” contra los medios otrora, llamados públicos, y los comunitarios.

Entre los argumentos de los concesionarios privados se ha esgrimido que “les roban” audiencia, el espectro radioeléctrico, les hacen competencia desleal e incluso, recordó el periodista las palabras de un subsecretario del gobierno calderonista lanzado contra la dirigente de la Asociación Mexicana de Radios Comunitarias, “usted es una amenaza en contra del Estado”.

La línea discursiva que han consolidado los negociantes de comunicaciones, “es una política permanente de bloquear cualquier tipo otro tipo de expresión que no sea privada”.

El hecho es que después de la reforma en Telecomunicaciones los medios concesionados “ya son equivalentes a autoridades porque ellos detentan el uso y usufructo del derecho a la Información y la Libertad de expresión, de los derechos de las audiencias”, explicó.

“Estamos hablando de concesiones de bienes de servicio de interés público, es decir, no son asuntos privados (…) además debe interesar a la ciudadanía porque justo lo que no ha sucedido en este país es que los medios y las concesionarias rindan cuentas frente a sus propios ciudadanos”.

Un tema que se abrió recientemente al debate con el caso de Carmen Aristegui y su conflicto con la empresa concesionaria MVS.

Sobre este problema “hay una doble lectura de los jueces, por un lado un juez que sí considera que es materia de amparo, y otro tribunal colegiado que lo desechó. En México todavía estamos en pañales en este sentido en materia de jurisprudencia. Este tipo de casos también son importantes para ir creando una cultura distinta a la que ha existido con respecto a los medios de comunicación y los ciudadanos”.

Lo necesario para la ciudadanía respecto al tema de las concesiones recientemente otorgadas a empresarios privados para televisión de uso social, es conocer cómo obtuvieron estas licitaciones, a fin de que se conteste “por qué se le exigen a ciertos grupos sociales unas reglas y a otros no. Ésa es la batalla clave, que el Ifetel transparente y aclare este tipo de dudas”.

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