Vivimos en medio de un malestar profundo con la vida social, política y económica del país, desencantados de los agentes e instituciones fundamentales para la reproducción del sistema democrático: partidos, Congresos, políticos, gobiernos; desencanto que en parte se alimenta de las exageradas expectativas que pusimos en nuestra incipiente democracia, que no sólo lograría el equilibrio de poderes, los pesos y contrapesos, los fenómenos de alternancia en los gobiernos, la convivencia pacífica de la diversidad política, la expansión de las libertades, sino que además se erradicaría la corrupción, brillaría el Estado de derecho, la economía crecería lo suficiente, disminuiría la desigualdad y abatiría la pobreza, etc.
Pero las causas más profundas y eficientes del desencanto surgen de hechos duros de nuestra realidad: El drama de nuestro proceso democratizador es que ha coincidido con 30 años de un crecimiento a todas luces insatisfactorio, lo que se traduce en que en muchas familias los hijos viven y vivirán en peores condiciones que sus padres. Son los hijos nacidos en la era neoliberal. Además, la corrupción y la impunidad anudadas están erosionando de manera grave la confianza en las instituciones públicas debido a que hoy esos fenómenos tienen una mayor visibilidad pública y una menor tolerancia social. Nada está desgastando más el aprecio por partidos, Congresos, políticos y gobiernos que episodios de corrupción reiterados que quedan impunes. Y no podemos dejar fuera a la violencia que se ha desatado en los últimos años, no sólo corroe las relaciones políticas sino las relaciones sociales a secas. Miles de mexicanos y sus familias han sido víctimas de la violencia interpersonal, delincuencial y estatal, pero incluso quienes no la han sufrido de manera directa son víctimas del temor que modifica la vida cotidiana de casi todos.
Si lo anterior fuera poco, en 2014 la percepción pública se modificó de manera radical. El tema de la “Casa Blanca” de Enrique Peña Nieto por un lado y el asesinato de 43 estudiantes normalistas, por el otro, generaron una ola de indignación que trastocó el rumbo y el ambiente en el cual se desarrollará la segunda mitad del sexenio. La desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y el derrumbe de la “verdad histórica” desnudó la connivencia de autoridades, fuerzas policiales y bandas delincuenciales. Por otro lado, la presunción de que la corrupción —el tráfico de influencias— está instalada en la cúspide del poder nacional y locales, y que resulta impune, desató otra oleada de irritación que no cesa. Anudados ambos casos modificaron el clima de la política nacional. La ola de indignación que se desató sigue reverberando en el ambiente nacional.
En lo que se refiere a la crisis de los partidos políticos, autores como Octavio Rodríguez Araujo, investigador de la UNAM, la ven asociada a la ausencia de democracia interna y al desdibujamiento de su orientación ideológica, que impide al ciudadano común distinguir a unos de otros, y destaca que las dirigencias partidarias tienden a menospreciar a sus militantes y tomar decisiones unilaterales y cupulares, al margen de esas bases o manipulándolas bajo esquemas de simulación, como en la selección de candidatos para cargos por elección.
Mientras que Lorenzo Meyer comenta “Al no ser representativos, el papel de los partidos como actores de un proceso democrático no es central. La tendencia es hacer del juego político un juego de los pocos, donde las movilizaciones sociales son más un peligro que una parte del juego democrático.” Meyer advierte que los partidos políticos son controlados por una minoría de políticos profesionales y funcionan para defender sus privilegios. La supuesta representación de los intereses de sectores amplios de la sociedad es, en la práctica, secundaria. Los recursos del Instituto Nacional Electoral (INE) a los partidos políticos, agrega, son cuantiosos y sus cuadros viven de la política y no viven para la política.
En el contexto descrito y con esas instituciones en descomposición, los zacatecanos tendremos en 2016 el proceso electoral local para renovar los poderes legislativo y ejecutivo, así como los ayuntamientos. Hasta la fecha no se nota actividad alguna de posibles candidatos independientes, mientras que los aspirantes a las candidaturas de los partidos políticos intensifican sus actividades, no obstante que todos saben que las designaciones recaerán en sus dirigencias nacionales.
En esas condiciones, sería mejor que los dirigentes locales de todos los partidos promuevan la mayor participación de la ciudadanía abriendo sus candidaturas a mujeres y hombres de la sociedad civil local que han dado testimonio de servicio y comprobado con amplitud su conocimiento de los problemas de la entidad y de las soluciones que se requieren. No pueden estar conformes con el lamentable espectáculo de la lucha entre facciones internas que únicamente tienen presentes sus propios intereses.
