México, DF. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura condenó a México por las torturas cometidas contra cuatro hombres por parte de elementos del Ejército en Baja California en junio de 2009.
La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Amnistía Internacional (AI) y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad señalaron que se trata de un hecho histórico en el combate contra este problema en el país, que día a día va creciendo.
Madeleine Penman, de AI recordó que las quejas por tortura aumentaron en México, entre 2003 y 2013, 600 por ciento, mientras José Guevara, director Ejecutivo de la CMDPDH, especificó que las denuncias ante la Procuraduría General de la República, por esos hechos, suman más de 4 mil, de las cuales mil son imputables a militares.
El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura concluyó en el caso mencionado que «México violó» artículos de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas, Crueles, Inhumanos o Degradantes. Por lo tanto, «el Estado mexicano es responsable de haber cometido tortura en contra de las cuatro víctimas»: Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro López Vázquez.
Estas personas -según narraron las organizaciones anteriormente citadas en conferencia de prensa- fueron detenidos sin orden de aprehensión en Playas de Rosarito como principales sospechosos de un secuestro.
Durante su arresto, traslado y arraigo en instalaciones militares del 28 Batallón de Infantería, ubicadas en Tijuana, fueron sometidos repetidas veces a actos de tortura y malos tratos, incluyendo golpes, descargas eléctricas, simulación de ahogamiento con bolsas de plástico, extracción de uñas y amenazas de muerte, «con el fin de forzarlos a autoinculparse de los delitos de secuestro y posesión de armas».
El Comité Contra la Tortura instó a las autoridades mexicanas a liberar de manera inmediata a las víctimas; iniciar una investigación exhaustiva y efectiva sobre los hechos de tortura; procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a los responsables de las violaciones cometidas.
También, conceder una plena reparación, incluida una indemnización justa y adecuada a las víctimas y sus familiares, así como una rehabilitación lo más completa posible a las primeras.
Asimismo, eliminar la figura del arraigo y ajustar el Código de Justicia Militar en términos de las sentencias pronunciadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para asegurar que toda violación a los derechos humanos sea competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria o civil.
