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jueves, 28 marzo, 2024
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Nueva estrategia para enfrentar el fin de la sociedad centrada en el trabajo pagado

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Por: RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ •

En México, la mayor parte de la clase política y los distintos gobiernos no asumen un hecho relevante e indiscutible: la automatización creciente de casi todas las actividades económicas está llevando al fin de la sociedad salarial o sociedad centrada en el trabajo pagado. La creciente contradicción entre la automatización y la sociedad salarial, ha propiciado diferentes propuestas para resolver un desafío que podría resultar en un apocalipsis global si se mantiene la “economía que mata” como la denomina el Papa Francisco. Desde 1995 Jeremy Rifkin, en su libro El fin del trabajo, propuso reducir la semana laboral (recogida por Carlos Slim) y promover actividades sin fines de lucro en lo que llama tercer sector o economía social, más allá del mercado y el sector público, que se promovería a través de incentivos fiscales y el gobierno pagaría un salario social a quienes en él participen. Martin Ford (The Lights in the Tunnel, 2009) reconoce que con el fin de preservar el mercado de masas en una economía en gran medida automatizada, se requiere proporcionar una alternativa a los empleos mediante un mecanismo que pueda poner en manos de los consumidores un flujo de ingresos confiable; el autor asume que no hay alternativa real, excepto que el gobierno proporcione algún mecanismo de ingreso para los consumidores, y para financiarlo propone recuperar los salarios perdidos como consecuencia de la automatización, a través de impuestos.

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Por su parte, distintos investigadores participantes en el Consejo Nacional de Universitarios han abordado el tema y parten de “la idea de que el Estado está obligado a garantizar la protección universal de los mínimos de seguridad económica (trabajo e ingresos) y bienestar social (servicios) que suponen el pleno disfrute de los derechos sociales”. Sostienen que es necesario transformar las instituciones para transitar hacia un estado de bienestar avanzado y entre sus propuestas concretas destacan: aumentar la cuantía de las pensiones mínimas; instaurar garantías para la protección

económica de cualquiera que haya perdido sus medios de subsistencia por circunstancias ajenas a su voluntad; conformación de un verdadero sistema único de salud, que elimine los compartimientos determinados por la capacidad contributiva de los individuos.

La investigadora Araceli Damián propone aumentar el salario mínimo y aplicar el concepto de universalismo básico, que comprende: seguro de desempleo, ingreso ciudadano garantizado y servicios sociales universales, y adelantándose a las objeciones, nos recuerda que el ingreso per cápita de Finlandia, cuando introdujo la pensión ciudadana universal en 1956 era 30 por ciento menor, en términos de dólares constantes y corregidos por paridades de poder adquisitivo (4 mil 600), a la de México hoy (6 mil 486).

En su documento denominado ¡¡Reconstruyamos nuestra nación!! Proponen políticas de empleo digno, una mejor distribución del ingreso y superación de la pobreza. Asumen que la insuficiente generación de empleos formales está asociada a la baja tasa media de crecimiento del PIB (que fue de 2.3% anual durante el periodo 1983-2014), causada por la estrategia económica neoliberal aplicada desde 1983 hasta ahora, y proponen pasar a una nueva estrategia de desarrollo que asegure un crecimiento del PIB similar al observado durante el periodo 1935-1982, que fue de 6.1% anual.

La política salarial de la nueva estrategia debe tener dos objetivos: elevar paulatinamente el poder adquisitivo de los trabajadores; y mejorar la distribución del ingreso entre los factores de la producción. Para lograrlo, la tasa de incremento anual de los salarios mínimos debe superar la suma de las tasas de inflación y de incremento de la productividad observadas en el año previo, como la que se aplicó en México durante la época del desarrollo estabilizador, que no provocó inflación (su tasa media fue de 2.5% anual en el periodo 1959-1970), y propició una incremento del PIB a una tasa media del 6.7% anual, debido al robusto crecimiento del mercado interno.

Es evidente que lo señalado sería el primer paso para construir un Estado de bienestar moderno que asegure el pleno ejercicio de los derechos sociales mediante políticas para: instituir un sistema único de salud, público y gratuito que garantice el derecho a los servicios de salud para todos, a partir de un modelo normativo que asegure igualdad de acceso a un conjunto creciente de servicios, ofrecidos con la misma calidad para todos; garantizar una pensión universal para los adultos mayores de 65 años que carezcan de seguridad social, que forme parte de un sistema de pensiones públicas, financiado públicamente y no contributivo, que fije montos suficientes para asegurar una vida digna a quienes las reciban, complementado de un plan contributivo para quienes trabajan en el sector formal, de administración pública y con una pensión digna; desarrollar un sistema de seguro del desempleo, universal no contributivo, articulado con políticas de capacitación y calificación laboral; instituir gradualmente un ingreso ciudadano universal mínimo garantizado para reemplazar el programa Prospera, y concebir este nuevo derecho como un seguro contra la pobreza extrema y como un mecanismo anticíclico en situaciones de crisis y vulnerabilidad. Como se ve, sí existe otro camino para México, pero se requiere de la lucha de la mayoría de los mexicanos.

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