■ Se darán facultades a la CEAIP para en omisiones graves dar vista al Ministerio Público
■ Aplicarán la figura de comité ciudadano; tendrá la tarea de revisar las solicitudes e información
La nueva Ley de Acceso a la Información Pública de Zacatecas contemplará cárcel para los servidores públicos que en ciertos casos se nieguen a transparentar el uso de los recursos o cualquier otra información de interés público, adelantó el legislador Cliserio del Real.
En entrevista, el presidente de la Comisión legislativa de Transparencia detalló que en la ley se le darán facultades a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP) para que en omisiones graves de transparencia pueda dar vista al Ministerio Público y se inicie un procedimiento penal en contra del implicado.
El diputado priísta dijo en entrevista que la Legislatura, en coordinación con la Función Pública y la CEAIP, terminará de revisar la propuesta de ley entre los días 10 y 15 de junio, para que alcance a ser aprobada antes de concluido este periodo ordinario en el Congreso de Zacatecas.
Como se ha señalado en ocasiones anteriores, la ley estatal de transparencia será homologada a la Ley General, sin embargo, se ha anunciado que tendrá algunos planteamientos adicionales, entre ellos la sanción de cárcel para quienes incumplan la normatividad.
Del Real dijo que aún se dibujan los escenarios específicos para saber en qué casos el delito podría ameritar prisión, derivado del mal uso de recursos públicos, más allá de ser inhabilitado o suspendido algún funcionario.
El legislador desconoció aún hasta cuántos años de cárcel se prevén incluir en las nuevas normas, pero insistió en que será una ley innovadora.
Puesto que además se ampliará el número de sujetos obligados, incluso más que la misma Ley General federal. También se implementará la figura de comité ciudadano; es decir, entes que se van a encargar de revisar las solicitudes y la información que piden los ciudadanos para hacérselas llegar, así como analizar la veracidad y en general tendrán injerencia para opinar si la información “está mocha” o es correcta. “Los comités ciudadanos serán una vigilante adicional a fin de permitir mayor socialización y difusión de la ley”, agregó.
