Como ya se hizo costumbre, durante los últimos días los tres partidos mayores se han estado acusando mutuamente de utilizar los recursos del poder de los gobiernos estatales que detentan, para beneficiar a los candidatos amigos. Tenemos que lamentar que ni la campaña electoral ni la jornada de ayer aportaron elementos para cambiar la percepción de la mayoría de que en México los votos se compran y se venden, que en los procesos electorales circulan grandes cantidades de dinero ilegal y que los gobiernos y los grandes medios de comunicación intervienen distorsionando la equidad en la competencia política; tampoco mejorará la imagen del sistema de partidos pues la ausencia de debates, la abundante propaganda negativa y la impunidad del Partido Verde que violó reiterada y gravemente la Constitución y las leyes, son elementos que refuerzan la convicción de que el sistema de partidos requiere cirugía mayor; los resultados en la elección de gobernador en Nuevo León generarán mayores expectativas sobre las candidaturas independientes.
Lamentablemente, se perdió una oportunidad para detener la pérdida de legitimidad de la mayor parte de autoridades electas en México, que por otra parte sigue erosionándose también por el mediocre crecimiento económico, la vergonzosa desigualdad, la devaluación de nuestra moneda y demás expresiones del fracaso del modelo económico impuesto a los mexicanos a partir de 1982. Si asumimos que la legitimidad de las autoridades de cualquier democracia se deriva de su origen y de su desempeño, entenderemos porqué en México se incrementa la falta de credibilidad de las autoridades como parte de la crisis de representación que padecemos. Las dos fuentes de legitimidad están agotadas.
A lo anterior se debe agregar que una cantidad nunca vista de mexicanos se pronunciaron activamente por boicotear la elección misma y otros por concurrir a las casillas y anular las boletas electorales; sin embargo, las respuestas de la ciudadanía frente a esas convocatorias expresa que la inconformidad y la desesperanza evidentes, todavía no conducen a que la gente rechace el sistema electoral en su conjunto. De cualquier manera, no cabe duda de que ambas expresiones configuraron un factor digno de ser tomado en cuenta en el balance final y, sobre todo, en el momento de decidir las reformas de fondo que el sistema requiere para detener la espiral de descomposición e iniciar un proceso relegitimador de nuestra maltrecha democracia.
El primer paso obligado antes de iniciar cualquier diálogo sobre las reformas específicas, es el reconocimiento general de que no vivimos en un Estado de Derecho y que el vicio principal es la corrupción y su gemelo, la impunidad. Es evidente que ese reconocimiento, de ser sincero, debe ir acompañado de medidas profundas, aunque sean dolorosas para la élite del poder. El segundo e indispensable paso tendrá que ser acordar una nueva política económica, diseñada para superar el mediocre crecimiento económico y la tremenda desigualdad resultantes de tres décadas de aplicación del modelo neoliberal; acordar una nueva política económica es la única respuesta posible al convencimiento de que ninguna democracia florecerá en un mar de pobreza coexistiendo con unas decenas de supermillonarios.
En una segunda etapa se podrá abordar la cirugía a los sistemas, electoral y de partidos, de manera que los ciudadanos recuperen el control de esas organizaciones y que disminuyan los costos que hoy determinan que la democracia mexicana sea una de las más caras del mundo. Para empezar hay que propiciar la renovación de los partidos existentes con reformas que propicien una democracia interna real, y la apertura de vínculos con la sociedad. Pero ello significará muy poco si no se deciden a bajar las barreras de entrada a nuevos jugadores, sean partidos nacionales o locales, así como las candidaturas independientes. Ello deberá acompañarse con un incremento significativo del porcentaje mínimo de votos necesarios para mantener su registro electoral, de manera que deje de estimularse la presencia de partidos sin identidad ideológica, controlados por familias o pequeños grupos de interés que actúan con pragmatismo extremo al momento de pactar alianzas políticas.
El costo de nuestra democracia debe disminuir significativamente. Ello debe implicar reducciones importantes a las prerrogativas económicas para los partidos políticos así como a diversas partidas del presupuesto del INE, tanto para periodos electorales como no electorales. En especial deben ponerse límites a los sueldos y salarios de dirigentes partidarios y miembros de la cada vez más amplia burocracia electoral. Esta medida sólo debe ser una pequeña parte de un esfuerzo nacional encaminado a poner un hasta aquí al generalizado fenómeno de auto asignación de ingresos personales exagerados por parte de toda la élite del poder.
Ante el hecho claro de que el pluralismo político ya es un hecho irreversible en el mediano plazo, se impone una reforma del sistema presidencial para dotarlo de características parlamentarias, en especial la integración de gobiernos de coalición encabezados por el partido que haya resultado ser la primera minoría. Es evidente que pasaron a la historia las mayorías absolutas. ■
