■ Agenda Política
El gobernador Miguel Alonso minimizó el problema de corrupción al interior de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad de Zacatecas en buena parte del desarrollo de las auditorías que realizó la Secretaría de la Función Pública, donde se observaron 18 irregularidades desde mayo de 2014, como lo anunciaba desde aquellos días Guillermo Huizar.
Las insolvencias que llevaron a inhabilitar al ex director, Agustín Jaime Ortiz Arellano, la semana pasada, transitaron seis serenos meses sin poder desvirtuar ni una sola irregularidad. Desorden en concesiones de transporte público, transferencias de derechos de concesión cuando éstas son intransferibles, expedición de “permisos experimentales”, discrepancia en la declaración patrimonial del ex director, ausencia en la comprobación de gastos, contratación de personal fuera de la norma establecida, nepotismo, entre otras.
Para finales de noviembre de 2014, el mismo Guillermo Huizar adelantaba las primeras sanciones para el funcionario en cuestión, ya que en las audiencias de pruebas y alegatos realizadas un mes antes, las pruebas aportadas por la parte acusada fueron insuficientes e ineficaces. En toda esa línea de tiempo, las declaraciones del secretario de la Función Pública incitaban al “respeto del debido procedimiento” ante la insistencia de los medios de profundizar un poco más en el probable escenario de corrupción.
Sin embargo, la guerra de posturas sobre el tema había avanzado en buena medida al engancharse Gobierno del Estado en contra de la –predecible- dirigente estatal del Partido del Trabajo, Geovanna Bañuelos, y los que eran diputados de su bancada, José Luis Figueroa y Soledad Luévano.
Entre el gobernador Alonso Reyes, y el ex secretario general de Gobierno, Francisco Escobedo, definieron y echaron raíces en la versión de que las acusaciones que aprovechaba el grupo opositor tenían la finalidad sólo de obtener dividendos políticos, como era su costumbre. Y efectivamente, la ya conocida agenda de golpeteo de ese instituto, no sólo en Zacatecas, sino a nivel nacional, al ceñirse monótonamente cada semana a un rosario de señalamientos, devalúa el mismo contenido y momentum de sus imputaciones. Pero no en esta ocasión.
Al interior del PT la información apuntaba sólidamente hacia la culpabilidad de Agustín Jaime, por ello decidieron aferrarse al tema durante comparecencias, conferencias de prensa, posicionamientos de sus legisladores, y todo aquel espacio mediático que tuviera como ocasión hablar de la Dirección de Tránsito, la Función Pública o corrupción.
En nada ayudó, para ese entonces, la displicencia y soberbia con que el ex director de Tránsito aseguraba no tener nada que esconder en su administración, y exigía el aseo de su nombre frente a tantos señalamientos, no sin rematar que todo aquello era “cuestión política” para desprestigiar al gobierno y que cualquier resolución desfavorable a su persona sería causa de un amparo posterior.
Si los indicadores con que el PT construyó su agenda en contra de Agustín Jaime fueron obtenidos, en todo momento, por fuentes al interior de la dependencia que encabeza Huizar, uno está obligado a preguntarse hasta dónde el gobierno, con la misma información, tenía interés de defender al ex director, y hasta dónde pudieron mantenerlo como un activo. En ambos bandos (el oficial y el de la oposición) contaban con los mismos datos que apuntaban hacia la culpabilidad del imputado.
Fue exactamente la misma auditoría practicada por la Función Pública a Ortiz Arellano con que Geovanna Bañuelos interpondría una denuncia penal en contra del funcionario, ante la Procuraduría del Estado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, falsificación de documentos y peculado.
Otra filtración más, evidenciada por el diputado Figueroa Rangél en agosto de 2014 y que vale la pena retomar, daba luces acerca de posibles “acuerdos políticos” para evitar compromisos tempranos en la administración de Miguel Alonso, cuando en 2013 renuncia Mario Caballero a la dirección del Cobaez.
Marco Vinicio Flores aludió en un principio que Caballero salía por motivos personales, debido a problemas de salud de la esposa del ex funcionario. Pero el contexto de presión política a su administración por parte de algunos docentes por la falta de pago de la seguridad social, y la versión del Sindicato Único de Personal Docente, quien no respaldó ni compartió la versión de sus compañeros, ni la destitución del director, cambió de ritmo cuando Felipe Ramírez Chávez, su sucesor, reconoció fuertes adeudos del Colegio de Bachilleres al IMSS, Issstezac, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Días más tarde Huizar daba a conocer auditorías a realizar a la administración de Caballero por irregularidades en las que enumeró: promociones escalonarias al margen de la ley, pago de bonos sin sustento, pagos de adquisiciones sin licitación previa, expedición de cheques sin comprobar y otros pagos excesivos.
Hoy, la falta de pulso político oficial en el desarrollo de las investigaciones por corrupción en Tránsito y Vialidad, regaló a la oposición la cabeza de quien reclamó. ■
