José Olvera Acevedo, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que la investigación de Proceso sobre ostentosas residencias, propiedad del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, podría ser una estrategia contra los funcionarios del Gobierno Federal “con el objetivo de desestabilizar el trabajo de Enrique Peña Nieto”.
Sin embargo, dijo que el tema deberá ser investigado y el funcionario federal deberá informar cualquier situación en la que esté involucrado, y en este caso, debe demostrar el origen de sus propiedades.
Además, sugirió que ese tipo de investigaciones no se limiten a funcionarios de extracción priísta, sino también de otros institutos políticos como el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), porque en el caso de Zacatecas, por ejemplo, hay ex gobernadores que poseen muchas propiedades sin que las hayan declarado.
Ante esa situación, “en varias ocasiones he señalado que es importante contar con una iniciativa de ley que obligue a todos los servidores públicos a que hagan su declaración patrimonial ante notario público y que se establezca que todo aquello que no se manifieste en esa declaración, pueda ser objeto de investigación y que pase a poder de la beneficencia pública”, indicó Olvera Acevedo.
En ese sentido, precisó que esa medida podría aplicarse también para todos aquellos que han ocupado algún cargo público, y no solamente a quienes ostentan un puesto en este momento.
“Aquí en Zacatecas tenemos casos de ex gobernadores, no diré nombres para que no piensen que es una opinión dirigida, pero hemos tenido gobernadores del PRD que tienen múltiples acciones en múltiples negocios y no las manifiestan en su declaración patrimonial porque están protegidos por el principio de la sociedad anónima”, agregó.
Desde su punto de vista, todos los funcionarios o ex funcionarios deben informar todos sus activos por concepto de bienes raíces, inversiones, acciones, entre otros, pues la mayoría no lo han hecho.
Una iniciativa de ley en ese sentido permitiría que todos los servidores públicos en funciones o en el pasado, tengan la obligación de dar a conocer su patrimonio, y en caso de no hacerlo en determinados bienes, que estos pasen a la beneficencia pública, según explicó Olvera Acevedo.
Asimismo, esa iniciativa podría autorizar a cualquier ciudadano a investigar las acciones o inversiones que no hayan sido declaradas por los funcionarios, y de ser el caso, se les expropiará de ellos.
“Hay muchos ex funcionarios y ex gobernadores que tienen grandes riquezas del PRD y el PAN y no se les hace nada. Hay mucha gente que tiene dinero en Suiza, las Islas Caimán, Estados Unidos, y lo hacen a través de prestanombres o sociedades mercantiles. Entonces que todo sea parejo, por eso lo que hay que ver es una iniciativa de ley que permita esa investigación a quienes han sido y a quienes son”, expresó.
Sobre el pretexto de la inseguridad para no dar a conocer esa información, señaló que “quién tenga dinero tiene ese riesgo, pero la cuestión es que sea parejo y no nada más para el PRI”.
Políticos del PRI no buscan el bien común, sino enriquecerse: Arturo López de Lara
Arturo López de Lara, presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), dijo sobre el tema de las casas en Las Lomas que adquirió en secretario de Gobierno, Miguel Ángel Osorio Chong, que los políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han demostrado que sólo buscan ocupar cargos públicos con la intención de enriquecerse y no por buscar el bien común de los mexicanos.
“El concepto de política para estas gentes es el de llegar al poder, enriquecerse y vivir con sus familias el resto de su vida de manera holgada, y hay quienes vemos a la política como una forma de llevar el bien común a la ciudadanía y de esa forma trascender como personas”, opinó el presidente del PAN.
Dijo que este tipo de revelaciones no le sorprende a los panistas, pues es una práctica que los panistas han denunciado durante años, ya que los priístas operan de forma hipócrita, y ejemplo de ello es que actualmente se ha dado información de los lujos y excesos de funcionarios federales.
Reconoció que también hay casos de funcionarios panistas que han cometido errores; sin embargo, se ha pagado el costo político. “No es que no cometamos errores, pero nunca se había visto este grado de cinismo y no me extrañaría ver más casos similares”, dijo López de Lara.
Añadió que estas acciones indignan a los mexicanos, pues habiendo millones de personas viviendo en pobreza, resulta una burla mostrar lujos, pues el problema no es que un funcionario, en este caso Osorio Chong, tenga un buen sueldo, sino que no tienen una lógica empresarial o un historial que demuestre su fortuna.
“En estas elecciones tienen la oportunidad de cambiar el rumbo, pues ahora con el PRI en el gobierno se han perdido empleos, se ha detenido la economía y se devaluó el peso mexicano ante el dólar como nunca antes”, expuso el panista.
Expresó que el pueblo decide qué tipo de gobierno quiere a través del voto, por lo que se debe reflexionar qué clase de gobierno quieren los mexicanos.
La clase gobernante, cada vez más similar a la delincuencia organizada
“No hay lugar para ingenuidades. El sistema ya no es autorreformable, ya no se puede reformar desde adentro, sólo va ser la movilización ciudadana amplia, plural, combativa e independiente del régimen, la que va a producir el cambio que necesitamos”, dijo Luis Medina Lizalde, acerca de otro caso exhibido de presunto conflicto de interés, que involucra ahora al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El reportaje que lleva la portada del semanario Proceso número 2006, El gusto de vivir en las Lomas, refiere el vecindaje de Osorio Chong con la Casa Blanca del presidente Enrique Peña Nieto, en el número 1380 de Paseo de las Palmas.
Una residencia valuada extraoficialmente en 50 millones de pesos y que consigna el medio periodístico, encuadra en la “fórmula ya probada” de “residencias lujosas, esposas adquirientes y contratistas consentidos que las financian”.
En este caso, la casa aparece a nombre de Laura Ibernia Vargas Carrillo, esposa de Osorio Chong, también servidora pública con cargo de directora general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia desde diciembre de 2012, y que señala el semanario, tiene un salario mensual de 23 mil 667 pesos más una compensación de 166 mil 177 pesos.
La familia Osorio Vargas, habitaba hasta antes de trasladarse justo frente a la residencia que habita al Presidente de la República con su esposa Angélica Rivera, la propietaria, y los hijos de ambos, la casa ubicada en Bosques de Manzanos 333, en Bosques de las Lomas, colonia colindante a la zona de mayor plusvalía de la Ciudad de México donde ahora reside, y cuyo valor se estima en 60 millones de pesos.
Ambas propiedades, fueron construidas por Carlos Aniano Sosa Velasco, contratista beneficiado durante el gobierno de Osorio Chong en el estado de Hidalgo, y actual contratista de Gobierno Federal, quien figura en el padrón oficial de Pemex Refinación bajo el número 1000054035, señala Proceso.
Justo fue Miguel Ángel Osorio Chong, quien el pasado 4 de febrero de 2015, tomó protesta a Virgilio Andrade Martínez como nuevo secretario de la Función Pública (SFP), quien tiene como primera encomienda propuesta por el Presidente de México, la de investigar si hubo o no conflicto de interés respecto a la adquisición de inmuebles que Peña Nieto, su esposa, y el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, adquirieron a Grupo Higa.
Respecto a todo esto, el líder estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Zacatecas, refirió como inadmisible crear falsas expectativas de que “desde la institucionalidad podrida” se eliminará la corrupción, pues dijo, es esta quien se encuentra adueñada del Congreso de la Unión, “laboratorio de los moches”.
Luego de otro escándalo que pudiera referir tanto conflicto de interés, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, agregó, “pues lo único que puede uno lamentar es “que la clase gobernante se parece cada vez más a la delincuencia organizada”.
Dijo, esto es la evidencia que el país está gobernado por la élite más corrupta desde los tiempos de Miguel Alemán Valdés.
En visión retrospectiva de la historia de México, expuso, el actual Presidente y su equipo de colaboradores, “ya dejó chiquito a Salinas de Gortari, a Miguel Alemán”, quienes hasta hace poco, “eran los exponentes máximos de la corrupción sin límites desde el poder”.
Instó a no perder de vista el “mimetismo” que se impone en los círculos gobernantes, pues la corrupción que el periodismo de investigación ha hecho visible en el Gobierno federal, “se reproduce prácticamente en todo el territorio nacional: el contratismo, el amafiamiento con constructores es un mal visibilizado sexenio tras sexenio”.
La codicia de un grupo “que se encaramó en el poder” desde Atlacomulco, y que inclusive dijo, aportó a la picaresca de la política mexicana el fundamento filosófico de su conducta “con aquella tristemente célebre frase de Carlos Hank González, que decía: un político pobre es un pobre político”, ha quedado al descubierto.
Esta consigna transexenal, agregó, traducida a los hechos, significa “que el político que no es ladrón no es político”.
No obstante señalar las similitudes de la clase política gobernante, cada vez más, con la delincuencia organizada, Medina Lizalde precisó “que no debemos echar a todos en el mismo costal”.
Aun siendo una tendencia abrumadora la práctica corrupta dijo, “eso no significa que no haya lugar para la honorabilidad. Pero ésta es cada vez más individual y más reducida…”.
Se deslinda Miguel Ángel Osorio de la propiedad de los inmuebles
Mediante un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, enviado a la revista Proceso, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseveró que las fincas que se le atribuyen como de su propiedad son en realizad inmuebles que rentó, el primero de 2011 a 2014, y el segundo de este año a la fecha.
“Ninguno de estos inmuebles son míos, ni de mi esposa, ni de alguno de mis familiares”, especifica el funcionario federal. Agregó que deja “perfectamente claro que no tengo inmueble alguno en el Distrito Federal”.
“Los inmuebles que son de mi propiedad, están debidamente registrados en las declaraciones patrimoniales que he entregado a la Secretaría de la Función Pública, desde que ejerzo el cargo de Secretario de Gobernación, tal y como lo ordena la Ley”, agrega el texto.
Asimismo, solicita al director de la revista Proceso publique la aclaración en las ediciones impresa y de Internet, “de la misma forma en que se difundieron lo falsos señalamientos de que los inmuebles ya referidos son de mi propiedad”, concluye.
