■ La nación, históricamente a la vanguardia, al menos en la letra, en derechos humanos: Cristela Trejo
■ Guerra contra el narco e inseguridad coadyuvan a agudizar violencia ejercida por cuerpos policiacos
El rechazo que el Estado mexicano ha hecho del informe realizado por el relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura y Tratos Crueles, Juan Méndez, y donde se señala a la tortura como una práctica generalizada en el país, es grave, dijo Cristela Trejo, integrante de Zacatecanos por la Paz.
México, agregó, se ha mantenido históricamente a la vanguardia en Latinoamérica, por lo menos en la letra, con relación al derecho internacional en materia de derechos humanos, por lo que “al decir no, el Estado mexicano está diciendo no solamente lo niego, sino no lo voy a atender. Esa es la gravedad”.
Las implicaciones son entonces, expuso, la omisión en cambios de prácticas, acciones preventivas y de seguimiento para este tema en el país.
Desde finales de la Segunda Guerra Mundial, México ha sido un país que ha firmado convenciones, tratados internacionales y ha asumido recomendaciones en materia de derechos humanos, por lo que es lamentable el rechazo del gobierno mexicano al informe que Juan Méndez trabajó durante 10 meses, y del que derivó su conclusión de que en el país la tortura es una práctica generalizada, inscrita en un contexto de impunidad y que involucra a todas las fuerzas del orden.
Méndez realizó visitas a centros penitenciarios, de arraigo, de readaptación para menores y estaciones migratorias, según ha citado la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por José Antonio Meade Kuribreña.
El rechazo de gobierno mexicano a los resultados de este informe, agregó Cristela Trejo, tendría que ver con que “estamos iniciando un proceso electoral. Afecta un informe con tanta información tan delicada del mal funcionamiento del Estado”.
La tortura es una práctica transversal practicada por los cuerpos policiacos municipales, estatales, federales y efectivos militares en México, no de ahora, sino desde hace décadas, agregó. Y no se han tomado medidas eficientes para erradicarlas desde los años 70.
Por el contrario, la guerra contra el narcotráfico y el ambiente de inseguridad en el país, coadyuvan a que se agudice la violencia ejercida por los cuerpos policiacos, misma que está llegando a un grado insostenible.
“Cada vez cada vez más intenso y recurrente hacia la población en general, al ciudadano común y corriente”, expuso.
El problema se ha agudizado según información recopilada por organizaciones de la sociedad civil, desde el año 2006 y refiere entre otros fenómenos, la desaparición forzada de personas, detenciones arbitrarias y tortura, dijo.
Sólo cuatro casos de desapariciones forzadas han sido llevados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agregó, cuando organizaciones de la sociedad civil han documentado hasta el corte realizado en 2013, alrededor de 12 mil.
Frente a avances en la legislación como la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, y la de 2013 del sistema judicial mexicano que señala será la autoridad quien deberá comprobar que no hubo tortura en caso de la denuncia de ésta, en los hechos, como el caso del rechazo de este informe, se verifican retrocesos, puntualizó.
“Son temas espinosos para el Estado mexicano, que ha tomado una postura de estados de corte autoritario, que niegan los hechos: no pasa nada”, agregó.
