■ Se cobra por un servicio que debería ser gratuito, advierte vicepresidente de la AMH
■ Sólo se cubre desinfección mediante cloración; no se revisan color y sabor: Murillo
En México no existen mecanismos ni instituciones que se encarguen de vigilar la calidad del agua para consumo humano, además de que se cobra por el vital líquido cuando debería ser un recurso gratuito, dado que es un derecho humano.
Estos dos señalamientos fueron las principales conclusiones expuestas por Marco Murillo Ruiz, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica (AMH), en el evento de conmemoración del Día Mundial del Agua, que se realizó en Zacatecas este viernes.
En el primero de los casos, el que tiene que ver con señalar como principal problema la calidad del agua y no su cantidad, explicó que la norma 127 es la que regula este ámbito y en ella se enumeran 46 parámetros que deben cumplirse, para garantizar unas condiciones adecuadas del agua para que sea realmente potable.
Sin embargo, de este listado, sólo un punto, el que se refiere a la desinfección mediante cloración para eliminar algunas bacterias, es el que se cumple. Los 45 restantes que tienen que ver con aspectos como el color, el sabor o la concentración de metales, por ejemplo, no son revisados por autoridad alguna.
Por tanto, concluyó que “si no hay un ente que esté vigilando el cumplimiento de esta norma en este momento, no tendríamos registro de cuáles son las condiciones en las que se está suministrando el agua a la población”, es decir, no se puede tener certeza de que sea de calidad.
La “malformación” que tiene la sociedad y las autoridades provoca que se le dé mayor peso a la cantidad de recurso, expuso, y esto se refleja incluso en la nueva ley de aguas que está en el Poder Legislativo federal actualmente.
Al respecto, comentó que cuando menos 80 por ciento de este texto hace referencia a la cuestión numérica, mientras que tan sólo 3, 4 ó 5 artículos abordan el ámbito de la calidad.
Advirtió que la gravedad de la falta de vigilancia en este tema radica en que la norma 127, “me parece la más importante del país porque tiene que ver con la salud de la población”.
En ese tenor, Murillo Ruiz comentó que otra de las ausencia notables en este ámbito es la de no tener un ente regulador del agua, es decir, un organismo similar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero enfocada al cuidado del agua.
Puntualizó que “sí me parece absurdo que tengamos un ente que protege a lo flora y a la fauna, pero no uno que procure la salud de la población en ese sentido del uso del agua”.
Expuso que esta instancia tendría que ser autónoma, para poder señalar al propio gobierno los incumplimientos por parte de sus dependencias. Además, señaló que otra de las funciones que tendría debiera ser la de proteger y respaldar a los ciudadanos en caso de que existan denuncias por un mal servicio.
Por otro lado, el vicepresidente de la AMH señaló que tendría que incluirse en el debate en torno a esta materia y más ahora que se está reformando la ley la cuestión de “regresar a la Federación la responsabilidad de la atención del suministro de agua a la población”, debido a que consideró que los organismos operadores “están rebasados”.
No obstante, como ahora el manejo de este servicio está en manos de estas instancias municipales, Murillo Ruiz mostró su inconformidad al hecho de que se cobre por este recurso, ya que debería ser gratuito por ser un derecho humano de vital importancia.
En ese tenor, enfatizó que los organismos operadores tendrían que disponer de los recursos suficientes como para servir a la sociedad, sin necesidad de que las personas tuvieran que pagar un dinero adicional por él.
Concluyó con un cuestionamiento, lanzado al aire, acerca de por qué en otros rubros como infraestructura o seguridad no se piden impuestos adicionales para implementar acciones o llevar a cabo obras, pero por el contrario, sí se les cobra a los ciudadanos para suministrar el agua, que es un derecho humano.
