■ A cuatro años de litigio, los periodistas no han tenido respuesta por parte de la JLCA, señalan
■ Comunicadores solicitarán la solidaridad de diversas organizaciones del país y el extranjero
A punto de cumplir cuatro años de litigio contra la franquiciataria Ciudadanía Democrática, los 21 ex trabajadores defraudados, presuntamente ganadores del fallo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) que dispone indemnizarlos, condenaron la coartada de la empresa, ahora “fantasma”, que fuera fundada por Claudia Corichi García, hija de la ex gobernadora Amalia García Medina, y ahora candidata plurinominal a diputada federal por Movimiento Ciudadano (MC).
Dicha empresa editorial aglutinó a decenas de perredistas y funcionarios del régimen sexenal 2004-2010, quienes, para evadir su responsabilidad, ahora no tienen rostro, ni bienes, ni domicilio, en tanto, la única cara visible, Azucena Reyes Miranda, quien fungiera como representante legal, fue exonerada por las autoridades laborales, lo cual también ratificó esta semana el Tribunal en la materia, es decir, no hay quién responda por el daño laboral causado, se informó en un comunicado.
Los 21 afectados, quienes fungieron como jefes de redacción y de información, así como reporteros, editores, fotógrafos, publicistas, ingenieros de sistemas, correctores, entre otros, reprobaron la lentitud con que actuó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) que, incluso, permitió, en su momento, que desmantelaran las instalaciones, saquearan el inmueble, mobiliario, rotativa y aquellos bienes que podrían haber garantizado a los trabajadores el pago de sus prestaciones de ley.
La omisión de la JLCA, que preside Carlos Almaraz Núñez, respecto a no actuar a tiempo, conforme a lo que dispone la ley para realizar un embargo precautorio, marcó la fatalidad del caso, ya que actualmente prácticamente el caso es ganado por Ciudadanía Democrática, al no haber quién cumpla con la indemnización de los empleados.
La decisión de los afectados es agotar las instancias legales, incluso contra la JLCA, y denunciar las prácticas amañadas de Claudia Corichi García, quien nuevamente busca una curul, ahora por otro partido político, mientras que su esposo, Eugenio Govea, también por MC, participará en la contienda por la gubernatura de San Luis Potosí.
Los periodistas solicitarán la solidaridad de diversas organizaciones del país y el extranjero, sin descartar movilizaciones en esta capital, socializando este episodio negro del periodismo en Zacatecas, para exigir se paguen las indemnizaciones.
