■ Pretende quitar sanciones, ampliar catálogo de información reservada, entre otros: Raquel Velasco
■ La Presidencia de la República busca eliminar el principio de máxima publicidad: Marco Torres
Las modificaciones propuestas por el Ejecutivo federal a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información que aún está en el Senado de la República, darían al traste con los avances que a lo largo de los años se han logrado en la materia.
Todo indica que la Federación con la alianza del PRI pretende amurallar la transparencia, para permitir la corrupción con mayor libertad y sin restricciones.
En ello coincidieron a grosso modo la comisionada de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP), Raquel Velasco Macías y Marco Torres Inguanzo, uno de los conductores del programa Synergia de La Jornada Zacatecas Tv, en una emisión moderada por Carlos Navarrete, donde se analizó el problema de la corrupción en México, un país que según Transparencia Internacional, ocupó en el índice de percepción de la corrupción el sitio 113 de 175 países durante 2014.
En el ámbito de la aprobación de la Ley General de Transparencia y que después se deberá replicar en los estados, la comisionada cuestionó que después de tener una reforma constitucional de avanzada, se pretendan hacer cambios tan sustanciales que se conviertan en un embate a la transparencia al querer quitar sanciones, ampliar el catálogo de información reservada, eliminar la prueba de daño, entre otros.
Marco Torres enfatizó en que la Presidencia de la República pretende eliminar el principio de máxima publicidad, lo cual es el alma de la Ley de Transparencia. Para reservar información bastará que de manera discrecional alguien lo decrete y peor aún, después de la Reforma Energética y el plan de apropiación de recursos de la nación, los documentos sobre extracción y explotación del petróleo se manejarán como seguridad económica, y nacional.
Sin contar con “la broma de mal gusto” de nombrar auditor superior a Virgilio Andrade, un ex asesor y quien le elaboraba los discursos al líder petrolero Carlos Romero Deschamps. Todos esos elementos, consideró Torres, son señales y anuncios de que el Ejecutivo y el PRI buscan amurallar al Estado para no ser susceptibles de controles anticorrupción.
Se va en regresión, reconoció la comisionada presidenta al hablar de la necesidad de estar alertas y buscar diálogo con los diputados y senadores para solicitarles que no desechen los logros de la reforma constitucional. De lo contrario el sistema anticorrupción se hunde.
Ante ese escenario, Velasco habló de la urgencia de combatir la corrupción al estar México en una crisis de partidos, políticos y en general la gente no confía, tiene resentimientos naturales por los graves escándalos de corrupción de los que se dan cuenta.
Marco Torres agregó que el problema de la corrupción se va hasta el terreno macroeconómico y, por ende, es un obstáculo para el desarrollo de la economía, al grado de que se trata de 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) que son 1.5 billones de pesos al año, es decir, más de lo que se destina a educación.
Carlos Navarrete aludió a los escándalos de la Casa Blanca de Enrique Peña, el cual en otro país ya no sería presidente, pues en Estados Unidos cuando aparece en un medio de comunicación serio algún escándalo de corrupción, es motivo suficiente para investigar al político.
Mientras que Raquel Velasco consideró que la corrupción en parte de la población se entiende como algo natural, Torres difirió al creer que no es un problema de individuos corruptos, sino del hecho de que las instituciones lo permiten y la hacen posible, no es asunto de cultura general, sino de que no existen mecanismos en las instituciones que la eviten.
La presidenta de la CEAIP admitió que las instituciones de transparencia y fiscalización están desarticuladas, hay desfase en las etapas procesales, los tiempos para sancionar a alguien son largos y casi nadie está en la cárcel por corrupto.
A decir de Torres Inguanzo, los órganos de control no han servido para nada, pues los grandes escándalos como los hermanos Bribiesca, la Casa Blanca y otros se han dado a conocer por filtraciones a la prensa, pero ninguno por efecto de la investigación de un órgano fiscalizador.
Ante el escenario poco esperanzador que hay en México en combate a la corrupción, la CEAIP confía en la presión de los medios de comunicación, las Organizaciones No Gubernamentales y la sociedad civil para detener las observaciones que el Ejecutivo “se sacó de la manga” y por el contrario, se defiendan logros, ya que sin sanciones la ley no servirá de nada.
La situación de México es tal, que ha llegado un punto en el que cada persona se refugia en su proyecto personal, sin importar lo público, agregó Velasco al compartir datos que detienen la participación como el hecho de que el nuevo Código de Hacienda costará 15 pesos cada fotocopia, hecho que sólo inhibe el derecho a la información. Incluso en la actualidad todavía hay resistencia a informar sobre lo que un funcionario gana.
Finalmente para Marco Torres, las seis semanas que vienen serán claves para el tema de transparencia desde el Senado, máxime ante un Gobierno Federal que es apoyado por la mayoría de las administraciones estatales y el PRI.
Lo interesante será ver qué fuerzas políticas se ponen del otro lado en la búsqueda de “romper la murallas contra corrupción de un país fétido de corrupción”, como es México.
