Demasiados mexicanos están totalmente excluidos del Sistema Nacional de Salud y Seguridad Social, pero los incluidos, los derechohabientes, enfrentan todos los días las consecuencias de la falta de solución a los problemas de fondo del sistema: la insuficiencia crónica de su financiamiento y su carencia de infraestructura y personal de salud, como lo evidencia la denuncia presentada ayer sobre las condiciones del Hospital del IMSS en Zacatecas capital. Los datos de la Organización Mundial de Salud lo explican: entre los países latinoamericanos con un nivel semejante de desarrollo, el gasto público en salud de México es el más bajo: 3 por ciento del PIB. Tiene, además, el gasto público per cápita –US$ 320– más bajo, además de que de 2002 a 2013 este indicador tuvo el menor incremento de toda América Latina: 84 por ciento. Por ello, ninguna institución pública ha construido y equipado la infraestructura física requerida para atender la demanda de servicios y todos mantienen un déficit grave de personal regular y operan cada vez más con trabajadores precarios. Corregir estos problemas debe ser la bandera de lucha de todos los derechohabientes, y la prioridad gubernamental si, como se dice, se quiere hacer exigible e igualitario el derecho a la salud de todos los ciudadanos.
En lugar de cambiar de política, los firmantes del Pacto por México se proponen aprobar una legislación presentada por el PAN, con lo cual habrán completado prácticamente toda la receta contenida en el llamado Consenso de Washington, aplicado en nuestro país a partir de 1982. La iniciativa panista se mantiene congelada en el Congreso de la Unión por conveniencia política dada la cercanía de las elecciones de diputados federales y otras autoridades locales. Sin embargo, ahí está esperando, como espada de Damocles, la propuesta que coincide puntualmente con la concepción del PRI, que conocimos desde 1995 cuando se reformó la Ley del Seguro Social y en los debates sobre el Seguro Popular. Se intenta separar la regulación de la administración de fondos de salud/compra de servicios, de la prestación de servicios, a fin, dicen, de generar competencia de mercado para mejorar la calidad. Pasa por alto que no hay evidencia alguna en el mundo de que la competencia mercantil en esta materia impacta la calidad ni de que genere mayor eficiencia. Son creencias o mitos neoliberales, como los que propiciaron la eliminación de la regulación del sector financiero y que a la postre provocaron la peor crisis económica desde la gran depresión de 1929.
En abstracto, parece atractivo que haya un sistema universal de salud que acabe con la segmentación del sistema público para establecer igualdad de derechos para todos los mexicanos, sin embargo la ley establece la prestación privada de servicios pagados con fondos públicos y la ampliación del mercado de seguros médicos complementarios, y expone a las instituciones públicas, particularmente al IMSS, a reglas que trastocan la prestación de servicios médicos a sus derechohabientes.
Es, además, una propuesta restrictiva, porque sólo determina un Paquete de Garantías Explícitas de Salud (PGES), probablemente el del Seguro Popular, con estándares de calidad y tiempos máximos de espera, con la obligación de prestarlo de la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE, instituciones que con las actuales carencias se verán obligadas a posponer la atención de todos los padecimientos excluidos del PGES, lo que en la práctica significa una pérdida de derechos a la atención médica oportuna de los derechohabientes del Seguro Social y, como no tienen la capacidad suficiente de atención, tendrán que comprar la atención del PGES a los prestadores privados pagándoles con recursos del fondo público que se pretende establecer, que serán descontados a las instituciones públicas, como ya está ocurriendo en Chile, donde existe el mismo esquema desde la dictadura de Pinochet y que hoy provoca masivas movilizaciones de la población afectada.
La iniciativa del PAN no debe ser aprobada porque sus efectos agravarán el cuadro de una sobrecarga de trabajo y abatimiento salarial sin par en el horizonte latinoamericano. La iniciativa potencia los efectos regresivos de esta realidad e impone una precarización creciente del ciclo de la vida laboral. No moderniza: precariza. Es un salto hacia atrás. Incrementa las intensidades de la jornada de trabajo con menos derechos, mínima protección social, pensiones a la baja y servicios de salud cada vez más compactados.
No construye una combinación equilibrada y moderna entre protección social y nuevo entorno laboral, que es lo que se requiere. Destruye el pacto del siglo XX para sustituirlo por el mercado. Hunde el soporte financiero y la misión cohesiva de la salud y seguridad social de los mexicanos. Con propuestas como ésta, México está llegando tarde y mal a un modelo de reforma impugnado con amplias evidencias, y crecientemente abandonado en el resto del mundo. Ello ocurrirá a menos que los derechohabientes se movilicen para evitarlo. ¿Lo veremos?
