El año de 1994 inició con un acontecimiento que impactó las conciencias del pueblo de México y del mundo; la rebelión armada de miles de integrantes de los pueblos indios chiapanecos organizados en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y la narrativa novedosa del carismático subcomandante Marcos. La solidaridad de millones detuvo la respuesta masiva del ejército y creó las condiciones para que pronto prosperara la propuesta de encontrar una salida pacífica al conflicto mediante el diálogo político. El 10 de enero, una semana y media después del levantamiento armado, el presidente Carlos Salinas de Gortari nombró a Jorge Carpizo como secretario de Gobernación, en sustitución de José Patrocinio González Garrido. Carpizo fue el encargado de coordinar los trabajos de diálogo con los zapatistas y al mismo tiempo encabezó un activo cabildeo con los candidatos presidenciales (Luis Donaldo Colosio, Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas) y los dirigentes nacionales de los partidos, para evaluar la situación y plantear la voluntad del gobierno de llevar a cabo una nueva reforma política, ahora con la participación del PRD, que hasta entonces había mantenido una postura opuesta a todo diálogo con Salinas. El 27 de enero se firmaron 8 compromisos por la paz, la democracia y la justicia, que sirvieron de guía para las intensas negociaciones que se desarrollaron en un edificio de Gobernación en la calle de Barcelona, por lo que los resultados dados a conocer los días del 14 al 17 de marzo se denominaron Acuerdos de Barcelona.
La delegación del PRD en esas negociaciones fue encabezada por Porfirio Muñoz Ledo, en su carácter de presidente nacional, y yo mismo participe por ser el responsable electoral de la dirección nacional. Fuimos testigos de los esfuerzos de Carpizo para convencer al PRI y a Salinas de que las reglas del juego de la disputa pacífica por el poder no deberían ser impuestas por la mayoría sino ser producto del mayor acuerdo posible; también insistía en crear condiciones para hacer posible la integración, en el futuro, de los propios zapatistas al sistema de partidos.
Lo anterior viene a cuento porque hoy vivimos la confluencia de múltiples crisis: económica, de legitimidad de todas las autoridades por la expansión descontrolada de la corrupción, que afecta al propio titular del Poder Ejecutivo federal y su equipo, de representación y de credibilidad del sistema de partidos y, lo más grave, de incapacidad estatal de garantizar la seguridad humana, ante todo lo cual el gobierno sólo apuesta al cansancio y olvido de los sectores de la sociedad movilizados desde hace cuatro meses, desde que ocurrió la masacre de Iguala y la desaparición de los 43. Hasta hoy no han anunciado iniciativa política alguna, ni respondido adecuadamente a los sectores que llaman a no participar en el proceso electoral, lo que confirma que el gobierno “no entiende que no entiende”, como lo señaló la revista británica The Economist.
De lo anterior se puede concluir que en Zacatecas se requiere una reforma electoral local que no sólo actualice la legislación sino que responda a la nueva y grave situación que se ha creado en los últimos meses. En esa lógica, necesitamos una legislación electoral que sea producto de la participación de la sociedad, que demuestre que la élite del poder en Zacatecas entiende la gravedad de la situación y, sobre todo, que la decisión sobre las normas de la lucha por el poder no es un asunto de 30 personas, mucho menos de una sola.
Asimismo, la reforma debe contener medidas que propicien la reforma de los partidos existentes para que la ciudadanía se apropie de los mismos y la desaparición de los que resulten incapaces de auto reformarse; hay que abrir nuevas opciones para que la población que no confía en los partidos existentes participe en el proceso político local, haciendo más fácil el surgimiento de partidos locales, creando condiciones equitativas para las candidaturas independientes, eliminando las normas discriminatorias contra los ciudadanos que voten por ellos, y las que sean necesarias para tornar viables la consulta popular, la iniciativa ciudadana y el referéndum ratificatorio.
La reforma electoral debe otorgar, de una vez por todas, el derecho a votar en las elecciones de gobernador y diputados locales, a los zacatecanos que viven fuera del territorio de la entidad. La Legislatura local debe ese reconocimiento desde hace mucho tiempo a quienes contribuyen al sostenimiento de miles de familias y de la economía zacatecana en su conjunto. Todas las reformas orientadas a construir una democracia cada vez más participativa y equitativa deben ser evaluadas por los legisladores con la convicción de que esa es la dirección correcta para fortalecer nuestra convivencia democrática. El pueblo de Zacatecas no merece que los legisladores se cierren a la participación ciudadana y se dispongan a dictaminar, discutir y aprobar los decretos, como si se tratara de un asunto de rutina. Deben tener presente la importancia del tema y convocar de inmediato a los foros públicos. ■
