Tal como sucediera en el ensayo general del Estado de México, tanto en la salida del comisionado Castillo de Michoacán como en su desempeño precedente aparece una constante del régimen encabezado por el lic. Peña Nieto, consistente en dar a sus logros apariencia de fracasos.
Se trata de un procedimiento harto sencillo, tan viejo como la misma humanidad: se anuncia que se persigue un fin determinado: dar con el paradero de una niña perdida, por sólo imaginar un ejemplo, o bien pacificar algún estado de la República, cuando se intenta en realidad algo completamente distinto: ocultar el homicidio de la niña en cuestión, en la primera figuración, o bien impedir a los pobladores defenderse de los criminales que los asuelan, en la segunda. Si amén de un costal de mañas, el operador de tales “descalabros” resulta portador de un rostro que recuerda el del difunto Stanley Laurel, el flaco de la desternillante pareja conocida en el mundo hispanohablante como el Gordo y el Flaco, la operación adquiere visos de consumada perfección.
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Quienes acudieron semanas atrás al teatro Calderón, atendiendo una cordial invitación girada por un precandidato, al saber hace unos días que la secretaría desde la cual hace grilla su ocasional anfitrión entregó en Ciudad Juárez la friolera de setenta y ocho mil televisores, de gran formato y última generación, no habiendo ellos recibido sino un librito de la docta autoría del susodicho anfitrión; agravada tal vez por el diferimiento no pudieron acaso evitar sufrir una gran decepción; porque si bien es cierto el pensamiento de todo un clásico del género, cualquiera que éste sea, se plasma en el volumen de marras, debido quizás a las deficiencias educativas propias de los acarreados, hubiesen probablemente preferido se retribuyese su esfuerzo con el plasma de algún televisor.
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Vistas objetivamente las cosas, el insistente reclamo de justicia para Armando Haro, recientemente asesinado, no deja de ser inequitativo; porque si una de las poquísimas cosas que con relativa equidad en nuestro estado democrático y de derecho son distribuidas, es precisamente la ausencia de justicia penal, si en el caso que nos ocupa tal justicia se cumpliera ¿no implicaría esto un trato privilegiado? ■
