La Constitución de 1917 expresó la voluntad del pueblo de México llevada a Querétaro por los diputados constituyentes, quienes tuvieron buen cuidado de recoger, en el artículo 39, un texto originalmente escrito por el gran José María Morelos, que prescribe que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y que todo poder público dimana del mismo pueblo y se instituye para beneficio de éste. Asimismo afirma que el pueblo mexicano tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
Además, nuestra Carta Magna vigente contiene, en su artículo 1, definiciones muy importantes que vale la pena transcribir: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”
A la luz de esos textos constitucionales se puede afirmar que el problema de fondo que hoy debemos afrontar las actuales generaciones de mexicanos es que los poderes y las distintas autoridades no están garantizando los derechos más elementales de la población, pues han sido capturadas por grupos que sólo representan intereses particulares. Ello nos obliga a tomar el toro por los cuernos y disponernos a hacer las reformas que sean necesarias para garantizar que todas las instituciones se orienten a servir a la población, y contribuyan a cambiar laactual percepción de que los gobiernos son una fuente de problemas y no de soluciones.
Desde mi punto de vista, las instituciones del Estado en Zacatecas deben fortalecerse para que la población las reconozca como el espacio la toma de decisiones legítimas, eficaces y eficientes, orientadas a resolver los problemas que la sociedad reconoce como relevantes. Para que sean capaces de aplicar el mandato electoral en todo su territorio a todas las clases sociales. Su acción cotidiana debe ser sentida positivamente por todos los ciudadanos, lo que se expresará en un aumento en la credibilidad y legitimidad del Estado.
Asimismo, debemos corregir ya las deformaciones del sistema democrático en su conjunto: autoritarismo, patrimonialismo, clientelismo, amiguismo y nepotismo; porque son la manifestaciónde la captura de las instituciones y políticas públicas por intereses particulares. Su presencia, en distintos grados y niveles, es la causa de la existencia de una cultura política deformada que ve en los procesos electorales, no una oportunidad para debatir y decidir sobre los problemas de la sociedad y de sus posibles soluciones, sino una vía para lograr beneficios personales, familiares o de grupo. Lo peor de todo es que esta concepción deformada de la política es aceptada como natural e inevitable por la mayoría de la población.
Estoy convencido de que la recuperación de la legitimidad del Estado exige tomar medidas inmediatas para:
- Asegurar la información suficiente y oportuna a toda la sociedad sobre las decisiones que se toman.
- Instaurar mecanismos que garanticen el diálogo permanente entre la sociedad civil y los órganos del poder público, así como la iniciativa ciudadana, la consulta popular, el plebiscito y el referéndum.
- Construir un gran acuerdo, con la más amplia participación de la sociedad, sobre la manera de garantizar los derechos de todos los zacatecanos.
- Garantizar la eficacia y la eficiencia de servidores públicos estatales, la racionalización de los procesos administrativos y el funcionamiento como un solo organismo al servicio de la sociedad.
- Garantizar la imparcialidad del aparato gubernamental en los procesos electorales asegurando su comportamiento institucional, garantizando la vigencia del Estado de Derecho con la instauración de un verdadero servicio civil de carrera y de un sistema de sanciones severas a los servidores públicos que utilicen facciosamente los recursos puestos a su disposición.
- Garantizar que no se confunda el interés público con el privado. Asegurar que los funcionarios públicos no utilicen sus cargos en la búsqueda de rentas particulares o para su promoción personal, y garantizar la mayor transparencia en los procesos de licitación y de asignación de contratos y concesiones. Aprobar de inmediato nuevas leyes estatales para impedir abusos en las remuneraciones de los servidores públicos.
- Actualizar todo el marco jurídico relacionado con la seguridad y la impartición de justicia para eliminar la impunidad y, sobre todo, los abusos de la autoridad sobre los más pobres. Garantizar la independencia del ministerio público.
- Garantizar la disminución radical de la violencia sobre los más pobres y más vulnerables.
