Si se quiere combatir la desigualdad es necesario, por lo menos, colocar a México en la ruta de que efectiva, no declarativamente, niños, niñas y adolescentes reciban educación de calidad y que todos y todas estén en la escuela, además de garantizar su derecho a la supervivencia, a la protección y a la participación que debe atender un Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto requiere una inversión sustancialmente superior a 1.6% del presupuesto aprobado para 2015, destinado a Prospera, para incluir a todos los que cuentan con la edad normativa para incorporarse a la escuela, así como los que se encuentran en rezago educativo. El trabajo de Prospera es transferir los apoyos y orientar el establecimiento de los servicios, no proporcionarlos.
Prospera aparte, es responsabilidad de la SEP garantizar el derecho a la educación. Se sigue posponiendo hacer el traslado masivo de recursos humanos y financieros, especialmente a las zonas indígenas y rurales, y localidades urbanas depauperadas, que se requiere para proporcionar un servicio de calidad. Si se quiere mejorar no hay más que hacer una inversión histórica en la formación de maestros, y en las escuelas mismas, porque el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial 2013 (Cemabe) reporta, por ejemplo, que sólo 41.9% de las escuelas de Guerrero tienen acceso al agua de la red pública (el promedio nacional es 70.3%) y sólo 65.5% de las escuelas cuenta con silla para el maestro en todas las aulas (80.8% es el promedio del país). ¿Para cuándo?
Vernor Muñoz, relator especial sobre el derecho a la educación de la ONU, propone integrar las escuelas del Conafe al sistema educativo regular. Entre tanto no puede seguirse asumiendo como correcto que el presupuesto para esta institución haya sido 1.08% del presupuesto total en educación para 2013. Tampoco el ridículo presupuesto para el combate al rezago educativo de toda la población, no sólo de los adolescentes de 15 a 17 años, que para el INEA fue de 0.80% en ese año. Recuérdese que el servicio que prestan ambas instituciones no lo realiza personal profesional.
Sin embargo, a la par de esos raquíticos presupuestos, ocurre lo que el Cemabe reporta: 39 mil 222 personas que nadie sabe qué hacen ni dónde están y 30 mil 695 maestros comisionados o con licencia que viven del presupuesto nacional. Durante el sexenio de Calderón se gastaron 27,2 milmillones de pesos (2,05 mil millones de dólares) en publicidad oficial. ¿Hay dinero o no hay dinero?
¿Por qué el presidente Peña no propuso invertir para terminar para siempre con la “escuela pobre para pobres” y eliminar el rezago educativo en adolescentes de 15 a 17 años?
Ahí está la posibilidad de cambiar la historia de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, por lo menos en una buena parte. Pero la propuesta del presidente no incluye a la educación, ni se plantea enfrentar con decisión los desafíos que plantean la pobreza, la discriminación a la población indígena y los obstáculos para la Reforma Educativa que en esos estados son enormes. Además de invertir hay que enfrentar las consecuencias del abandono de la autoridad educativa en esos estados. Por ejemplo, el Cemabe estima que en estas entidades del “sur” no fueron censados 17,306 centros de trabajo y nada menos que 1, 607,793 alumnos. El “personal” no censado fue de 109,338.
Se requiere construir las condiciones para impulsar una gran reforma a la educación en esas entidades, empezando por las formas de enfrentar el problema. El nuevo arreglo del Estado con los docentes tiene que incluir el mejoramiento sustancial de sus condiciones de vida y de sus hijos, y un plan de formación docente, seguimiento y evaluación para lograr que los niños, niñas y adolescentes alcancen aprendizajes relevantes para sus vidas y puedan participar en la sociedad del conocimiento. Esto no puede evadirse, a menos que se quiera seguir dejándolos en el pozo de la pobreza y la desigualdad en el que actualmente se encuentran, y que sólo “prospere” la violencia.
La Reforma Educativa no avanza porque no se han producido los cambios institucionales que impidan la aplicación de una política irresponsablemente inercial, que no asegura competencias para la vida en los que asisten ni acceso de todos y todas. Seguimos pagando las consecuencias del pacto mafioso del estado con Elba Ester Gordillo y sus antecesores. Resolver a fondo el conflicto con la CNTE en esos estados es ineludible. Y los maestros deben ser parte de la solución.
Ojalá que organizaciones especialistas en el tema y el INEE impulsen un debate plural para definir ese nuevo arreglo, con presupuesto incluido, porque lo importante es lograr que la educación llegue hasta el último niño, niña o adolescente.
Cabe señalar, finalmente, que el “sur”, no se nos olvide, está en todas partes. Violencia y exclusión educativa siempre se acaban encontrando.
Las mayores tasas de homicidios en la población de 0 a 17 años, después de Guerrero (61.4), se ubican en Chihuahua (55.7) y Tamaulipas (53.04) (Inegi, 2010-2012). La exclusión educativa en estos dos últimos estados asciende a 166,961 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años.
La tasa más alta de desaparecidos en la población de 0 a 17, de acuerdo con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (oct. 2014) la tiene Tamaulipas (175.8), seguido de Baja California (49.8) y Coahuila (38.0).141, 555 personas de 0 a 17 años no asisten a la escuela en estas dos entidades.
No puedo dejar de dedicar una palabra a Zacatecas, un estado con rasgos del “sur” en el norte, que tiene 101,890 becarios de Prospera y 47,685 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años fuera de la escuela. Zacatecas es el lugar 26 en homicidios en la población de 0 a 17 años, pero en homicidios de niñas es el 30, o tercer peor lugar del país, luego de Guerrero y Chihuahua.
Cierro deseándoles una feliz Navidad y un gran 2015. Que el año nuevo nos acerque al ejercicio pleno de los derechos humanos en México y que nos traiga fuerza en los brazos para no bajarlos. Mis deseos son: justicia, alto a la impunidad y educación para todos los niños, niñas y adolescentes. Ojalá encontremos el camino para lograr efectividad: un Estado de Derecho que asegure igualdad ante la ley y garantía de derechos. No rollo. Mil gracias por su compañía. Abrazo grande.
@LuisBarquera
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