■ Este sector debería preocuparse por recomponer el tejido social y no criminalizar protestas, señala
■ Violencia que vive México es producto de la asociación entre la criminalidad y el Estado, afirma
“La crisis del país está en las instituciones y sus actores políticos, no en las manifestaciones de los ciudadanos que no están de acuerdo. La violencia que vive México no es producto de las manifestaciones de los padres de los normalistas, sino de la asociación entre la criminalidad y el Estado, eso está perfectamente claro…éste es un país en donde tú levantas una piedra y seguramente sale un brazo o una pierna de una persona, estamos llenos de muertos”, dijo Rubén Ibarra Reyes, director de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
La clase política debería estar preocupada por recomponer el tejido social y no por legislar para criminalizar las movilizaciones sociales, agregó el docente e investigador.
Sobre las protestas masivas que se han verificado en México de manera reiterada a lo largo y ancho del país en los últimos meses, dijo, son una válvula de escape del descontento social que al obstaculizarse legalmente provocarán se sume a la exigencia de justicia que ha detonado el caso Ayotzinapa, una reacción más contundente de la sociedad, “al agregar a esta bandera absolutamente legítima, reclamos contra la represión de los ciudadanos, la desfachatez con que actúan los políticos y su desprestigio”.
Ibarra Reyes se refirió así a la decisión tomada este 2 de diciembre por parte de diputados del PRI, PAN, PVEM y Panal para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de integrar lo que denominaron “derecho a la movilidad”, mediante la modificación a los artículos 11 y 73.
Los cambios se han señalado por críticos como una autorización al Estado para buscar mecanismos alternativos al ejercicio de las libertades de expresión, reunión y manifestación o en palabras del columnista de La Jornada, Julio Astillero, la implementación de una “Ley Bala” nacional, en alusión a su antecedente de Puebla, pero que han seguido otros estados, entre ellos Zacatecas, con las limitantes a estos derechos, impuestas en este caso mediante el nuevo Reglamento de Tránsito.
“Si las cosas estuvieran bien la gente no se movilizaría”, dijo el académico, para agregar, “habría que pensar mejor en una reforma que eche para abajo todas las reformas estructurales, de manera que se garantice a los ciudadanos su posibilidad de vivir en un lugar digno, se asegure su sobrevivencia justa y legítima, y no estar tratando de impedirle que se manifieste”.
Estos obstáculos dijo, son vergonzosos y aún calificó de infame “el pensar que un derecho humano pueda ser motivo de regulación”. Advirtió, “al rato va a llegar un momento en que nos prohíban respirar, caminar, trabajar o comer…es absurdo”.
También citó un estudio reciente que señala a 60 por ciento de la población como convencida de que la única forma de manifestar su descontento es salir a las calles, bloquearlas y paralizar la ciudad.
“Este numerito, este indicador, tiene una lectura mucho más profunda: la sociedad no confía en sus autoridades y no encuentra en el Estado de Derecho un hilo de diálogo con sus gobernantes”, expuso.
De esta manera y cada vez más, el recurso de la ciudadanía para ser atendida en sus necesidades y demandas es “haciéndola de emoción, poniéndomeles enfrente y paralizando la ciudad”.
Comentó acerca de los legisladores que han propuesto este tipo de medidas restrictivas a los derechos humanos de los mexicanos, al desconocer a la sociedad que norman, muestran “un nivel académico e intelectual sumamente pobre”.
“Pero tienen asesores a quienes les pagan millonadas. Si un asesor de estos por lo menos conociera esta realidad, le diría seguramente a su legislador: cuidado no criminalices la válvula de escape del descontento social…”.
En la coyuntura que se expresa el país, agregó, la iniciativa que buscará convertirse en una Ley General luego de que sea aprobada por las legislaturas de los estados, obedece a dos elementos que deben analizarse: un gobierno completamente autoritario “y eso hay que decirlo con todas sus palabras”, y lo que denominó “parches legislativos” o de plano, “locuras legislativas”.
Al respecto de esto último, precisó, aún no se resuelven los problemas reales del daño que se ha hecho al tejido social, el desempleo, la inseguridad y otros igualmente graves, “y a los diputados se les ocurre cada cosa, que de verdad no tiene sentido”.
“Al final de cuentas esta iniciativa por más que se le pongan títulos bonitos, lo que está es criminalizando la movilización y la protesta social”, sintetizó.
Antes de modificar la Constitución dijo, “habría que preguntarnos qué es lo que provoca la movilización y la protesta, porque si uno de los argumentos de los promoventes es el de evitar la violencia de los manifestantes que de alguna manera han transgredido la ley, habría que garantizarle al ciudadano su derecho a manifestarse y expresarse, y evitar que infiltrados, que son los menos siempre, afecten la vida cívica de una ciudad”.
Luego de reiterar que la clase política está alejada de la sociedad y ocupada en mantener sus privilegios antes que en la búsqueda de satisfactores sociales, auguró para 2015 unas elecciones vacías, y refirió en sustento, los resultados arrojados por el Informe País del INE, en que se precisa, 2 de cada 10 ciudadanos no confían en los partidos políticos.
“Hay que decirle a los políticos: cuando la gente se abstiene de votar no se abstiene por ignorante, se abstiene como medida de rechazo a ellos, al sistema político, a las elecciones, a las instituciones. En lugar de pensar en cómo criminalizar a los manifestantes, deberían mejor preocuparse de cómo salir de esa grave crisis y la única forma que encuentro yo es democratizando al sistema político mexicano”, puntualizó.
