Volvemos a encontrarnos, las organizaciones de la sociedad civil de 12 entidades federativas, para compartir diagnósticos y acordar acciones ante la grave crisis institucional que actualmente vivimos, resumida en una imagen: ¿Dónde están los 43 y miles -más-?, ¿Dónde están los desaparecidos de Nuevo León? ¿Dónde están los desaparecidos de Tamaulipas? ¿Dónde están los desaparecidos de Zacatecas?…
Las exposiciones, el primer día, se dividieron en dos partes. Al inicio, aportamos elementos sobre las situaciones vividas en cada entidad federativa. Emerge un panorama que continúa siendo a pesar de cierto tipo de mejoría, extremadamente negativa. Se trata de contextos donde el movimiento de solidaridad con Ayotzinapa, apuntan a marcar un antes y un después, que debemos elucidar.
Se dio cuenta, del acompañamiento a los familiares, en casos tanto del fuero común, como del fuero federal, así como otras actividades de visibilización, marchas, diversas campañas, exposiciones artísticas, difusión en redes sociales, etc., realizadas junto con los familiares de las víctimas.
Para evitar la simulación, y dar cabal cumplimiento a los derechos humanos de las victimas establecidos en la legislación nacional e internacional, sería particularmente importante realizar una campaña de difusión sobre las violaciones a los derechos humanos que serán cometidos por los funcionarios que no cumplen lo establecido por el derecho victimológico en México.
Se analizaron los 10 puntos de Enrique Peña Nieto. Pero surge la pregunta ¿Quién se encargará –desde la “sociedad civil”- de fortalecer la autorepresentación ciudadana, comenzando por la organización y expresión de las propias víctimas, y de realizar contraloría social de los funcionarios y sistemas de seguridad, de administración de justicia, incluyendo la labor desempeñada por las Comisiones de Derechos Humanos? Una respuesta, pasa por la vía de la participación y control ciudadano efectivo. Terminando con los rituales, insustanciales y ficticios, que sirven tan sólo para legitimar a los gobiernos de turno, con los resultados ahora conocidos.
Después en la segunda parte se abordó el caso de Ayotzinapa. Aquí la información, de cada entidad, revela semejanzas y diferencias esenciales. El reconocimiento de su importancia es compartido. Pero, eso no impide que surjan varios puntos sobre los que el debate sigue abierto, y que abordaré en otro momento.
A continuación, me permito reproducir el texto, producto de esta reunión:
Comunicado de prensa:
29 de noviembre de 2014
Monterrey,NL.
“Las organizaciones que trabajamos con el tema de desapariciones y desapariciones forzadas denunciamos la falta de congruencia entre el discurso oficial y la atención real a las víctimas. Particularmente nos preocupa la deficiente articulación institucional entre Procuradurías estatales y federal para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en México.
El análisis de los contextos estatales de Baja California, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, realizado en el marco del 5to Encuentro de Organizaciones que Acompañan a Familiares de Desaparecidos coincidimos en que:
- Las 10 medidas presentadas por el presidente Enrique Peña Nieto no responden a la desoladora y grave situación en la que se encuentran miles y miles de familias que tienen personas desaparecidas.
- La inmensa mayoría de los casos de desaparición no se han esclarecido, por el contrario, siguen aumentando, como es el caso de Guerrero, donde continúan encontrando fosas clandestinas o de Tamaulipas, en donde se han reportado más de 750 nuevos casos tan sólo en este año. Además, no son atendidos con prontitud ni con eficacia en los ministerios públicos.
- La creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas y del Sistema Nacional de Información Genética ya han sido reiteradamente anunciados y sin embargo, mientras no exista capacitación, instrumentos, equipo técnico y colaboración interinstitucional eficaz, no podrán concretarse.
- Se requiere una atención inmediata y eficiente en los casos de desaparición, acompañada de transparencia y mecanismos de control ciudadano. En este sentido, el trabajo de CADHAC con la Procuraduría del estado de Nuevo León es un referente obligado.
- No hay que olvidar que las familias postergan todo en su vida por la búsqueda y se encuentran con omisión, dilación e ineficiencia por parte de las autoridades. Por tanto las organizaciones firmantes, como los familiares de personas desaparecidas, seguimos exigiendo justicia y un alto a la simulación y a la impunidad.
Reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando en un marco de legalidad y a continuar en la defensa de los derechos humanos.
Organizaciones firmantes:
AFADEM-FEDEFAM, Guerrero. Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada y la Impunidad, Baja California, Sinaloa y Sonora. Cedimac, Cd. Juárez, Chihuahua. CADHAC, Monterrey, Nuevo León. Alzando Voces (COFADDEM), Morelia, Michoacán. Colectivo por la Paz, región Xalapa, Veracruz. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Distrito Federal y Oaxaca. Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDH Laredo), Tamaulipas. Zacatecanos por la Paz, Zacatecas. ■
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