■ Un órgano autónomo de estas características abonaría a “atenuar la corrupción”, opina
■ Comprobado, en el mundo, que deshonestidad aumentó con privatización de empresas públicas, expone
Para crear un Tribunal de Cuentas hay que conocer qué es y cómo funciona, para compararlo con una instancia como la Auditoría Superior de la Federación y sus homólogas en los estados, así como con sus resultados.
Así lo expuso el abogado Uriel Márquez Valerio, al referirse a las declaraciones que hace unos días hicieron tanto el titular de la ASE en Zacatecas, Raúl Brito Berúmen, como algunos de los diputados locales, en las que se señalaba que México no está preparado para conformar un organismo de esta naturaleza.
Agregó que el auditor no explica en algún momento las razones por las que asegura que el país no está preparado para un Tribunal de Cuentas y sostuvo que la creación de un órgano constitucional autónomo de estas características abonaría a “atenuar” la corrupción.
Reiteró, a lo largo de la conferencia que impartió este jueves y la cual fue organizada por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (Ceaip), que no propone esta instancia “como si fuera la panacea” que logrará erradicar de raíz las prácticas de corrupción tan extendidas en México, sino que su implementación serviría “para paliar” el problema y debería complementarse con acciones de otra índole.
El destacado abogado señaló que la ventaja que aporta un Tribunal de Cuentas es la de tener la facultad de promover juicios, lo que conlleva “un término” y una resolución definitiva en torno a un hecho.
En cuanto al lastre de la corrupción en el país, explicó que si se analiza la historia de México, se aprecia claramente cómo el problema se disparó con la entrada del pensamiento neoliberal a las políticas públicas.
En concreto, a nivel internacional está comprobado que los actos corruptos incrementaron con la privatización de empresas públicas pues, añadió, “algunas de las principales corruptoras son las empresas transnacionales”.
Este hecho en el gobierno, explicó, tiene una presencia mayor en las actividades que están relacionadas con la obra pública y con la “licitaciones falsas o simulada que frecuentemente se hacen”.
Los términos fundamentales que deben estar en el centro del debate en torno a las posibles soluciones en este sentido son la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.
Sin embargo, Márquez Valerio recalcó que estas tres son cuestiones distintas que las autoridades confunden, en muchas ocasiones.
Al respecto, comentó que los gobernantes aseguran ser transparentes, dar acceso a la información y rendir sus informes; no obstante, esto “no es suficiente”, añadió el abogado, porque “es necesario rendir cuentas”.
Esto significa, explicó, que debe informarse “pormenorizadamente” y con documentos probatorios sobre cómo se han aplicado los recursos y el uso que se le ha dado a los bienes públicos, así como de todos los actos del gobierno.
En este sentido, subrayó que además no sólo deben comprobar que lo que se informe corresponde a lo que fue autorizado, sino también que el destino que se le dio a los recursos fue el más adecuado.
Agregó que no sólo deben estar obligados a rendir cuentas los integrantes del Poder Ejecutivo, sino que el Legislativo y el Judicial deben estar igualmente sujetos a esta disposición.
En ese tenor, comentó que “a veces el Judicial es el menos transparente y el Legislativo oculta de plano el uso que hace de los recursos que se destinan a cada fracción parlamentaria dando un recibo general”.
El hecho de poseer estos datos, aparte de ampliar los conocimientos de la realidad que tienen los ciudadanos, es fundamental debido a que, según concluyó Márquez Valerio, está muy relacionado el grado de información que tiene la población con el nivel de corrupción de un país.
Sostuvo, por tanto, que “una sociedad no enterada se vuelve víctima de la corrupción y la simulación, y los más listos y menos escrupuloso son los que se enriquecen y escogen la política como fast track de enriquecerse”.
