Desde la perspectiva institucional, la evaluación al desempeño docente considerada en la Ley del Servicio Profesional Docente, llevará la encomienda de garantizar la calidad de la educación; si los resultados que arroja la evaluación son cuantitativos, cabría preguntarse ¿cómo se cualificaría esto? Tengo la idea que la calidad tiene un alto grado de honorabilidad, razón por la cual no encuentro congruencia entre la pretensión del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación –INEE- en cuanto la evaluación al desempeño del docente. ¿No será que con esto se deshonra al docente?
Dice Silvia Schmelkes del Valle, presidenta del Consejo Directivo del INEE -periódico La Jornada Zacatecas, 17 de julio de 2014-; “La evaluación al desempeño docente permitirá obtener evidencias y no ocurrencias”; la misma ley del Servicio Profesional Docente puede ser una ocurrencia dado que se implementa solo con las aportaciones de algunos “iluminados”, mismos que al parecer solo hicieron uso de las formas básicas de pensamiento para decir que los docentes andan mal y que habrá que evaluarlos para hacer que mejoren su desempeño. No existe un diagnóstico adecuado que diga realmente cuál es la situación que guarda el docente frente a su práctica profesional, esto hace que las decisiones que se tomen puedan ser solo palos de ciego o, en el mejor de los casos, manifiesten muchos sesgos.
En este tenor, se ha promulgado una ley, y con ella, toda una serie de reglamentos a fin de que sean cumplidos y hechos cumplir como obligatorios, cuando se habla de obligatoriedad automáticamente referimos una postura autoritaria, enmarcada si en un precepto legal pero fuera de todo contexto dado que los diagnósticos sólo se han institucionalizado pero no contextualizado, hablan de resultados de evaluación y emiten juicios sobre ellos, describen las causas de dichos resultados pero no son abordadas ni mucho menos estudiadas para tomar las decisiones menos sesgadas.
De acuerdo a la postura institucional, la legislación educativa le asigna muchas y diversas responsabilidades al INEE, una de ellas es la evaluación de todo el sistema educativo nacional, ello implica evaluar el aprendizaje de los alumnos, el desempeño de docentes y directivos, el funcionamiento de las instituciones educativas, de los programas educativos; además, las políticas como el financiamiento, la formación y actualización docente, la inclusión educativa, etc.
Citó además la presidenta del Consejo Directivo del INEE: “La mayor fortaleza del INEE, es su facultad para emitir directrices de política educativa basadas en las evidencias que resultan de las evaluaciones, las cuales se traducirían en recomendaciones, ya sea para mejorar el servicio docente e incluso para reorientar el gasto y lograr propósitos de equidad”; además que esas directrices “no tienen que ser obligatoriamente seguidas por las autoridades educativas, porque el INEE no es la Secretaría de Hacienda y entonces no sabe si existen las condiciones para que las autoridades puedan seguir estas recomendaciones”. Esto hace suponer que la evaluación nunca ha sido utilizada para mejorar la calidad educativa sino como instrumento punitivo dado que con ellos se discriminaría de manera artera a los docentes.
Todo esto hace suponer que la evaluación a los docentes es incierta dado que se duda de la autonomía del INEE, situación que puede llevar a la hipótesis de que la calidad educativa no se verá reflejada como tal si se siguen utilizando los esquemas de evaluación lineales, descontextualizados y punitivos; Más aún, si se vive una relación de maridaje entre el INEE y el sistema educativo nacional. Lo cierto de todo esto es que existen muchas interrogantes al respecto, una de ellas sería; ¿Cómo van a evaluar a los docentes a través de los alumnos si sabemos que estos pueden reprobar y no precisamente por causas que sean atribuibles al maestro mismo?, esto creo es un claro ejemplo de la ligereza con que se emiten juicios, así como de las decisiones que toman.
Otro aspecto a considerar es que todos los proceso de evaluación estarán enfocados a los docentes, directores y supervisores; ¿Por qué no se diseñan instrumentos para evaluar a directivos de alto nivel?, esto tendría la garantía de que quienes dirigen los destinos del sistema educativo, tendrían conocimiento y habilidad para hacerlo sin que puedan ser tan cuestionados. La designación de asesores que “auxilien” al docente “reprobado” ¿no será una acción de agresión al docente mismo?, no me imagino a una madre o padre de familia diciendo que no quieren que a su hijo les de clase un maestro “reprobado”. En sí, todo este revuelo que se genera en torno a la evaluación al desempeño docente es consecuencia de suponer que el diseño de los instrumentos de evaluación se hará desde el escritorio, descontextualizado y sin considerar los indicadores adecuados. ■
