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sábado, 20 abril, 2024
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El informe, un pretexto del gobernante en turno para recibir aplausos y abrazos: Francisco Valerio

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Por: MARTÍN CATALÁN LERMA • Araceli Rodarte • Admin •

■ Formato de entrega del documento carece de varios preceptos esenciales de una República, señala

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■ Importante, que el ciudadano tenga certeza de compromisos y cumplimientos del titular del Ejecutivo

El formato de entrega y presentación del Informe de Gobierno, además de carecer de algunos de los preceptos esenciales de una República, se ha constituido como un pretexto del gobernador en turno para recibir aplausos y abrazos, sin que la ciudadanía sea informada con certeza respecto a los cumplimientos de las autoridades, afirmó Francisco Valerio Quintero, docente investigador de la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

“El informe debe ser transparente, puntual, integral, preciso en cuanto a la información que rinde, a fin de que le sea de utilidad al ciudadano. Lamentablemente la vida pública en México ha dado muchos bandazos y durante una época, el informe se convirtió en un pretexto para aplaudirle al titular del Poder Ejecutivo”, indicó.

Desde el punto de vista constitucional, el informe debe entenderse como el cumplimiento a la obligación de quien administra recursos públicos y quien dirige y controla la aplicación de las políticas públicas.

No obstante, señaló que el formato es una cuestión secundaria y lo importante es que el ciudadano esté puntualmente informado y que haya certeza respecto a los compromisos y cumplimientos del titular del Poder Ejecutivo, ya que prevalece en la sociedad un alto índice de desconfianza hacia las autoridades, debido a que ha sido reiteradamente engañada.

Por el contrario, si el ciudadano supiera que una vez que la autoridad ha emitido una observación, un señalamiento o una información, y que esta es puntual, precisa e integral, la situación sería totalmente distinta.

También comentó que suele abusarse del discurso de que el ciudadano tiene derecho a saber en qué gasta el gobierno sus impuestos, pero esto es retórica puesto que “99 por ciento de los ciudadanos no lo sabe. Es más, probablemente el propio administrador de los recursos públicos tampoco tiene idea de cómo se ejerce el gasto. Es una realidad que, si se quiere mejorar la vida pública, debe ser corregida”.

La ampliación de la representación política en los congresos locales y federal, y en la gubernatura de los estados, derivó en formas de debate que no existían con anterioridad, porque bajo el régimen de partido único, así como el informe se volvió una práctica rutinaria, la vida parlamentaria también lo fue y sólo “debatían” diputados y senadores de un mismo partido, según Valerio Quintero.

El primer caso que reflejó esos cambios en el ámbito parlamentario, fue cuando Porfirio Muñoz Ledo interpeló desde la tribuna a Miguel de la Madrid, creando con ello un ambiente inédito y una situación de incomodidad de muchos que no estaban acostumbrados de que se le pudiera hablar de frente al titular del Poder Ejecutivo, a pesar de que esa es una práctica republicana.

Sin embargo, a partir de esa práctica, muchos titulares del Poder Ejecutivo prefieren enviar un documento a la Legislatura, amparándose en la retórica de informar, pero no hay claridad sobre el procedimiento mediante el cual se ventila la información que ahí se contiene.

Contrario a la democracia, independientemente de que la ciudadanía tenga o no la información precisa sobre lo que ocurrió en el último año de gobierno, un elemento erróneo es que “debas arrojar confeti, encender música, salir al balcón a tirar un aplauso. Eso es contrario a las exigencias de una vida pública sana basada en principios estrictamente republicanos, es decir, basado en la división de poderes, el Estado de Derecho y en el respeto a la voluntad de los ciudadanos. Ahí tenemos muchas cosas qué mejorar”, indicó.

Asimismo, “el informe, en la medida que entró en el terreno de la disputa pública, y si antes era para aplaudir, ahora puede convertirse en un pretexto para denostar, insultar u ofender, y para hacer reclamos de manera ajena a los principios de la vida republicana que menciono”.

Desde su punto de vista, el acto mediante el cual el titular del Poder Ejecutivo asiste al recinto legislativo, presenta un documento por escrito, y mediante un mensaje que sintetice sus compromisos y cumplimientos durante el último año, es un acto absolutamente republicano que permite conocer si el desempeño del gobernante corresponde a las necesidades del municipio, el estado o el país.

Sin embargo, “no es el aplauso fácil, no es el abrazo hipócrita, no es la felicitación gratuita y muchas veces interesada, la que da mejor cuenta del cabal desempeño de una autoridad. La mejor forma de acercarse a una valoración social, pública y republicana de la gestión, es que el ciudadano esté plena y cabalmente informado”.

En ese esquema, agregó Valerio Quintero, habrá resistencias puesto que la Constitución habla de que México es un país democrático y plural, pero es común observar que aquel que hace una observación crítica y fundada cumple una mejor tarea al servicio del gobernante, que el que regala un abrazo hipócrita.

La presentación de un Informe de Gobierno, entonces, debería permitir esas observaciones, en lugar de acallar o cercenar la opinión contraria “solamente porque le gusta la música de los aplausos, lo cual tampoco es republicano”. Es decir, “creo que están muy claros los rumbos hacia los cuales debe reorientarse la obligación de la autoridad de informar puntualmente a la ciudadanía”.

En países como Australia o Inglaterra, los ciudadanos confían cuando escuchan una declaración gubernamental, lo que se debe a que en esos lugares el funcionario que miente se arriesga a ir a la cárcel, además de que hay remoción de las autoridades cuando la calidad de la gestión pública no cumple las necesidades de la sociedad.

En Francia, la semana pasada el presidente hizo un llamado a su jefe de gabinete a convocar la conformación de un nuevo gobierno, ya que muchos de sus funcionarios se convirtieron en “cartuchos quemados”, que no servían al que administra ni a los intereses públicos.

Es decir, debe haber una efectiva atención y correspondencia entre el desempeño de la función pública y el estado de ánimo de la sociedad frente a ello, pero en México “hacemos oídos sordos”.

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